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Limitaciones presupuestarias y desconocimiento dificultan la integración de Juntas de Educación

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Administrar con presupuestos insuficientes, preocuparse por eventuales responsabilidades legales por el manejo de fondos públicos y ejecutar millones sin conocimientos en administración son algunas de las dificultades con las que lidian integrantes de Juntas de Educación y Administrativas que, de manera voluntaria y gratuita, administran los dineros que el Estado asigna a los centros educativos públicos para infraestructura y otros gastos.

Actualmente, las Juntas de Educación y Administrativas imponen requisitos tan básicos como saber leer y escribir para quienes quieren integrar la agrupación. Si bien recientemente se aprobó en segundo debate la Ley de Juntas de Educación (23638) con el fin de dotar de un marco legal a estos órganos, la nueva normativa no introduce cambios de fondo en cuanto a la formación que deben tener sus integrantes.

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“En ocasiones terminan quedando personas no aptas que pueden tener mucha voluntad, pero mucho desconocimiento en temas legales, administrativos, en habilidades blandas, de conversación, de negociación y de manejo de personal”, comentó el presidente de la junta administrativa de un colegio técnico profesional de Limón.

}Este técnico agrario vecino de Limón, y quien solicitó resguardar su identidad, considera que si bien no deberían de exigir que las personas sean profesionales para integrar uno de estos órganos, al menos deberían de saber leer, escribir, sumar y restar. Cuenta que en su caso está estudiando para ser trabajador social y que por su trabajo de oficina conoce el manejo de correos electrónicos y busca instruirse en aquellos temas en los que no está especializado.

El miembro de la junta agregó que para él la principal complejidad de integrar este tipo de órganos es realizar una labor en la que podría afrontar responsabilidades legales por el manejo de fondos públicos. Lamenta que por los pocos recursos económicos con los que cuentan las juntas administrativas, esto les limita el poder realizar consultas legales técnicas.

Por su parte, un docente pensionado y quien integra una junta administrativa en un colegio en Orotina, Alajuela, señala que más allá de lo complicado que pueda ser ejecutar el presupuesto, lo más difícil es cubrir gastos cuando el dinero no alcanza: el órgano que preside pasó de recibir más de ¢120 millones a solo ¢26 millones.

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“Es un puesto bastante difícil”

Para el docente y miembro de la junta del colegio orotinense, este puesto es “bastante difícil” y no todas las personas están dispuestas a asumirlo, ahí encuentra un poco de sentido al porqué de los requisitos tan mínimos. Cuenta que al mes hacen dos reuniones ordinarias y a esto hay que añadir las extraordinarias.

“Hay compañeros que por la complejidad de sus trabajos no pueden ir a la reunión, estamos ad honorem, no están obligados”, contó.

En su caso, reconoce que está en el puesto porque realmente quiere el colegio, aunque es consciente de que muchas personas no van a querer “quemarse la cabeza y enfrentar acusaciones”.

“Son puestos bastante complicadillos. La gente piensa: ‘a cuenta de qué voy a estar complicándome la vida’. Uno lo hace por amor a la institución. Los requisitos son mínimos porque tienen que ver quién se mete en eso”, aseveró.

El integrante de la junta del colegio limonense coincide en lo difícil que es que las personas quieran ser parte de las juntas y que al ser un puesto voluntario y sin pago, hay quienes lo ven como una pérdida de tiempo.




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