Proyecto de ley elevaría castigos por el uso delictivo de armas deportivas
Un proyecto de ley elevaría los castigos por el uso delictivo de armas compradas con fines deportivos.
La propuesta, presentada por la diputada independiente Gloria Navas, busca imponer penas de entre cuatro y ocho años de prisión a quien compre legalmente armas deportivas y las transfiera a otra persona para cometer un crimen. La pena se incrementaría en un tercio si el arma es usada por el crimen organizado, detalla el expediente 24.000.
El texto expone que una persona solo puede adquirir dos armas permitidas, según las clasifica el artículo 20 de la Ley de armas y explosivos, pero se permite un número ilimitado de armas para deportistas, entre las que se encuentran las pistolas y revólveres calibre 22 de fuego circular, calibre 38 y todas las escopetas, excepto las superiores al calibre 12.
“El catálogo de armas al que tienen alcance las organizaciones delictivas es alto, gracias a la figura de testaferro que compra armas de fuego por encargo”, indica.
Diputados recortan pena por agresión con arma tras haberla endurecido en noviembre
La Corte Plena decidió, en la sesión de este lunes, que el texto no incide en el funcionamiento del Poder Judicial.
Esto permite que la Asamblea Legislativa apruebe la iniciativa con mayoría simple (la mitad más uno de los diputados presentes), a diferencia de la mayoría calificada de 38 legisladores que requeriría si afectara a la institución.
El magistrado Gerardo Rubén Alfaro, de la Sala Tercera, explicó en su informe que, si bien la creación de nuevos tipos penales suele afectar al Poder Judicial, en este caso se trata de un delito que ya es perseguido por medio de la figura de complicidad.
La Corte cambió el criterio con respecto a un primer informe sobre este proyecto, el cual fue consultado de nuevo a los magistrados al haberse emitido un texto sustitutivo en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, el pasado 6 de febrero.
Una de las modificaciones aprobadas por los diputados, a solicitud de la Corte, es la de aclarar que solo se castiga si existe voluntad del dueño de las armas deportivas de entregarlas para el crimen.