¿Son seguros los medios que Marlaska proporciona a los guardias civiles?

Hace apenas una semana, un coche patrulla de la Guardia Civil era embestido por una furgoneta en El Ejido. Pero éste no es el único caso de violencia vivido en la zona durante esta semana. En la madrugada del miércoles al jueves, un llamada telefónica al Puesto Principal de Adra ponía en alerta a los agentes al denunciar la comisión de un delito en la barriada de la Alquería. Los agentes que acudieron al aviso no pudieron acceder hasta el lugar en coche por lo que lo dejaron en una zona apartada. A su regreso, el vehículo estaba calcinado.

Por suerte, este último incidente se saldó sólo con daños materiales, ya que los agentes no estaban en el vehículo. Asimismo, la llamada permitió la intervención de tres narcolanchas que estaban ocultas. Desde la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), el problema en la comarca reside "en la falta de personal", así como de un "modelo de despliegue territorial". Esta ausencia de planificación provoca que durante el día "salgan cuatro o cinco patrullas, dejando las tardes y las noches vendidas a los delincuentes con tan sólo una patrulla y sin apoyos cercanos".

Además, desde esta asociación destacan que se trata de una comarca en la que los agentes además de atender los muchísimos robos en invernaderos tienen que enfrentarse a las embarcaciones que se dedican al narcotráfico y el petaqueo, lo que hace que "los agentes se sientan vendidos" desde la Dirección General de la Guardia Civil y el Ministerio del Interior.

Penas "irrisorias" para los agresores

Denuncian la negativa a ser considerados profesión de riesgo. "Olvidan que cada año aumenta el número de agentes heridos, con agresiones durante su jornada laboral y fuera de ella", subrayan. Asimismo, señalan que no se les da la "consideración de autoridad", por lo que quedan "totalmente indefensos ante estas agresiones". Por no hablar, continúan, de que las condenas para los agresores "son irrisorias".

Y cargan contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por votar en contra de aquellas reformas legislativas que buscan "mayor protección para los cuerpos policiales". Una de esas medidas sería "el aumento de las penas aplicadas en ilícitos penales de delito de atentado contra agente de la autoridad", apuntan. Porque, a su juicio, es fundamental que la actuación de los efectivos policiales se vea protegida en su labor. Así, insisten en que es más que necesario "reforzar" el principio de autoridad.

"Ello es una condición básica en toda democracia, pues son los poderes públicos los que deben garantizar, en el ámbito de sus competencias, que el principio de autoridad sea protegido de forma prioritaria", concluyen.

En definitiva, protestan ante un gobierno en el que "quién debería velar por nuestros intereses", el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "mira para otro lado" y permite que los que forman parte de este Cuerpo "pierdan competencias". Una actitud, según la AEGC, que perjudica no solo a los funcionarios públicos, sino a toda la sociedad, "cuya seguridad depende de nuestro buen hacer, contando con escasos medios". Y lanzan una última pregunta al aire: ¿Cuándo se va a sustituir el vehículo quemado? La repuesta... nunca.