"Resulta llamativo que quien está filtrando denuncie a su vez filtraciones": APIF replica al fiscal general por sus quejas al CGPJ
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) replica al fiscal general por sus quejas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la revelación de datos reservados en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la investigación contra él por la divulgación de datos personales del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En las alegaciones remitidas al Tribunal Supremo, la acusación popular mantiene que la protesta de Álvaro García Ortiz "carece de todo sustento legal" porque lo que ha hecho la UCO -recalca- es incluir en sus informes "todos los datos que no afecten a la esfera más personal del investigado", como sucede en todos los procesos judiciales en los que se lleva a cabo una intervención de comunicaciones.
Para APIF, lo que pretende la queja del fiscal general es "afectar a la independencia judicial" y cercenar el derecho de las partes a la tutela judicial efectiva.
La asociación defiende que el magistrado Ángel Hurtado "ha adoptado todas las cautelas imaginables incluso más de las que normalmente se aplican en cualquier procedimiento para evitar que se filtrase cualquier extremo de la causa", por lo que resulta "injusto" responsabilizarle de esas revelaciones "cuando cualquiera ha podido ser el autor de las filtraciones denunciadas, incluida la defensa" de García Ortiz, que ejerce la Abogacía del Estado.
En este sentido, hace hincapié en que la prensa publicó el contenido del acta de entrada y registro en el despacho del fiscal general "cuando dicha información no estaba a disposición ni del tribunal ni de las partes acusadoras", como también "adelantó los datos sobre el famoso y ficticio protocolo de borrado, cuya existencia se ignora por el tribunal y las acusaciones. Asimismo, añade, los medios de comunicación anticiparon el contenido de la declaración de García Ortiz como investigado "horas antes de que este declarase".
De ahí que el letrado de APIF, Juan Antonio Frago, concluya que "la Fiscalía como institución ha entablado contacto con los medios de comunicación para trasladarles datos que no estaban a disposición ni del tribunal ni de las acusaciones". Con esas premisas, llama la atención, "resulta sumamente llamativo que quien está filtrando denuncie a su vez filtraciones (además, de forma infundada)". "¿Cómo se ha conocido la queja formulada ante el CGPJ, si no es por la filtración del propio fiscal general del Estado o su entorno?", se pregunta.
Críticas a la Abogacía del Estado
APIF atribuye al fiscal general una "conducta impropia" por sembrar dudas "sobre la legitimidad de la Justicia española" al considerar que el Tribunal Supremo "es un instrumento de persecución política que actúa movido por razones extrajurídicas". "No se puede ser parte del sistema (ejerciendo el cargo que aún hoy en día ejerce) y simultáneamente su saboteador", expone.
En esa misma línea, se pregunta si "es razonable que la cabeza del Ministerio Fiscal, órgano encargado de defender la legalidad, elimine intencionalmente los mensajes de su teléfono móvil el mismo día en el que el Tribunal Supremo abre contra él una causa penal". "En vez de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad", le reprocha, "se dedica a hacer todo lo posible por frustrarla y boicotearla. La contradicción es patente".
La acusación popular carga también contra la Abogacía del Estado, a quien achaca un "abuso de derecho no amparado por la ley" por utilizar "sistemáticamente los recursos que les ofrece la ley, no para centrarse en combatir las resoluciones concretas que se impugnan, sino para enumerar toda una retahíla de vulneraciones, nulidades, ilegalidades… que no vienen al caso" mediante escritos que, se queja, "son conocidos inmediatamente por la prensa".