Navarra dará otro tijeretazo al «Cuelgamuros» de Pamplona
El Gobierno de Navarra se muestra conforme a la toma en consideración de la proposición de Ley Foral de modificación de la Ley Foral 33/2013, de 26 de noviembre, que el Parlamento autonómico admitió a trámite, en urgencia y lectura única, con la finalidad de transformar el Monumento a los Caídos de Pamplona, el segundo monumento más importante del franquismo en España. El edificio está siendo objeto de una campaña en la que asociaciones memorialistas, no satisfechas con las modificaciones para evitar sus connotaciones franquistas, reclaman su derribo. Este escenario es una suerte de banco de pruebas previo a lo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pueda acabar haciendo en el Valle de los Caídos.
Sin llegar a un desenlace tan drástico, el cambio normativo que va a estudiar el Ejecutivo foral parte de una iniciativa legislativa presentada por los grupos parlamentarios EH Bildu, PSN y Geroa Bai –en el ejercicio de la iniciativa que les reconoce el Estatuto de Autonomía de Navarra– para el «reconocimiento y reparación moral de los navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936». La modificación propuesta, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra del 11 de febrero, consiste en la incorporación a la Ley Foral 33/2013 de una disposición adicional referida al enclave dedicado a la memoria de los caídos en la Guerra Civil.
Esta disposición tiene tres puntos. Por un lado, se considera que el edificio «refleja, incluso tras las exhumaciones y la eliminación de la mayor parte de la simbología propia de la época franquista, la propaganda totalitaria de exaltación al alzamiento fascista y al régimen franquista que le siguió durante casi 40 años». En segundo lugar, establece que «los usos vinculados a este monumento solo podrán destinarse a dar a conocer los motivos y circunstancias en que se produjeron las graves violaciones de derechos humanos ocurridos en la guerra y en la dictadura, así como a reflexionar y alertar a la sociedad sobre los riesgos y peligros de las nuevas formas de fascismo en cuanto que colisionan con la democracia, la diversidad y la justicia social, poniendo en valor la convivencia y el respeto a los derechos humanos», todo ello «sin perjuicio de la autonomía municipal relacionada con los objetivos» de la Ley Foral que se prevé modificar.
Finalmente, la disposición adicional establece que «se deberán retirar aquellas partes simbólicas que supongan la exaltación de la victoria del régimen franquista y ocultar las pinturas del interior de la cúpula», obra del reconocido muralista Ramón Stolz.
El Gobierno navarro consideró ayer que la tramitación de la modificación propuesta encaja en el marco de las políticas públicas memorialistas impulsadas por el Ejecutivo y recogidas en la Ley Foral 33/2013. Además, está en concordancia con el acuerdo de gobierno de 30 de noviembre de 2016, por el que el Gobierno de Navarra ratificó el censo provisional de símbolos franquistas y aceptaba las recomendaciones para la retirada de dicha simbología, elaborados por la Comisión Técnica de Coordinación en materia de Memoria Histórica.
En este censo figuraba el Monumento a los Caídos como símbolo de exaltación franquista. El citado informe recogía a su vez las recomendaciones del Fondo Documental de la Memoria Histórica de la Universidad Pública de Navarra (UPNA).
Al mismo tiempo, las Asociaciones Memorialistas por el derribo del Monumento a los Caídos de Pamplona han registrado en el Parlamento de Navarra una solicitud para que se paralice la tramitación parlamentaria de la proposición de ley de PSN, EH Bildu y Geroa y que no se haga por vía de urgencia.
En una nota de prensa, la Agrupación de Asociaciones Memorialistas ha destacado que esta «es una vía contraria a los principios democráticos de participación ciudadana y social y atenta contra los derechos humanos de las víctimas del franquismo». Por ello, exigen una moratoria y «la apertura de un proceso de debate ciudadano y social sobre el futuro del Monumento a los Caídos, acorde con la legislación de memoria democrática». Su fin último es «la adopción de medidas para eliminar del espacio público» el edificio. La tramitación urgente, a su juicio, «es una huida hacia adelante de los grupos proponentes que, siendo conscientes de que su propuesta de resignificación no goza del apoyo de las víctimas ni del favor social, pretenden acortar plazos en una política de hechos consumados y tierra quemada».
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«Vamos a dar la batalla hasta el final»
«No basta con haberlo resignificado, haber tapado los cuadros alusivos a lo que se hizo el monumento, que todavía quieren convertirlo en un museo... Que hagan uno enfrente o donde quieran», propone Javier Campal, presidente de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica. «Mucha gente se opone, y por eso se ha hecho la recogida de firmas, ahora va a moverse la otra parte silenciosa que ha estado callada», afirma en referencia a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada el lunes en el Parlamento de Navarra para evitar la ofensiva contra el monumento. Cree además que «la Iglesia tendrá que decir algo, porque es un templo católico; bastante es que lo haya cedido para un par de exposiciones, no creo que a los feligreses, a los cristianos y a los católicos en general les haga mucha ilusión». Advierte Campal de que «vamos a dar la batalla judicial hasta el final, no lo tienen fácil», sorprendido por la «manía» y el «miedo que tienen [los detractores del edificio], son peores que los talibanes», hasta el punto que dice temer que actúen «por la noche, como «cuando sacaron a Mola y a Sanjurjo», exhumados en 2016 del Monumento a los Caídos. Un templo, recordemos, levantado en recuerdo de los más de 4.500 navarros del bando sublevado que murieron en la Guerra Civil.
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