Cinco años y medio después de la sentencia –luego corregida por la 'mayoría progresista' del TC – que condenó a los responsables políticos del fraude de los ERE, la Junta de Andalucía apenas ha logrado recuperar 28,5 millones de euros, un 6,2 por ciento del monto reclamado en los tribunales y un 4 por ciento del total de 680 millones repartidos durante años por la trama que urdió este fraude. Destinado a los parados, santo y seña del modelo clientelar y asistencial que sostuvo al PSOE regional, el dinero se esfumó entre las empresas y las entidades que lo administraron, a conveniencia de parte y con una finalidad política que el socialismo andaluz nunca ha reconocido ni expiado. Al contrario, el proceso de rehabilitación de los máximos responsables de aquel latrocinio, ovacionados en los mítines del PSOE, representa una revictimización del pueblo andaluz, primero saqueado y ahora invitado a la fiesta del indulto y del borrado contable de los 650 millones de euros que siguen sin aparecer.
