Ayuso culpa al Gobierno de que su pareja se haya golpeado con una cámara al salir del juzgado y dice que "ha sido agredido"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha culpado este lunes directamente al Gobierno de que a la salida de los juzgados su pareja, Alberto González Amador, haya tenido un percance cuando trataba de escapar de los medios de comunicación. Tal y como se ha podido ver en imágenes grabadas por otros profesionales de la prensa, el novio de Ayuso se ha golpeado en la frente con una cámara de televisión que intentaba grabarle en esa huida. Pero para la presidenta madrileña lo que ha ocurrido en realidad es que González Amador “ha sido agredido por un cámara, no ha sido golpeado, ha sido agredido”.

El empresario salía del juzgado tras acogerse a su derecho a no declarar en la causa que le investiga por fraude fiscal. “Me ha gustado verle entrar por la puerta y no por el garaje”, ha considerado Ayuso durante una rueda de prensa en Mérida, donde se encuentra manteniendo una cumbre con el Ejecutivo extremeño. Para ella, González Amador “ha sido agredido” porque “no se ha puesto un dispositivo mínimo de seguridad”. Directamente ha dicho que todo es “culpa” de la delegación Gobierno en Madrid al considerar además que el que enfrenta su pareja es “un juicio político”. “Que entre a pie y salga golpeado es inasumible”, ha añadido.

A renglón seguido, Ayuso ha justificado que su pareja haya decidido no declarar ante la jueza que le investiga tras reconocer dos delitos fiscales. “No se trata de que no haya querido declarar es que no puede”, ha dicho. “El engrudo en el que nos han metido hace imposible que pueda defenderse”, ha remachado, volviendo a hablar de un “caso de persecución política que está organizado por la Moncloa con las instituciones del Estado”.

Para Ayuso su novio es un “ciudadano al que están vulnerando sus derechos” y los partidos políticos de la izquierda “quieren” que la causa “se prolongue” porque, en su opinión, “al único que beneficia a Sánchez”. 

En los juzgados, la defensa de González Amador había solicitado esta mañana a la jueza la suspensión de la declaración alegando que la Audiencia Provincial todavía tiene que pronunciarse sobre su petición de que se archive la pieza separada abierta por la magistrada para investigar también corrupción en los negocios y administración desleal. La jueza Inmaculada Iglesias ha resuelto que los hechos son distintos y que debía declarar, momento en el que González Amador se ha acogido a su derecho a no hacerlo.

Dos millones de euros por mascarillas

También estaban citados los otros cuatro investigados que prestaron sus nombres y sociedades para la presunta falsificación de documentos que habría permitido a González Amador cometer los dos fraudes fiscales y que también se han negado a declarar, de acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas. Se trata de un pequeño empresario de Arahal (Sevilla) y dos hermanos, empleados en un bar y un horno de pan, y de un empresario mexicano llamado Maximiliano Niederer. Este último era socio de González Amador y participó en el fraude de las facturas de más alto importe.

La primera comparecencia de González Amador, que se tenía que haber celebrado el 20 de mayo, se suspendió por las dificultades para citar a los otros cuatro imputados. El empresario estuvo despistando durante horas a los medios de comunicación y llegó a ponerse una peluca de pelo cano en el interior de los juzgados. La citación prevista el pasado verano se suspendió porque la acusación popular presentó una solicitud de ampliación de la investigación contra él que abortó el acuerdo que su defensa ultimaba con la Fiscalía para que sea condenado a una pena de cárcel que evite su ingreso efectivo en prisión.

Como desveló elDiario.es, la pareja de Isabel Díaz Ayuso ganó casi dos millones de euros en una intermediación en la compra-venta de mascarillas durante la pandemia. Es una cantidad mucho más alta de lo que su empresa Maxwell Cremona había facturado desde su creación. Pero, según ha reconocido él mismo, González Amador puso en marcha un sistema para que su factura por el Impuesto de Sociedades no se multiplicara de forma proporcional utilizando, para ello, una trama de facturas falsas y empresas pantalla.