Versiones contrapuestas de dos condenados en el Valle de los Caídos
Lleva «años estudiando e investigando todo lo relativo» al renombrado Cuelgamuros, «a su construcción y al derribo de su leyenda negra en forma de presuntos trabajadores esclavos y muertos en la construcción». Pablo Linares Clemente, presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC), asegura que «nada es como nos lo han contado» y que «todo se ha basado en una colección de bulos transmitidos interesadamente».
El presidente de la ADVC –nieto de uno de los trabajadores, republicano y obrero libre–, que pleitea desde hace tiempo para que el complejo sea protegido como Bien de Interés Cultural (BIC), prepara un libro, con el título «Los caídos del Valle», en el que está plasmando aquellas historias que considera representan un ejemplo de las versiones interesadas o contrapuestas. «Defiendo lo que sé que es cierto y que está avalado por la documentación primaria», apostilla.
Por ejemplo, cita la figura de Cipriano Salas Romero, mayor de edad, casado, natural de Valdemoro, vecino del Puente de Vallecas, de profesión carpintero y empleado en la Compañía de Ferrocarriles. Resume Linares su trayectoria tras examinar el consejo de guerra que se siguió en su contra en el Archivo General e Histórico de la Defensa y la información relativa a su persona depositada en el Archivo General de la Administración (AGA). Así, según un informe de la Guardia Civil del Pueblo de Vallecas –fechado el 18 de octubre de 1939-, el «encartado es hombre de pésimos antecedentes». Afiliado al Partido Socialista «antes del alzamiento nacional, prestó servicios con armas e intervino en la detención de varias personas que más tarde fueron asesinadas». Se le procesa junto a 167 encausados más por ser uno de los «asesinos» del tren de Jaén, donde «hizo uso de un fusil ametrallador sobre las víctimas en el andén del Pozo del Tío Raimundo».
Además, «participó en el asesinato del padre de un denunciante» (Santiago Lorenzo Inglés). Salas y otro sujeto llamado Casimiro de la Torre «participaron el 10 de octubre de 1936 en el asesinato del ciudadano Don Manuel Lorenzo. Lo llevaban en un coche desde Vallecas al municipio de Vaciamadrid, donde lo asesinaron, abandonando el cadáver, y volvieron a Vallecas». Asimismo, tomaron parte «de manera directa en los luctuosos acontecimientos del 12 de agosto en el que resultaron asesinados 197 ocupantes» del «tren de la muerte de Jaén».
Ambos fueron condenados a muerte en el consejo de guerra celebrado en Madrid el 28 de abril de 1944. El 22 de diciembre de ese mismo año se les «conmutó la pena de muerte por la de inferior grado». El 23 de julio de 1947 se le deniega el indulto a Cipriano Salas, que se encuentra ya en el destacamento penal de Cuelgamuros. Y el 9 de octubre de 1949 es puesto en libertad condicional.
Por contra, la interpretación que recoge la Fundación Largo Caballero dista mucho de estas anotaciones. Recoge 1904 como fecha de nacimiento de Cipriano Salas en Valdemoro; su profesión panadero, y cita UGT y PSOE como sus «organizaciones de militancia»; que estuvo afiliado a la Agrupación Socialista de Puente de Vallecas (Madrid) y encausado en la AGHD/Madrid (sumarios 48.537 y 59.668). En cuanto a las fuentes documentales del proceso cita el Archivo General e Histórico de la Defensa y el Archivo General de la Administración (AGA) de Alcalá de Henares (Prisiones).
Respecto a observaciones, se menciona: «Miembro del Sindicato de Artes Blancas de la UGT y afiliado a la AS de Puente de Vallecas (Madrid). Durante la Guerra Civil perteneció al Cuerpo de Infantería. Finalizada esta fue detenido y condenado a la pena de muerte en consejo de guerra celebrado en Madrid el 13 de marzo de 1942, que le fue anulada días después y ratificada de nuevo el 28 de abril de 1944. El 22 de diciembre de ese mismo año le fue conmutada por la inferior de 30 años de reclusión. Cumplió la pena en las prisiones de Alcalá de Henares-Madrid (marzo 1939 a mayo 1942), Porlier-Madrid (mayo 1942 a octubre 1946), Yeserías-Madrid (octubre 1946 a julio 1947) y el destacamento penal de Cuelgamuros (Madrid) desde julio de 1947 hasta su puesta en libertad condicional el 9 de octubre de 1949».
Caso parecido, aunque «menos sangrante», en palabras de Linares, es el de Justo García Sánchez. Jornalero nacido en 1912 en Calera y Chozas y vecino de Magán (localidades de Toledo), del sumario consultado en el Archivo General e Histórico de la Defensa resulta que «pertenecía a las juventudes socialistas de su pueblo»; que «quiso asesinar al propietario de la casa en la que trabajaba, Pesdro López Calvo, quien salvó la vida al huir corriendo»; además, «participó en los asaltos al cuartel de la Guardia Civil de Toledo y al asedio del propio Alcázar toledano»; también «robó la lista de votantes de las elecciones de febrero de 1936» e «intervino en los asesinatos cometidos el 30 de agosto de 1936 en la localidad toledana de Puente del Arzobispo» (se añade que las víctimas fueron Pedro Ávila, Rufino Izquierdo y Fermín Rosado). En prisión desde el 19 de diciembre de 1939, el 3 de diciembre de 1943 fue condenado a muerte en consejo de guerra, pena que se conmutó el 5 de junio de 1944 a la de 30 años reclusión. El 30 de septiembre de 1949 fue puesto en libertad condicional. Consta que en otro procedimiento «recayó sobre él condena a 12 años de cárcel».
Sin embargo, la Fundación Largo Caballero hace una extensa semblanza de las andanzas bélicas de Justo García y su posterior devenir carcelario, en el que algunas fechas no coinciden con las que constan en los archivos, y no hay mención a su participación en los asaltos, robos y asesinatos que recoge Linares, quien considera que son «denuncias espontáneas, hechas cuando la gente se sentía segura de contar lo que había pasado».