El CGPJ estudiará la reclamación de García Ortiz y Delgado por la revelación de sus domicilios en un informe de la UCO
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará la reclamación que remitió el fiscal general del Estado después de que el Tribunal Supremo diera traslado a las partes del último informe de la UCO sobre su registro de llamadas, incluyendo información del domicilio particular de todas las personas con las que habló del 8 al pasado 14 de marzo.
El alto tribunal reclamó a la Guardia Civil sus comunicaciones telefónicas de aquellos días porque son en los que se fraguó la presunta filtración del correo de la defensa del novio de Ayuso con el fiscal Julián Salto, por la que se investiga a Álvaro García Ortiz.
El fiscal general se queja ante el Poder Judicial de que se hayan aireado las direcciones de particulares, otros miembros del Ministerio Público e, incluso, de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tal y como ha conocido LA RAZÓN.
García Ortiz alerta al órgano de gobierno de jueces de que va contra la legislación de protección de datos en el ámbito judicial que no se hayan omitido estos datos por parte del Supremo a la hora de dar traslado del informe policial a la defensa de Alberto González Amador y las cuatro acusaciones populares.
El fiscal general recuerda, citando la Ley Orgánica del Poder Judicial, que las actuaciones procesales deberán contener los datos personales que sean adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para la instrucción.
Por otro lado, expone, en base a estar norma, que jueces, magistrado y Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) deben adoptar las medidas que sean necesarias para la supresión de datos personales de las resoluciones y documentos a los que puedan acceder las partes durante el procedimiento.
La "injustificada" actuación del Supremo, señala García Ortiz, podría suponer una infracción muy grave dado que, considera, pone en riesgo su seguridad personal y la de su familia, así como la de sus escoltas, compañeros fiscales y personas de su entorno. La alerta es tal, denuncia el fiscal ante el CGPJ, que se ha instando a la adopción de medidas de protección en las residencias de todos a los que llamó o le llamaron en aquellos días del pasado marzo.
Por su parte, la exministra Dolores Delgado, ahora fiscal de Sala coordinadora de la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, ha presentado una reclamación en similares términos al ser una de las afectadas. La Dirección de Supervisión y Control de Datos del Consejo General del Poder Judicial ha iniciado actuaciones previas a fin de estudiar si es procedente la toma de medidas de protección personal y de la intimidad de las personas con las que se comunicó García Ortiz y que han visto la dirección de sus domicilios recogidos en el informe de la UCO que llegó a las partes.