El PP pide investigar el "rol" de Ábalos en la trama de hidrocarburos: todos los indicios

El PP ha pedido al juez que investiga la trama de los hidrocarburos, Santiago Pedraz, que traslade al Tribunal Supremo (TS) la investigación del supuesto "el rol desempeñado" por José Luis Ábalos en la concesión a Villafuel SL por parte del Gobierno de la licencia para operar en el sector del fuel. Esta es una de las principales empresas que conforman el supuesto entramado que defraudó más de 184 millones de euros en el IVA.

El letrado del PP, que ejercen de acusación popular en esta causa que se sigue en la Audiencia Nacional, señala al juez Pedraz que la trama, como en un primer momento le fue denegada a Villafuel esta autorización, habría recurrido Ábalos y a la que era su mano derecha en Transportes, Koldo García, a través del comisionista Víctor de Aldama, a fin de que les "facilitaran el acceso a altas esferas de la Administración" para lograr la obtención de la licencia gubernamental.

Señala como prueba de ello la reunión que se celebró presencialmente -y recogió la Unidad Central Operativa (UCO)- entre el socio de Aldama propietario de Villafuel, Claudio Rivas, y la empresaria que dice haber entregado 90.000 euros en comisiones en Ferraz, María del Carmen Pano -ambos investigados en hidrocarburos- con Juan Ignacio Díaz Bidart, jefe de gabinete de la entonces titular de Industria, Reyes Maroto, en su despacho del ministerio.

El PP se refiere, asimismo, en su escrito como indicio a los mensajes intervenidos por la Guardia Civil que intercambiaron el asesor favorito de Ábalos y el propio Bidart, "organizando el encuentro con los responsables de Villafuel" para abordar la concesión de la licencia.

La tesis de que Ábalos pudo realizar "actuaciones de intermediación y gestión" a favor de que se le diese la licencia a una de las principales empresas de la trama del fuel se basa también en que Pano habría pagado "como retribución por los servicios prestados" el chalé del que disfrutó el ahora diputado en la Línea de la Concepción (Cádiz).

Una retribución que -según los populares citando informes policiales- "habría solicitado" él mismo "a cambio". "Aldama habría aprovechado el interés de Claudio Rivas en obtener el título de operador, consiguiendo que esta corriera con los gastos derivados" de la compra de la propiedad situada en la urbanización gaditana de La Alcaidesa, afirma el PP citando informes de la UCO sobre sus pesquisas.

Por otro lado, aluden a que así lo corroboró la propia Carmen Pano en sus declaraciones en comisaría (el pasado 16 y 17 de diciembre) en las que afirmó que "el ministro Ábalos pidió que le compraran una casa por la zona de Costa del Sol, cuestión de la que informó Aldama a (Claudio) Rivas" y este último, el socio del empresario del "caso Koldo", "aseguró que si se le concedía la licencia no había ningún problema en comprarle la casa".

Por tanto, esta acusación quiere que el juez Pedraz se inhiba parcialmente a favor de la Sala de lo Penal para que sea el instructor del "caso Koldo" en el alto tribunal, Leopoldo Puente, el que indague en ello al ser el competente para investigarle dado que está aforado como parlamentario.

Esta investigación, defiende Génova, debe ser asumida por el magistrado Puente, que ya le mantiene imputado por su papel en la trama de cobro de comisiones ilegales en adjudicaciones públicas, ya que el objeto del procedimiento "Koldo" también son "otras actuaciones de intermediación y gestión de intereses" de la supuesta organización "referidas a otras actividades". En lo que considera el PP que encaja perfectamente presuntas corruptelas en la concesión de la autorización a Villafuel.

No es una casualidad, en sentido, para el PP, que Pano, junto a su hija, Leonor, también partícipe de los negocios, vayan a declarar como testigos en la causa de la "trama Koldo" que se sigue en el Supremo. Es "buena prueba de la vinculación" de ambos hechos.

Los expedientes en manos del Gobierno

Paralelamente, los de Alberto Núñez Feijóo insta al titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que, al no constar aún, pese a haber sido requeridos, pida de nuevo a Fiscalía y a la UCO los expedientes completos, por un lado, sobre la inscripción en el listo de operadores al por mayor de productos petrolíferos de Villafuel en el Ministerio de Transición Ecológica. Y, por otro lado, la inscripción tramitada ante la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).