¿Nueva estrategia para combatir a los ‘cárteles terroristas’?
Después del titubeante e ineficaz combate que dio AMLO contra el crimen organizado, le tomará tiempo y esfuerzo a la nueva administración de Sheinbaum convencer a Estados Unidos (e incluso a Canadá) de que ‘ahora sí’ las autoridades mexicanas darán —ya están dando— una mejor batalla contra el crimen organizado.
El trabajo realizado por García Harfuch durante el arranque de esta nueva administración ha sido notable (sobre todo porque ha impedido que la violencia generada en Culiacán se propague hacia otras ciudades del país). Sin embargo, se trata de un esfuerzo cuyos efectos serán limitados geográficamente, y con consecuencias inciertas sobre lo que sucederá con ese conglomerado de medio centenar de mafias criminales que formó parte de lo que llamamos durante décadas el Cártel de Sinaloa.
Estados Unidos, por su parte, ha determinado que las organizaciones criminales asentadas en México, con un alto número de operaciones globales, representan una amenaza para su seguridad nacional (sobre todo por su condición de productoras, exportadoras y distribuidoras de fentanilo, así como por su labor como traficantes de migrantes) y ha decidido combatirlas con todos los recursos a su alcance.
Se trata de una lucha que apenas empieza, que durará varios años y que se librará en varios frentes. Un primer frente es el legal y para ello se podría haber utilizado el Foreign Narcotics Kingpin Designation Act, un instrumento jurídico creado desde 1999 para impedir que organizaciones e individuos extranjeros, dedicados al narcotráfico, accedieran al sistema financiero de Estados Unidos o sostuvieran transacciones con cualquier tipo de empresas o individuos de Estados Unidos.
Sin embargo, el equipo del presidente Trump decidió utilizar por primera vez (para organizaciones criminales cuyo fin principal es el lucro económico) un instrumento legal atípico, el Immigration and Nationality Act, para designar el jueves pasado a seis cárteles mexicanos como ‘organizaciones terroristas foráneas’, lo que de entrada las estigmatiza internacionalmente (junto a nuestro país, por supuesto) como entidades extremadamente violentas.
Resulta importante subrayar que esta designación de los cárteles de ninguna manera autoriza automáticamente el uso de la fuerza militar por parte de Estados Unidos, ni de otro tipo de acciones de carácter extraterritorial contra los cárteles mexicanos. En estos momentos, la única autorización activa para el uso de la fuerza militar en Estados Unidos se enfoca en la organización terrorista Al Qaeda y sus afiliados. En el caso de que las autoridades de Estados Unidos decidieran utilizar la fuerza militar contra los cárteles mexicanos, tendrían que fundamentar tal decisión en disposiciones jurídicas distintas a su designación como terroristas.
En este sentido, es probable que esta primera decisión de nuestros vecinos, relativa a la designación de los carteles, sea simplemente un primer paso hacia la construcción de una nueva estrategia, mucho más robusta y contundente que las que hemos observado hasta ahora, para avanzar en la destrucción de los empoderados cárteles mexicanos. Sin duda, la designación obligará a las agencias militares y de inteligencia estadounidenses a diseñar tácticas más radicales en el futuro próximo. Desde hace tiempo, agencias como el FBI y la CIA consideran a los cárteles una nueva amenaza a la seguridad de su país que requiere un tratamiento diferente al que hasta ahora se les ha dado.
La designación empujará también a México a introducir cambios en su marco regulatorio, tanto en el ámbito financiero como en el del uso de la fuerza, para enfrentar con más solvencia los crecientes desafíos que representan estas grandes mafias. En nuestro caso es claro que la expansión y diversificación de los cárteles no solo ponen en riesgo la estabilidad e integridad de las principales instituciones del país, sino que también están causando daño grave a ciertas dimensiones de nuestra soberanía, pues en varias regiones le han arrebatado el control territorial a las autoridades formales, y además están interfiriendo en la celebración periódica de elecciones libres y equitativas.
Al mismo tiempo, es claro que, en el caso mexicano, la aplicación de medidas que tradicionalmente se han utilizado en el ámbito del contraterrorismo, tales como el arresto o el abatimiento aislado de líderes criminales, ha fracasado repetidamente. De ahí que en este nuevo ciclo de lucha contra el crimen organizado deberán diseñarse nuevos esquemas de combate que garanticen mejores resultados.
La semana pasada llamó la atención el anuncio de que por primera vez la CIA participará en esta lucha anticrimen, y que aparentemente tiene la intención de aplicar aquí acciones que han mostrado eficacia contra células terroristas en el Medio Oriente. Este tipo de adaptaciones deberá tomar en cuenta, prioritariamente, que en México un amplio abanico de mafias ha construido sólidos vínculos con las comunidades donde operan. Por lo anterior, la ambiciosa y dura estrategia de seguridad que se diseñará y anunciará en los próximos meses deberá acompañarse de programas sociales que sean capaces de erosionar las bases sociales de soporte criminal.