Fidel Salazar: Certificados de Industria… ¿Limpia? ¿De verdad?

Las investigaciones de Quinto Elemento Lab y The Guardian, con apoyo del científico de la UNAM, Martín Soto Jiménez, que revelaron la presencia de un coctel tóxico en los alrededores de la planta Zinc Nacional, en San Nicolás de los Garza, abren espacio para una pregunta: ¿Qué certifican los Certificados de Industria Limpia de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa)?

Al parecer no mucho, pues la autoridad federal no tardo mucho en reaccionar con una clausura y una serie de castigos a la empresa que recién certificó por dos años en abril del 2024 como “Industria Limpia”.

¿Cómo puede ser que una “empresa limpia” certificada desde 1998 tenga tantos problemas para contener los contaminantes que emite su operación?

O replanteamos la pregunta: ¿Cómo puede ser que la Profepa certifique y ratifique como “empresa limpia” a una empresa que tiene tan graves problemas de contaminación?

No quisiera pensar que es culpa de la corrupción, porque según el actual régimen, esa se acabó hace poco más de 6 años. Dicen.

Según el Reporte Anual de los Beneficios Ambientales 2024 del Programa Nacional de Auditoría Ambiental, difundido por la Profepa, el año pasado se realizaron 1,175 auditorías a nivel nacional, 67 en el estado de Nuevo León, y 3 en San Nicolás de los Garza, entre ellas a Zinc Nacional.

El reporte establece que es un proceso de evaluación llevado a cabo mediante la colaboración entre la autoridad ambiental, representada por las Oficinas Centrales de la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental y las Oficinas de Representación de Protección al Ambiente de la Procuraduría en los 32 estados, “los sectores económicos que operan sus procesos de manufactura, producción y de servicio bajo el amparo de un certificado ambiental y en su caso los auditores ambientales, encargados de comprobar el estado que guardan las instalaciones, mediante el proceso de certificación ambiental”.

Es decir, prácticamente es una autoevaluación.

“Las instalaciones participantes miden y controlan sus procesos, estimando sus beneficios ambientales de un año con respecto a otro, lo cual les permite reportar a la PROFEPA no sólo sus indicadores de desempeño ambiental, sino los ahorros que obtiene su instalación al operar bajo el esquema de mejora continua y el enfoque de prevención de la contaminación”.

Si el certificado está bien hecho, ¿Por qué la Profepa no le dio a Zinc Nacional el beneficio de la duda y le permitió hacer las correcciones necesarias sin clausurarla?

Si la empresa no cumple con los estándares ambientales requeridos, ¿por qué la certifican?

Si la Profepa certifica a una empresa que después de un muestreo aleatorio resulta responsable de contaminar y afectar la salud de sus vecinos, ¿qué tan probable es que el resto de las empresas “certificadas” no sean tan limpias como dicen los certificados firmados por Blanca Alicia Mendoza Vera, titular de la Profepa, y que tan orgullosos exhiben las industrias en sus reportes de sostenibilidad y responsabilidad social?

Son solo preguntas, sin certificar.