El radar judicial a Torres y Santos Cerdán «inquieta» a Ábalos
La investigación en busca de posibles mensajes de Víctor de Aldama al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán –señalados por el comisionista en la supuesta trama de comisiones a cambio de adjudicaciones– no se detiene. El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Leopoldo Puente defiende esa línea de investigación pese a que su propósito de esclarecer si –como mantiene Aldama– cruzó mensajes con ambos aforados «parece inquietar» al exministro socialista. Así lo pone de manifiesto el instructor en una resolución en la que rechaza todas las pegas –actuación «prospectiva» incluida– de la defensa de Ábalos a su actuación procesal.
Tras cuestionar el exministro que la investigación se amplíe a los dos aforados «sin darles la oportunidad de defenderse y sin siquiera solicitar un suplicatorio», el magistrado defiende que después de que Aldama asegurase haber mantenido «determinados contactos con todos ellos» resulta «obligado comprobar» si esos mensajes se produjeron realmente. Y si así fuera, advierte, habrá que analizar su contenido antes de decidir si hay indicios suficientes para investigar a Santos Cerdán y Torres. Para lo que, recuerda, habría que solicitar al Congreso el suplicatorio (el plácet para actuar penalmente contra ambos), «extremo que parece inquietar» a Ábalos, afirma el juez.
Aldama mantiene que Torres, entonces presidente de Canarias, reclamó 50.000 euros por la adjudicación de empresas de la trama para la adquisición de mascarillas, y que Koldo entregó 15.000 euros a Santos Cerdán en un bar próximo a la sede socialista de Ferraz en compensación por haberse inmiscuido en una adjudicación que era de su «cupo.
Tras aludir a que intercambió mensajes con ambos, el juez ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) que analizara los móviles de Ábalos, Koldo García y el propio comisionista, «con especial referencia» a los que «pudieran haber intercambiado» Aldama con el exministro y su hijo Víctor, con Ángel Víctor Torres «o subordinados de éste» o con Santos Cerdán.
De ahí que Puente rechace el recurso de la defensa de Ábalos e insista en «espigar del total de las conversaciones» de Aldama las que pueda haber mantenido con los dos aforados y con el exministro de Transportes.
Por ahora, recuerda, no ha acordado remitir el suplicatorio al Congreso porque las afirmaciones del empresario no están «mínimamente contrastadas» pero eso no significa, matiza, que no tenga que intentar «confirmar o descartar» esas imputaciones, «para resolver en uno u otro sentido». Pero con esta decisión, subraya, «no se investiga a persona aforada alguna».
En la misma resolución, el juez defiende en bloque la instrucción de la causa ante las críticas del exministro, que recurrió –respaldado por Koldo– la decisión de indagar en su patrimonio en busca del rastro de supuestas comisiones por intermediar en adjudicaciones públicas. Ábalos se quejó de que el magistrado no ciñese a un determinado periodo temporal esa diligencia de comprobación patrimonial, pero el togado no comparte ese reparo porque según afirma se trata de «una mera y simple aproximación a los depósitos bancarios, inmuebles o vehículos» de los que pueda ser titular, así como a su posible participación en empresas. «Ningún sentido tendría», defiende, «limitar la diligencia» tratándose de «un mero presupuesto de conocimiento, preciso para eventuales decisiones posteriores».
Puente rechaza el recurso de la defensa de Ábalos contra una batería de diligencias –que incluye la citación de 17 testigos, entre estos la empresaria que afirma que llevó a Ferraz en octubre de 2020 bolsas con 90.000 euros– y deja claro que en ningún caso se trata de una investigación prospectiva (la que se lleva a cabo mediante una fiscalización general del comportamiento de una persona sin un objeto concreto).
El magistrado del Tribunal Supremo replica al exdirigente socialista que en ningún caso está llevando a cabo una «inquisición general acerca de su conducta pasada con relación a cualesquiera eventuales comportamientos diversos que pudiese haber protagonizado». Y en cualquier caso le aclara que no es su defensa «quien dirige la presente instrucción».
En ese auto, defiende que haya llamado a declarar como testigo a su hijo, Víctor Ábalos (a lo que también se opone el exministro), porque Aldama aseguró disponer de mensajes suyos sobre el piso del Paseo de la Castellana, valorado en 1,9 millones, que el empresario habría ofrecido al entonces ministro en alquiler con opción a compra como garantía del pago de comisiones futuras.
En relación a este asunto, el instructor defiende igualmente la necesidad de valorar el precio de ese inmueble (que finalmente Ábalos no llegó a ocupar).
Otra de las quejas de la defensa del exdirigente del PSOE hacía referencia a la pretendida falta de imparcialidad de Puente por haberle citado ayer para la celebración de una vistilla con vistas a la adopción de posibles medidas cautelares contra él, cuando las acusaciones no lo habían solicitado. No obstante, el juez no aprecia «pérdida alguna de objetividad o de imparcialidad, ni animosidad de ninguna naturaleza» hacia él.