San Simón, minera fundada por los Sánchez Paredes, evitó pagar U$25 millones al Estado
´Por: Francisco Pérez (Con información de Paul Tuesta) - Convoca.pe
En agosto de 2015, un grupo de inspectores de la principal entidad fiscalizadora ambiental del país llegó a la unidad minera La Virgen, per- teneciente a la Compañía Minera San Simón, en la sierra del departamento de La Libertad. Buscaban verificar si la mina cumplía con la normativa sobre residuos, pero se encontraron que vertía sus desechos directamente sobre los ríos Suro y Cuchicorral, en el distrito de Cachi- cadán, provincia de Santiago de Chuco.
Tres años después, el Organismo de Evalua- ción y Fiscalización Ambiental (OEFA) ordenó la aplicación de medidas correctivas para reparar el daño, amparándose en la ley 30230, conocida como “Paquetazo Ambiental”. Esta norma obligaba al Estado a priorizar acciones de remediación antes que multas económicas. Solo si las empresas incumplían la remedia- ción, eran multadas, pero con descuentos de hasta un 50%.
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En 2025, casi diez años después de la ins- pección, la Compañía Minera San Simón no ha corregido el daño ambiental por el desecho de residuos de la mina en fuentes de agua ni ha cumplido con cancelar las multas que se le impusieron y otras sanciones aplicadas por infracciones ambientales. La minera acumu- la 28 multas impagas que suman una deuda ambiental de más de 21 millones de soles (U$ 5 millones).
San Simón es una de las 57 empresas mi- neras y petroleras que ha evadido multas am- bientales pese a no reparar el daño causado gracias al “Paquetazo Ambiental”, tal y como ha revelado Convoca.pe en su serie investiga- tiva “El negocio de la impunidad ambiental”, cuyo último reportaje muestra las maniobras realizadas por San Simón para eludir el pago.
La Compañía Minera San Simón, fue pro- piedad de los hermanos Sánchez Alayo, miembros de la familia Sánchez Paredes, procesados por delitos de lavado de activos y narcotráfico, pero absueltos en 2023. Se trata de la tercera empresa con más multas coercitivas hasta la fecha.
¿Cómo ha logrado esta empresa estar casi 10 años sin pagar un centavo de las sanciones económicas? San Simón -al igual que otras em- presas- no sólo se ha visto beneficiada con la ley del “Paquetazo Ambiental”, que redujo el monto de las multas en un 50%, sino que también se ha resguardado en la figura del proceso concursal. La compañía ha logrado apelar a la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, promulgada en 1998 y que establece una serie de situaciones en las cuales las obligaciones de una empresa quedan suspendidas.
Diez años después, en 2008, en el segun- do gobierno de Alan García, se promulgó un Decreto Supremo que emitía el Texto Único Ordenado, que establece modificaciones a la ley. Uno de los artículos que nunca cambió per- mite a San Simón, y a otras empresas que se encuentran en situaciones similares, evitar el pago de multas y otras deudas.
Proceso se quiebra paralelo al juicio
El 18 de diciembre de 2017, el Instituto Nacio- nal de Defensa de la Competencia y de la Pro- tección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) declaró el inicio del procedimiento concursal de San Simón.
La empresa, con millonarias deudas por multas, estaba considerada como sujeto pasivo del megaproceso que se seguía contra la fami- lia Sánchez Paredes, acusados desde 2008 de los supuestos delitos de narcotráfico y lavado de activos. En este proceso, Fidel Ernesto Sán- chez Alayo, director de la empresa, se encon- traba acusado junto a su padre, Manuel, y otros miembros de la familia.
Entre abril y agosto de 2018, mientras el proceso judicial seguía su curso, todos los Sán- chez Alayo renuncian a sus poderes sobre San Simón, según los archivos de la Superintenden- cia Nacional de Registros Públicos (Sunarp).
Actualmente, la empresa M&M Pino Con- tratistas Generales SAC es titular de la concesión minera perteneciente a la empresa San Simón, según consta en las partidas de Registros Públicos para propiedades mineras. La actividad principal de esta empresa es la extracción de minerales.
La dirección que registra la empresa es el número 1576 de la calle Inca Garcilaso de la Vega, en el distrito limeño de Lince, sin embar- go en dicha dirección no reconocen la empresa ni el nombre de su directivo.
Su representante legal es el ingeniero José Alberto Terrones Alvarado, vocal del Capítu- lo de Ingeniería de Minas del Colegio de Inge- nieros del Perú (CIP). Este medio solicitó en reiteradas oportunidades una entrevista con Terrones sobre las deudas impagadas pero hasta el cierre de este informe y pese a las constantes llamadas, mensajes y visitas al despacho en el Colegio de Ingenieros la entrevista no se concretó.
Convoca trató también de conocer la versión de la familia Sánchez Paredes a través de uno de sus abogados, César Nakasaki. No hubo respuesta. El proceso judicial sigue en curso, ya que tras la sentencia que absolvió a los Sánchez Paredes la fiscalía presentó un recurso de nulidad.
Las multas impagas
Tras la revisión exhaustiva de los expedientes y las resoluciones de OEFA, Convoca.pe detectó que existen 21 infracciones cometidas por la Compañía Minera San Simón entre 2019 y 2021. El expediente con la multa más alta se originó tras la inspección de 2015 citada al principio de este reportaje, relacionada con descargas de residuos mineros en ríos. Sin la aplicación de lo establecido en la ley del “Paquetazo Ambiental”, San Simón debió recibir una multa de casi 7 millones de soles (S/ 6 933 326.40). Sin embargo, la flexibilización de la norma permitió reducir ese monto a la mitad: casi 3 millones y medio de soles (S/ 3 466 628). Aún así, fue la multa más alta impuesta a la minera en el período analizado.
San Simón lidera el listado de empresas beneficiadas con 18 medidas correctivas, de las cuales 14 quedaron sin ser ejecutadas. Le sigue en el ranking Minera Santa Rosa (Comarsa), también vinculada a la familia Sánchez Pare- des, con 15 medidas correctivas exoneradas.
El fantaSma de Comarsa
Comarsa, al igual que San Simón, se benefició del “paquetazo ambiental” y de un proceso concursalparano pagar lasmultas. Actualmen- te, es la empresa que más dinero le debe al Esta- do peruano por daños al ambiente. El OEFA ha sancionado a esta compañía en 28 ocasiones, entre 2010 y 2023, y ha identificado que incu- rrió en un total de 98 infracciones ambientales. Estas multas suman 259 millones 821 mil 442 soles, lo que equivale a más de US$69 millones.
La mina Santa Rosa, propiedad de Comarsa, se erige como una herida abierta en el paisaje verde de Angasmarca, en la provincia de Santiago de Chuco, La Libertad. Este extenso tajo amarillento de tierra y piedras fue paralizado en 2018 debido a la falta de pago de las garantías anuales para su plan de cierre. Desde entonces, se ha transformado en un foco de contaminación para las quebradas Sacalla, Maleta, Bellota y el río Ucumal, que hoy están teñidas de rojo por los residuos mineros.
En 2018, un monitoreo realizado por OEFA en estos ríos detectó el vertimiento de arsénico, cadmio, cobre y Zinc por parte de Comarsa y sancionó a la empresa con la multa más grave entre todas las impuestas hasta ese momento. San Simón y Comarsa ya no tienen presencia en las alturas de la Libertad. Tras cesar sus operaciones se han convertido en un fantasma que debe millones de soles al Estado y que, además, siguen contaminando aun estando supuestamente muertas