Mafia de la construcción pagó S/187 millones en sobornos por 18 obras

De encontrarse vivo, Alfonso Quiroz podría haber dedicado en su famoso libro Historia de la corrupción en el Perú (2014), todo un vasto capítulo al “Club de la Construcción”. En lo que va del siglo XXI, no hay registro de una organización criminal compuesta exclusivamente por empresarios privados, que se enquistó durante durante casi una década en una entidad pública -en este caso el programa Provias Nacional, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)- con la finalidad de repartirse a su regalado gusto las obras públicas más cuantiosas.

 El fiscal Germán Juárez Atoche ha imputado delitos a 18 empresarios y 8 exfuncionarios gubernamentales, pero precisa que quienes diseñaron, organizaron y ejecutaron el esquema de corrupción, fueron los propietarios, representantes y gerentes de las constructoras. Esto explica por qué el mecanismo funcionó entre 2002 (gobierno de Alejandro Toledo) y 2016 (régimen de Ollanta Humala).

 La conspiración se paralizó cuando el exejecutivo de Odebrecht, Jorge Barata, como parte del caso Lava Jato, confesó ante el Equipo Especial que la compañía brasileña obtuvo megaproyectos del MTC por ser parte del “Club de la Construcción”, en 2019.

 Barata fue quien incluso identificó a varias de las empresas componentes de la mafia y sus representantes, como Graña y Montero (José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña), Cosapi (Marco Aranda Toledo) e ICCGSA (José Castillo Dibós). Pero las cabezas de estas compañías se acogieron a la colaboración eficaz y no son parte de la acusación fiscal. De momento, 18 empresarios han sido imputados por graves delitos, como asociación ilícita, colusión agravada y lavado de activos (ver ilustración).

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 Ruleteo mafioso

 Los implicados hicieron fortuna pagando sobornos a funcionarios de Provias Nacional y del MTC para quedarse con obras públicas cuyo presupuesto eran los más considerables de la cartera de inversiones de los gobiernos de turno. No se trataba de obras de calado menor sino de proyectos multimillonarios.

 El primero de la lista es la habilitación de la carretera Camaná-Ilo, que le fue adjudicado al consorcio integrado por la brasileña OAS y las peruanas Cosapi y Obrainsa, a un costo de S/553,2 millones.

 Le sigue en importancia por el monto el tramo dos de la carretera Quinua-San Francisco (Ayacucho), asignada al consorcio integrado por Graña y Montero, ICCGSA y EIVI, por un valor de S/ 476,7 millones.

Y el tercer lugar lo ocupa la carretera Ayacucho-Abancay, obra entregada al consorcio conformado por OHL, Constructora TP y Constructora Málaga Hermanos, con un presupuesto de S/414,7 millones.

 Según la imputación fiscal, mediante la fórmula corrupta del pago de sobornos a funcionarios de Provias Nacional y del MTC, los empresarios constructores consiguieron ilícitamente 18 obras que superan los S/6,293 millones. Es lo que ha identificado el fiscal Juárez.

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Los acusados acordaron abonar coimas a los funcionarios públicos por un monto que representaba el 3% de cada obra pública. En ese caso, los involucrados aceptaron desembolsar pagos ilícitos por S/187,7 millones. Empero, el fiscal Juárez señala en su informe final que logró identificar pagos hasta por S/73,8 millones. Es decir, menos del 40% del total.

 El monto de coima más alto plenamente identificado es el que abonó el consorcio Vial Quilca Matarani (OAS, Cosapi y Obrainsa). Despachó a los funcionarios públicos S/ 11,9 millones por una obra de S/553,2 millones. Una ganga para los imputados.

La acusación fiscal describe tres componentes o engranajes que le permitían funcionar como un reloj a los integrantes de la mafia de la construcción pública. La primera, conformada por los empresarios que encabezaban la organización; la segunda, donde participaban los intermediarios u operadores, quienes comunicaban al MTC las obras en las que estaba interesado el club; y la tercera, compuesta por los funcionarios públicos cómplices de la organización criminal.

 La cabeza del club (José Castillo Dibós, de ICCGSA; Manuel Tejeda Mosocoso, de Obrainsa; y Marco Aranda Toledo, de Cosapi) negociaba con el restode asociados la selección de los proyectos.La información era transferida a los intermediarios que estaban conectados con los funcionarios de Provías Nacional y del MTC. La clave era reclutar a los integrantes de los comités de licitación Provías Nacional que adjudicaban las obras públicas. Estos funcionarios se mantenían en sus puestos, así fueran cambiados los ministros y viceministros del MTC o los directores del programa Provias Nacional, lo que facilitó al “Club de la Construcción” el funcionamiento del mecanismo de corrupción por casi dos décadas.

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 A puertas cerradas

 Para dar apariencia de normalidad, los conjurados aparentaban disputarse la obra pública en juego. En realidad, todo era una simulación. Los miembros de los comités de licitación se limitaban a adjudicar los millonarios proyectos, que ya habían decidido repartirse con antelación los corruptos empresarios en sus reuniones secretas en el Swissôtel Lima, en el restaurante “Balthazar” de San Isidro y en la sede la Cámara Peruana de Construcción (Capeco).

Los constructores implicados se estaban preparando para continuar con esta fórmula de entrega de obras de Provias Nacional mediante el desembolso de coimas. Para ese fin sostuvieron varios encuentros y financiaron las campañas presidenciales de Keiko Fujimori de 2011 y 2016. Los delató Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino de Jaime Yoshiyama Tanaka, brazo derecho de la excandidata de Fuerza Popular.

Jorge Yoshiyama relató a las autoridades que a instancias de Keiko Fujimori y de su tío JaimeYoshiyama, organizó reuniones con ella y los componentes del “Club de la Construcción”. Jorge Yoshiyama mantenía amistad con Federico Aramayo Málaga, quien sucedió a su fallecido padre, Federico Aramayo Pinazo, en la conducción de Aramsa Contratistas Generales, una de las empresas que perteneció a la mafia de la construcción.

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 “Federico Aramayo Málaga me indica que ha podido contactar con cuatro personas que están interesadas en conocer a Keiko Fujimori y aportar a su campaña. Las cuatro personas fueron Ernesto Tejeda (Moscoso), de la empresa Obrainsa, el señor (Ricardo) Manrique (Daemisch), de la empresa Superconcreto, (José) Fernando Castillo (Dibós), de la empresa ICCGSA, y el señor (Rómulo) Peñaranda (Castañeda), de la empresa Alpha Consult”, declaró Jorge Yoshiyama. Las tres primeras empresas están implicadas con el “Club de la Construcción”, y la tercera con Odebrecht.

 “Se hace una reunión en el domicilio de Federico Aramayo Málaga a la cual asiste Keiko Fujimori y les explica su plan de gobierno y sus objetivos políticos durante un almuerzo, luego ella se retira y yo me quedo un rato con los señores constructores”, relató Jorge Yoshiyama.

 Por supuesto, el dinero que los empresarios donaron, nunca fueron declarados por la excandidata presidencial.

Lo que buscaban asegurarse los cómplices del “Club de la Construcción” con las entregas de dinero a Keiko Fujimori, era que el sistema de apropiación de las millonarias obras de Provias Nacional, continuara en un eventual gobierno fujimorista.

Esa vez no tuvieron éxito. Pero si no se les aplica las drásticas penas que ha requerido el fiscal Germán Juárez Atoche para cada uno de los empresarios constructores implicados, el modelo de corrupción podría repetirse.

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Despiece

Piden Reparación Civil de S/ 168.6 millones

● Ocho son los exfuncionarios públicos comprendidos en el caso del “Club de la Construcción”. La fiscalía ha solicitado las mayores penas para los que tuvieron directa relación con la adjudicación de obras en beneficio de la mafia.

 ● Para una pena de 19 años de carcelería se ha considerado al exgerente de Provías Nacional, Mario Garnica Arenas, y a los exintegrantes de los comités, Selvi Ruberto Vargas, Renzo Fernández Prada Ríos y Juan Páucar Guerra.

 ● Para otro exintegrante del comité, Edgar Unzueta Zegarra, 18 años de prisión.

● La fiscalía ha solicitado 13 años para 3 exfuncionarios de alto rango: el expresidente Ollanta Humala, el extitular del MTC, Carlos Paredes Rodríguez, y el exasesor del mismo ministerio, Carlos García Alcázar.

● La Procuraduría Pública ha solicitado como reparación la suma de S/ 168,648,182 Pero no es el definitivo porque podría variar con la acusación del fiscal Germán Juarez.