El fiscal general acusa a la Guardia Civil de aportar miles de datos "absolutamente innecesarios" sobre su teléfono

El fiscal general del Estado se ha dirigido por escrito a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial para denunciar que la documentación de la Guardia Civil trasladada por el Supremo a todas las partes incluye miles de datos “absolutamente innecesarios” sobre su teléfono, sus llamadas y sus conexiones entre 2023 y 2024. Álvaro García Ortiz afirma que la Unidad Central Operativa ha informado de llamadas que estaban al menos un día fuera del plazo que indicó el instructor y que, además, ha incluido miles de datos sobre las conexiones de su teléfono a la red que no eran necesarios para la investigación, los cuales el juez ha puesto a disposición de las partes sin ningún tipo de protección.

La unidad de élite de la Guardia Civil ha entregado esta semana un informe al juez Ángel Hurtado en el marco de la investigación sobre con quién se comunicó, por llamada, mensaje o email, en la semana de marzo de 2024 en la que supuestamente se filtró la documentación del caso de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El informe entregado concluye que, en esos días, García Ortiz solo habló con gente relacionada con la Fiscalía y que la única llamada que recibio de un periodista en la noche del 13 de marzo, clave para la causa, ni siquiera fue contestada por el fiscal general. También revela que borró todos sus mensajes de WhatsApp desde el 16 de octubre del año pasado, el día en que trascendió que el Supremo había abierto una causa contra él.

El juez Hurtado había pedido todos estos datos a principios de enero y la Guardia Civil, además de un informe, ha aportado la materia prima de su información recopilada en diversos ficheros que incluyen todo su tráfico de llamadas desde las últimas horas del 7 de marzo hasta el principio del día 15 de ese mes de 2024. El juez también pedía saber los números de IMEI a los que se había conectado desde 2020.

El fiscal general denunció ayer que el juez había distribuido entre las partes una documentación de la UCO que incluye no solo esos datos sino también su dirección postal en Galicia y la de algunos de sus interlocutores, como por ejemplo la exfiscal general Dolores Delgado, una vocal del Poder Judicial o incluso un policía. Una filtración que ya investiga el departamento de Protección de Datos del Consejo General del Poder Judicial.

García Ortiz se ha dirigido de nuevo por escrito al órgano de gobierno de los jueces, esta vez a su presidenta Isabel Perelló, para extender esa denuncia. Uno de los anexos, denuncia el fiscal general, “incorpora de forma injustificada un desglose de la actividad en tiempo real de mi línea de datos y voz del teléfono” hasta en 7.105 ocasiones. “En definitiva, cubre cada minuto de uso de teléfono desde el día 7/03/2024 a las 23:50 hasta el día 15/03/2024 a las 00:01:28”.

El informe de la UCO, elaborado a partir de esos datos, además incluye “multitud de datos accesorios, y también relevantes para mi intimidad o vida familiar absolutamente innecesarias para la investigación”. Y alude a otro fichero “con aproximadamente 8.000 registros cada una detallando los tiempos de conexión de mis terminales” desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2024. “Más de diez meses”, se queja, apuntando al excesivo detalle sobre sus conexiones diarias a la red cuando el juez solo pidió los números IMEI a los que se conectaba el teléfono.

“Se ha dado traslado a las partes de aproximadamente 240.000 registros de mi actividad diaria y profesional”. Explica que lleva denunciando este tipo de errores y filtraciones de sus datos personales desde enero sin que, por el momento, el juez haya tomado medidas.