Unos en la pena y los politiqueros en la pepena

El fatal accidente ocurrido esta semana, donde un autobús se precipitó desde el puente Belice causando la muerte de 54 personas, es una tragedia que exige un profundo análisis y deducción de responsabilidades. Este incidente no solo refleja una falla sistémica en la seguridad vial del país, sino también una serie de negligencias que deben ser abordadas con urgencia.

Primero, el gobierno tiene una responsabilidad ineludible: el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) debe atender la infraestructura vial —especialmente en puntos críticos— para garantizar que sea segura para el tránsito. La Dirección General de Transporte (DGT) tiene la tarea de asegurar que todas las unidades de transporte público cumplan con las normas de seguridad, incluyendo la revisión regular de los autobuses y la verificación de las licencias de operación. La negligencia en estos aspectos ha contribuido directamente a la magnitud del desastre.

Por supuesto, es entendible que las autoridades, como el viceministro de Transporte del CIV, o la recién nombrada directora de la DGT, no tengan la “culpa” del accidente, pero ciertamente son responsables, en el marco de sus competencias. Pretender deslindarse o escudarse en que el marco normativo es anacrónico es un escapismo que les deja muy mal parados.

Por otro lado, el dueño —porteador— de la unidad accidentada tiene directa responsabilidad moral y legal; contratar a pilotos sin la calificación adecuada para manejar vehículos de transporte público es negligencia criminal. El hecho de que el bus haya estado en operación durante 30 años con una licencia vigente hasta mayo de 2025 indica una falta de rigor en la supervisión y mantenimiento.

El gobierno debe actuar ahora, no solo para investigar este incidente, sino para implementar reformas que prevengan futuras catástrofes. Se requiere de acciones más estrictas, inspecciones regulares y una mayor educación en seguridad vial tanto para conductores como para pasajeros.

En medio de la pérdida de vidas, resulta detestable el aprovechamiento político de esta tragedia. Algunos diputados y posibles candidatos a puestos de elección popular han intentado utilizar esta calamidad para ganar capital político y atacar a sus opositores, lo cual no solo es oportunista sino francamente inmoral.

Es fundamental subrayar que no se puede culpar a quienes no tienen responsabilidad alguna en el accidente. Los resentimientos y rencillas políticas no tienen cabida en el marco del luto y de la deducción de responsabilidades.

Los guatemaltecos requieren un sistema de transporte seguro y eficiente, de autoridades que se hagan responsables y de empresarios del transporte extraurbano que tengan la mínima decencia y que se den cuenta de que su negligencia, tristemente, ha costado vidas.

Para con los políticos en la pepena en medio de la tragedia, solo queda recordarles su ignominia cuando pidan el voto.

Que en paz descansen las víctimas; solidaridad para con sus familiares.