Bajar impuestos no es de izquierdas. La justicia fiscal, sí
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Contra Trump, más impuestos
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Esta semana también hemos vivido uno de esos espectáculos políticos que son difíciles de comprender. Cómo es posible que una de las banderas del Gobierno de coalición como es el fuerte incremento del salario mínimo sea la causante de una polémica sin sentido que ha dejado al Ejecutivo de Pedro Sánchez dividido y sin capacidad de respuesta.
Son preocupantes la cantidad de complejos que afectan a los partidos de izquierdas a la hora de hablar de impuestos. Solo hay que recordar el nefasto error del presidente José Luis Rodríguez Zapatero y su frase “bajar impuestos es de izquierdas”, como preludio de una confusión ideológica que llevó al desastre a ese Gobierno. Bajar impuestos no es de izquierdas, lo que es de izquierdas es la justicia fiscal, es decir, que contribuyan más lo que más ganan porque entre todos tenemos que construir un estado del bienestar, que tiene en la derecha a muchos de sus enemigos.
Es difícil entender la torpeza política del Gobierno. Hace ya un mes, a mitad de enero, comenzó a moverse el “peliagudo” debate sobre si el salario mínimo debe pagar IRPF. Ya se sabía que se trataba de un “cóctel explosivo” porque “cualquier compromiso fiscal en los estratos de población más precarizados se interpreta como una carga regresiva que merma su capacidad adquisitiva”, según explicaba el gabinete socioeconómico de CGT. No hubo previsión. Dos semanas después, Trabajo pactaba con los sindicatos y sin los empresarios que el salario mínimo suba 50 euros, hasta los 1.184 euros. Algo más de 10 días después, Yolanda Díaz firmaba el pasado lunes con los sindicatos el salario mínimo de 1.184 euros, pero ya la polémica sobre la incógnita alrededor de si debía pagar IRPF parecía imparable.
No hubo una respuesta concreta del Ejecutivo. Una medida de tal calibre, como la subida de sueldos para las personas que menos cobran, se empezaba a convertir en una trampa. Pese a que el Gobierno de coalición ha incrementado el SMI un 61% desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, la inacción y la falta de respuestas llevaron a convertir una iniciativa de tal calado en un enredo.
La rueda de prensa tras el Consejo de Ministros donde se aprobó la subida a 1.148 euros al mes del SMI fue un absoluto desastre político. Pese al acuerdo entre PSOE y Sumar de no entrar en el asunto, el Ministerio de Hacienda anunció 20 minutos antes del encuentro con periodistas en Moncloa que no se elevaba el mínimo exento del IRPF al nuevo salario ario mínimo. El desdén fue respondido por Yolanda Díaz con críticas al PSOE: “La justicia fiscal empieza por arriba, no por abajo”.
En qué se traduce: el 20% de los 2,5 millones de los perceptores del salario mínimo (alrededor de 16.500 euros brutos al año) pagará IRPF, es decir, unos 500.000 trabajadores, porque el resto tiene deducciones por hijos o personas dependientes. Si Hacienda hubiera decidido volver a adaptar el umbral exento del IRPF a la nueva subida del SMI, el coste para las arcas públicas hubiera ascendido a 1.500 millones de euros, ya que afecta a lo que tributan todos los contribuyentes en la Renta, incluidos los pensionistas.
Este jueves publicamos en elDiario.es que Hacienda descartó en el último momento una deducción específica para mantener al salario mínimo exento del IRPF. Es decir, María Jesús Montero tuvo sobre la mesa una propuesta de los técnicos de su Ministerio para evitar que los perceptores del SMI paguen el impuesto de la Renta por primera vez este 2025 sin elevar el umbral exento.
¿Por qué no se hizo? Quizás porque en este embrollo de los impuestos hay mucho populismo y no se hicieron las cosas bien desde el principio. Para empezar el Gobierno ha dejado abandonado en un cajón el libro blanco de la reforma fiscal, un proyecto para modernizar nuestra estructura de impuestos y conseguir que alcancemos los niveles impositivos de la Unión Europea. Todavía estamos lejos de la contribución fiscal de los países del resto de Europa. Esa reforma fiscal se tuvo que hacer cuando se tenían suficientes apoyos en el Congreso para sacarla adelante, no como ahora donde la aprobación del último paquete fiscal reflejó la dificultad de la situación parlamentaria.
Tras la bronca política entre los socios de Gobierno, con el PP tratando de sacar tajada con el argumento populista de “expolio fiscal”, desde Moncloa se trata de explicar que algunos perceptores del SMI paguen IRPF es necesario para “impulsar una cultura fiscal responsable”, que “la desigualdad no se combate con exenciones fiscales, sino con servicios públicos fuertes” o que “ayudará a desplegar políticas públicas más eficaces”. Estamos totalmente de acuerdo. Pero son explicaciones que llegan tarde y la auténtica reforma fiscal para que los más ricos contribuyan más y las rentas del capital paguen más no se ha hecho. El Gobierno tiene que demostrar que no pagan los de siempre, que las grandes empresas y las fortunas son los que más aportan a través de los impuestos.
Hay un fuerte déficit de cultura fiscal en nuestro país. Contribuir mediante los impuestos para mejorar los servicios públicos está siempre siendo atacado por las derechas, que quieren acabar con el estado del bienestar. Bajar impuestos no es de izquierdas, hacer una reforma fiscal basada en la justicia de quien más tiene más aporta es de izquierdas.
El gráfico
Y aquí tenemos la respuesta a por qué los que más ganan tienen que pagar más impuestos. Las cinco mayores entidades españolas, Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell y Bankinter, ganaron casi 31.200 millones en 2024. Otro ejercicio de beneficios récord debido a las subidas de tipos de interés que el Banco Central Europeo (BCE) puso en marcha tras la invasión de Ucrania por Rusia. En los últimos tres ejercicios los bancos han elevado su rentabilidad de una manera brutal: el Banco Sabadell ka ha disparado más de 240%; Caixabank logró una subida del 145%; Bankinter, del 118%; BBVA, del 114%; y Santander, del 54%. Los que más ganan tienen que pagar más impuestos. Aquí te explicamos cómo los bancos ganan el doble que antes de la subida de tipos mientras mantienen sus quejas por el impuesto especial.
Por cierto, es vergonzoso que en Bruselas nos tengan que sacar los colores. Resulta que la Comisión Europea ha llevado a España -y otros seis países- ante la justicia por no haber aprobado leyes para regular los créditos impagados que las entidades financieras venden a los fondos buitre. El plazo para trasponer la normativa terminó en diciembre de 2023. En el caso de España, el Gobierno aprobó el Anteproyecto de ley de administradores y compradores de créditos, pero no ha terminado la tramitación. Dejar este tema fuera de la regulación europea es provocar que haya más abusos.
El dato
20,2 millones de euros
Es la cuantía de las multas que la Inspección de Trabajo impuso por infracciones en el registro de jornada, el tiempo de trabajo y las horas extraordinarias durante 2024. Se trata de un nuevo récord de sanciones. También se superó un nuevo techo de empleados y empleadas afectados por las infracciones destapadas por la autoridad laboral: 200.105 personas. En tiempos en los que hay una absoluta oposición de la patronal a la reducción de jornada, aquí te contamos el nuevo récord de multas de la Inspección de Trabajo a empresas por abusos en la jornada laboral.
Letras que son un tesoro
El premio Nobel vuelve con un libro cuando las aguas están más revueltas en el entorno económico. Joseph E. Stiglitz ha escrito un alegato por el “capitalismo progresista” en su obra Camino de libertad. La economía y la buena sociedad (Editorial Taurus). Stiglitz señala que el significado de libertad lo ha deteriorado la derecha, que trata de despojarla de sus “vínculos inherentes con las nociones de equidad, justicia y bienestar”. Este economista no tiene reparos en señalar que “entre los crímenes del neoliberalismo están la liberación de los mercados financieros que precipitó la mayor crisis financiera en tres cuartos de siglo; la liberación del comercio para acelerar la desindustrialización; y la liberación de las empresas para explotar por igual a los consumidores, los trabajadores y el medioambiente”. Y este señalamiento también incluye a los magnates digitales tan cercanos ahora a Donald Trump. “Libertad para los lobos; muerte para las ovejas”. Siempre es buena idea leer a Stiglitz.
Entre esos lobos no hay ninguna duda de que están Elon Musk y Sam Altman. Ambos son los protagonistas de un vodevil de 97.400 millones de dólares. Elon Musk, junto a un grupo de inversores, ha lanzado una oferta multimillonaria para comprar la organización sin ánimo de lucro que controla la firma de inteligencia artificial OpenAI. Esto no va solo de hacerse con una de las principales compañías de inteligencia artificial del mundo, también va de un enfrentamiento entre dos magnates tecnológicos desde hace años. Se trata de una maniobra sorpresa de Musk para tumbar el proyecto de su antiguo socio y jefe en OpenAI, Sam Altman, que estaba tratando de convertir a la tecnológica en una compañía con la que ganar miles de millones. También es un acto de venganza, ya que Altman sacó de OpenAI a Musk en 2018. Aquí te explicamos esta lucha de poder y enemistad: la historia detrás de la oferta de Elon Musk por OpenAI.
Cada vez que habla sube el pan
Reserva precios locos antes de que el payaso suba precios
Otro lobo. Parecía difícil que un bocazas repitiera en esta sección en un corto espacio de tiempo, pero el presidente y fundador de la aerolínea Ryanair, Michael O'Leary, lo ha conseguido. Hace dos semanas protagonizaba esta sección por llamar “ministro loco comunista” a Pablo Bustinduy tras la multa que impuso el Ministerio de Consumo a varias aerolíneas 'low cost', incluida la irlandesa, por prácticas consideradas abusivas, como cobrar por el equipaje de mano o por elegir un asiento cuando se tiene que viajar al lado de una persona dependiente. Ahora vuelve con la matraca pero da un paso más: viste de “payaso” una imagen del miembro del Ejecutivo y lo califica de “político estúpido”, al mismo tiempo que culpa al titular de Consumo de provocar una subida de precios. Como en otras ocasiones, este directivo se cree que está por encima de las leyes, interpreta las sentencias de los tribunales como le da la gana e insulta a la democracia. Se te quitan las ganas de viajar con Ryanair. Aquí puedes ver el último desvarío del presidente de Ryanair y su ataque al ministro que defiende los derechos de los consumidores.
Entrepreneur
Esta semana tenemos como entrepreneur de la semana al que ha sido el mejor tenista español de la historial. Starwing es una empresa fotovoltaica, que tiene como socio a Rafa Nadal, que ha contratado los estudios ambientales para ampliar un parque solar en Palma a una consultora participada por el actual consejero de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Gobierno de Balears, Joan Simonet. Aunque esto ya es un poco extraño, resulta que la empresa, en la que el extenista tiene un 40% a través de su holding Aspemir, figura en el último listado de mayores beneficiarios de ayudas públicas, según el Ministerio de Hacienda, con una subvención de 4,4 millones de euros.
Esa semana tenemos otro entrepreneur de postín. Se trata de José Domínguez Rodríguez Losada, empresario de la construcción vinculado con el ex comisario Villarejo, el PP madrileño o el caso Astapa de corrupción en Estepona, que tiene entre sus hitos empresariales el ilegal hotel del Algarrobico o el proyecto fallido del palacete de Franco en Torrelodones. Aquí te explicamos las andanzas y otras historias del polémico promotor del hotel del Algarrobico.
Bien público
Otra manifestación por una vivienda digna y sostenible, pero el problema sigue ahí. El domingo pasado las calles de Madrid volvieron a vivir una protesta por uno de los principales problemas que sufren los ciudadanos de este país: el acceso a una vivienda. En octubre ya hubo otra movilización bajo el lema 'La vivienda no es un negocio'. En esta última, miles de personas se lanzaron a protestar con el grito de 'la vivienda no es un bien de mercado, sino un derecho'. Entre una manifestación y otra han pasado tres meses en los que el problema de vivienda solo ha empeorado, pese a los anuncios de medidas por parte del Gobierno y la oposición, con situaciones de abusos más propias de un país del tercer mundo.
A pesar de que los precios de la vivienda están pulverizando récords en toda Europa y que la Unión Europea nombró por primera vez a un comisario de Vivienda, no hay ni una mención sobre soluciones para el asunto en el programa de trabajo del gobierno comunitario para este año y el Plan Europeo para la Vivienda Asequible tendrá que esperar, al menos, hasta 2026.
Nos gusta la competencia
En esta sección te traemos una serie de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:
- Trump legaliza el saqueo de las multinacionales. Ante la deriva reaccionaria estadounidense, la UE debería establecer puntos de encuentro con India, China y otros países de África y América. (Alternativas Económicas)
- Con mi primer sueldo no me llega. La brecha entre lo que empiezan ganando los jóvenes y el salario medio se ensancha un 97% en las últimas dos décadas. (El País)
- China Cabrerizo: “La especialización turística creó problemas durante la pandemia y la realidad es que hemos vuelto a lo mismo”. Autora de numerosos informes sobre el turismo, ha investigado cómo éste está imbricada con la especulación inmobiliaria. (El Salto)
- La Autoridad en Defensa del Cliente Financiero encalla en el Congreso casi tres años después de su lanzamiento. La creación del nuevo regulador avanza a trompicones en la Cámara Baja tras haber pasado el plazo para presentar enmiendas parciales. (Cinco Días)
- Quiksilver, Billabong y Volcom cierran todas sus tiendas en Estados Unidos tras declararse en quiebra su empresa matriz. La buena noticia es que seguirán fabricando ropa seguirán vendiendo ropa online con tiendas colaboradoras y socios que trabajen sus marcas. (El Mundo)
- Las eléctricas siguen llamando de forma abusiva a los usuarios a la espera de que el Gobierno lo prohíba. La CNMC multa a Endesa y Naturgy por alterar las facturas de algunos clientes y apremia a las compañías a vigilar a sus teleoperadores. (Infolibre)
- Las denuncias contra EE.UU. en la OMC por los aranceles acabarán en vía muerta. Washington ha desactivado los tribunales comerciales internacionales desde el 2019. (La Vanguardia)
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