Eduardo Zegarra: “El ministro (Midagri) está ahí para hacer lobby por los transgénicos y agroexportadores”

El sector agro se recuperó en el 2024 luego de los bajos niveles de producción mostrados durante la recesión económica del año anterior. Sin embargo, el investigador de Grade Eduardo Zegarra advierte que este crecimiento no beneficia a los productores agrarios, quienes han sufrido la pérdida de sus cultivos debido a las sequías y la crisis hídrica en el norte del país.

En la siguiente entrevista con La República, el economista analiza la gestión del Ministerio de Desarrollo Agrario, aborda la problemática de la sobreoferta de mangos y las iniciativas legislativas del Congreso que buscan beneficiar a las grandes agroexportadoras y al negocio de las semillas transgénicas.

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—El Midagri reportó un crecimiento del agro que asciende a 4,9% durante el 2024 respecto a similar periodo del año anterior. Esto se explica por el desempeño del subsector agrícola y el pecuario, en medio de mejores condiciones climáticas. ¿Cuál es su balance sobre el sector en el año que pasó?

—El desempeño ha estado muy marcado por las mejores condiciones climáticas. Aquí no ha habido un tema de crecimiento por mejores políticas o medidas específicas. Esto es básicamente un sector que, en el 2023, tuvo una caída del 4,1% por factores climáticos. Pero en el 2024 hay una recuperación. Sin embargo, los precios agrícolas han caído mucho y al final este crecimiento no termina beneficiando a los productores agrarios.

—El 2024 también estuvo marcado por las sequías que afectaron a regiones de la sierra norte y que evidenciaron problemas relacionados con la crisis hídrica. ¿Cuáles deberían ser las medidas para garantizar la seguridad hídrica en el país?

—Ya está siendo común que cada año tengamos eventos climáticos adversos. Estas sequías, inundaciones o alteraciones a la temperatura afectan gravemente a la producción agraria. En este 2024, hubo poca lluvia en la zona norte del país y eso tuvo cierto efecto en el segundo semestre. En general, estamos en un contexto en el que se maneja muy mal el tema del agua en el país. La Autoridad Nacional del Agua, en vez de ser un organismo autónomo, está sometido a los intereses agroexportadores.

—Desde la Junta Nacional de Organizaciones de Usuarios de Agua del Perú vienen exigiendo el cambio del titular del Midagri, Ángel Manero, y el jefe de la ANA, José Musayón. ¿Coincide con este planteamiento?

—Yo lo que planteo es que la Autoridad Nacional del Agua tiene que salir del sector de agricultura y debe ser una autoridad multisectorial. Es el cambio más importante que tenemos que hacer para salir de la crisis de la mala gestión del agua. Al margen de eso, el ministro Manero ha nombrado personajes cuestionables en la ANA y hay sospechas de que estas autoridades no regulan problemas gravísimos como la sobreextracción del agua en el valle de Ica.

—En relación con este tema de la sobreoferta de mangos y la protesta de los agricultores por la ausencia de un plan de contingencia para evitar pérdidas de cultivos, ¿cómo enfrentar los bajos precios agrícolas y la alta volatilidad?

—Hay varios problemas ahí. Uno bastante complicado es que el Ministerio de Desarrollo Agrario contrata cada año un seguro agrícola catastrófico con un presupuesto de S/100 millones. Este seguro les otorga a algunos productores afectados por un evento una cifra de S/800 por hectárea, luego de pasar por un proceso de evaluación. Pero cuando miramos, de los S/100 millones, ¿cuánto se termina trasladando a los productores afectados?. Este monto no pasa de los S/70 millones. Es decir, estas empresas se están quedando con S/30 millones. Del total de agricultores que han tenido una pérdida total, solo un 30% recibía algún tipo de compensación. Ahora, vemos la crisis del mango con productores que pierden por hectárea S/10.000 o S/15.000. En este caso, no tienen derecho a ninguna compensación porque no está cubierta por el seguro. Creo que hay que hacer una revisión inmediata, ya que es un enorme gasto que tiene el Midagri.

—Y encima, el ministro Manero invoca a los agricultores a no sembrar mangos por tres años más…

—El ministro parece no entender la causa de los problemas. Cuando sale a decir que hay que dejar de sembrar mango por tres años, asume que el problema ha sido la cantidad, el área de mango sembrada. El problema ha sido climático. Es decir, los árboles de mango del año pasado tuvieron baja producción por temas de temperatura y se sabía que este año iban a producir más de lo normal. Por falta de agua, se superpusieron la producción de tres regiones principales que empezaron a producir en noviembre, diciembre y enero. Eso generó una sobreoferta y llevó a una caída catastrófica del precio. Ahora, se les paga 30 o 40 céntimos por kilo, cuando el costo de producción es 70 u 80 céntimos por kilo. Yo estimo que han perdido los productores de mango S/60 o S/70 millones.

—En una entrevista, el ministro Ángel Manero se manifestó a favor de atraer nuevas inversiones con la aprobación de la Ley Chlimper 2.0. ¿Cómo se configura el escenario para esta iniciativa de ley que otorga beneficios tributarios a las grandes agroexportadoras?

—La llamada Ley Chlimper 2.0 está a la espera de ser votada en la Comisión Permanente. Obviamente, están esperando el mejor momento y pasar desapercibidos en el Congreso. Esto es un regalo tributario de S/21.000 millones a las agroexportadoras. Hay que señalar que las inversiones no se promueven mediante exoneraciones tributarias de este tipo. El propio MEF informó que, en el 2023, estas empresas tuvieron un incremento de más del 70% en sus utilidades. La verdad es que el ministro está haciendo prácticamente un lobby para un pequeño sector de grandes empresas agroexportadoras.

—Continuando con más propuestas legislativas, un grupo de congresistas se han reunido con el titular del Midagri para analizar los alcances del proyecto que busca anular la moratoria al ingreso y producción de transgénicos. Inmediatamente, los gremios agrarios se han expresado en contra de esta iniciativa. ¿Coincide con la posición de las organizaciones sociales?

—Sí. No hay ningún gremio agrario que apoye este tipo de medidas. El único sector que se beneficiaría es el negocio de semillas transgénicas, que es un pequeño grupo de importadores al que no le importa para nada los graves riesgos que esto implica para la biodiversidad de nuestro país. A esta altura, vemos cómo insistentemente estos sectores hacen lobby para derogar un instrumento muy importante, que es la moratoria de las semillas transgénicas.

—Qué implicancias tendría la introducción de estas semillas transgénicas al Perú?

—El peligro de fondo es la pérdida de biodiversidad en el largo plazo. Ojo, que estos son procesos irreversibles, a los cuales se les aplica el principio precautorio. Acá está en juego algo muy complicado: una vez que se introducen variedades transgénicas a través de la polinización y el movimiento de material genético que ocurre en un espacio territorial, se produce contaminación. Entonces, estaríamos yendo a una situación donde varios cultivos empezarían a entrar en riesgo de erosión genética por parte de transgénicos. Es momento de que el Perú se diferencie, no tenemos nada que ganar metiéndonos a este carrusel del negocio transgénico.

—En respuesta a esta iniciativa, diversas organizaciones agrarias han anunciado un proyecto de ley para proteger a las semillas nativas y a los sistemas tradicionales. ¿Qué le parece una propuesta de este tipo?

—Me parece que es una muy buena iniciativa. Veamos lo que ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum de México. Ella ha enviado un proyecto al Congreso mexicano para prohibir de manera absoluta e indefinida la siembra de maíz transgénico. Tenemos que darle una altísima protección a nuestra biodiversidad. Y eso pasa por proteger también a los que manejan, producen e intercambian semillas por métodos tradicionales, que son fundamentales en la protección y en la preservación del material genético de nuestras semillas.

—¿Cuál debería ser la agenda prioritaria del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para este año?

—No espero mucho de este Gobierno en materia agraria, pero aspiraría a que, por lo menos, se abra un espacio para impulsar cosas básicas. Se necesita prestarle mucha atención a la gestión del agua. Yo creo que hay que trabajar en algunas medidas para aumentar el acceso a riego tecnificado por parte de los productores. Además, habría que ampliar fuertemente la posibilidad de acceder a créditos y seguros. Hemos visto a un Midagri totalmente incompetente para enfrentar problemas como la sequía en el norte y la sobreoferta de mangos. Además, el precio de la papa se ha venido al suelo. Prácticamente, el ministro está ahí para impulsar y hacer lobby por los transgénicos y los agroexportadores. Básicamente, no ha planteado ninguna medida para ayudar a los más de 2,2 millones de agricultores familiares.

Pobreza y economía en el 2025

—El ministro Manero dijo el año pasado que “en el Perú no se pasaba hambre porque en todos los rincones se comía de manera contundente”. ¿Cómo está el panorama para la seguridad alimentaria?

—Las cifras indican todo lo contrario de lo que pretendió decir el ministro Manero. La más grave fue el informe que emitió la FAO, en el cual se señaló que más de la mitad de la población estaba con problemas de inseguridad alimentaria. Además, hemos visto con claridad el aumento de la anemia infantil, el incremento del déficit calórico en estos últimos años y de la pobreza. Todos los indicadores son claros en que se ha deteriorado la seguridad alimentaria de la población peruana.

—El Gobierno anunció un cambio en los indicadores de medición de la pobreza. Ahora, el INEI evaluará la pobreza multidimensional a través de un índice y un tablero de control con indicadores. ¿Qué le parece esta medida?

—Siempre es preocupante que un gobierno como este intente manipular las cifras. No sería la primera vez. Recordemos que cuando iba a salir el reporte de la pobreza, se ordenó que este no salga. Yo diría que el Gobierno mejor no trate de meterse y manipular cifras de pobreza, porque eso nos pondría en una situación de alerta total.

—En una de sus últimas declaraciones, el exministro de Economía José Arista estimó que la pobreza debería disminuir entre 1,5 y 2 puntos porcentuales con la recuperación de la economía en 2024. ¿Qué le parece esta proyección?

—Me parece que es totalmente inadecuado que un ministro del Gobierno se ponga a proyectar o anunciar cifras de pobreza. Creo que es una mala práctica y que se debe respetar el proceso por el cual se generan las cifras de pobreza que las anunciará el INEI en mayo.

—¿Nuestra capacidad de crecimiento económico en torno a tasas del 3% limitan la reducción de la pobreza?

—Lamentablemente, se ha visto que solo con tasas de más del 5% hay un impacto claro en la reducción de pobreza. Pero ahora, incluso, creciendo solo al 3%, tenemos el problema de que el poder adquisitivo de la población ha bajado en estos últimos años por los procesos inflacionarios y el deterioro de las remuneraciones. El último aumento de la RMV fue ridículo, no cubrió ni el 40% de la pérdida del poder adquisitivo de la gente.

—¿Qué opina del perfil del nuevo ministro de Economía, José Salardi?

—Soy bastante escéptico sobre su capacidad de hacer algo significativo para la economía. El MEF ha perdido poder y control sobre los procesos de decisión del presupuesto, así como en materia tributaria. Que él quiera impulsar la inversión a través de APP, puede ser. Pero ese es un instrumento que requiere amplia confianza de los inversionistas. Lamentablemente, el país está con alta inseguridad ciudadana. Me parece que hay pocas posibilidades de tener un mejor año económico.