Marlaska miente a policías nacionales, guardias civiles y militares: la profesión de riesgo sí existe
Confundir, enfrentar, agotar, dilatar en el tiempo... todas y cada una de estas acciones definen a la perfección la estrategia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No hay plan que presente o promesa que realice que supere esa fase de planteamiento. Porque no suelen llegar a término, se guardan en un cajón o lo que es peor, se llevan a los tribunales donde pueden permanecer durante años. Y de eso saben mucho los policías nacionales y los guardias civiles que ven cómo sus reivindicaciones son "archivadas".
Y aunque las lista de incumplimientos se antoja interminable, la última polémica corre a cuenta del término "profesión de riesgo". A juicio del titular de Interior, ese término no existe como tal, es decir, no es un "término jurídico" que se pueda aplicar a policías nacionales, guardias civiles o militares. "Desde un punto legal no existe este concepto", manifestó hace apenas unos días Marlaska, que no tuvo reparos en "mentir" al afirmar que "la peligrosidad ya está considerada en otros conceptos como la productividad". Sobra decir que los agentes ya han denunciado que en sus nóminas no figura ninguna retribución por ese concepto.
Un juego de trileros, el que mantiene el ministro del Interior con los agentes, que no se sostiene. Ya que si bien no existe un listado oficial de profesiones de riesgo, tal y como aseguran fuentes del Ministerio de Trabajo, sí existen profesiones catalogadas como "de riesgo", entre las que no se encuentran ni los miembros de la Policía Nacional, ni la Guardia Civil, ni las Fuerzas Armadas, funcionarios de prisiones o agentes de aduanas. Así lo estipula la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales en su apartado 3.2.
Claves: coeficiente reductor y jubilación anticipada
Sin embargo, este artículo también determina que "esta ley inspirará la normativa específica que se dicte para regular la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores que prestan sus servicios en las indicadas actividades". Es decir, existe la posibilidad de aplicar normas específicas para incluir a estos agentes dentro de las profesiones de riesgo, lo que les permitiría beneficiarse del "coeficiente reductor" y jubilarse de forma anticipada, a los 59 años, cobrando el cien por cien de su pensión.
Y eso es lo que se hizo con los policías locales, mediante el Real Decreto 449/2018 de 14 de diciembre; con los Mossos d'Esquadra y la Policía Foral de Navarra, mediante la Disposición Final Vigésima-octava de la ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado; así como con la Ertzaintza, a través de la Disposición Vigésima de la Ley General de Seguridad Social. En definitiva, legalmente, el Ejecutivo puede aplicar una norma específica para incluir a policías nacionales y guardias civiles dentro del catálogo de profesiones de riesgo.
La clave se encuentra en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que prevé la posibilidad de rebajar la edad mínima de jubilación por real decreto y mediante coeficientes reductores para aquellos grupos o actividades profesionales "cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acuse elevados índices de morbilidad o mortalidad". Y en estas estamos, ya que, desde el pasado mes de junio de 2023, fecha en la que el Defensor del Pueblo confirmaba que se habían iniciado los trámites para realizar los estudios sobre "la siniestralidad, penosidad, peligrosidad y toxicidad de las condiciones de trabajo del colectivo de funcionarios de la Policía Nacional", no ha habido noticias nuevas.
Bloqueo en el Congreso y los tribunales
Una situación caótica que invade de indignación a los agentes: los estudios sobre la peligrosidad de su profesión se retrasan (20 meses ya), mientras Marlaska no tiene reparos en admitir que ese riesgo existe, pero miente al asegurar que ya está retribuido en sus nóminas. Asimismo, el Gobierno bloquea cualquier iniciativa política que surja, tanto en el Congreso como en el Senado, para reconocer a los agentes como profesionales de riesgo. Fuera de estas cámaras, Marlaska deriva todas las reivindicaciones a los tribunales.
Tal es su afán por boicotear las reivindicaciones de los agentes que el pasado 4 de noviembre, el Gobierno envió al Senado un informe en el que reitera que "el concepto de profesión de riesgo no existe como tal ni en la regulación del régimen de la Seguridad Social ni en la propia del régimen de Clases Pasivas". Sin embargo, en ese informe se olvidan de mencionar que el hecho de pertenecer a una profesión de riesgo afecta de forma directa a la jubilación.
¿Y quién forma parte de esa lista? Según refleja el Ministerio de Trabajo, esa lista incluye a los trabajadores ferroviarios, artistas, mineros, personal de vuelo de trabajos aéreos, profesionales taurinos, bomberos, así como miembros de las Policías autonómicas y locales. Sin embargo, pese a que mossos y ertzainas sí están en la lista, hay que recordar que los policías nacionales y los guardias civiles, no. Tampoco aparecen los funcionarios de prisiones o los militares.
Y al final, todo parece reducirse a una cuestión, la económica. Y es que más allá de la "no" equiparación salarial de policías y guardias civiles con mossos, ertzainas o policías locales, la aplicación del coeficiente reductor a todos los agentes supondría un gasto extraordinario que el Ejecutivo de Pedro Sánchez y su ministro del Interior, en este caso, no están dispuestos a asumir.