Cúpula de Desyfin habría cobrado sobresueldos por ¢1.964 millones en Panamá, asegura Fiscalía
Según el Ministerio Público, la alta gerencia de Desyfin y varios colaboradores de confianza habrían recibido sobresueldos millonarios en Panamá sin pagar cargas sociales ni impuestos en Costa Rica.
Esta es una de los aparentes “acciones fraudulentas” que investiga la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual en el caso del descalabro de la Financiera Desyfin. El órgano acusador presume que los propietarios mayoritarios del Grupo Financiero Desyfin orquestaron un plan para obtener un beneficio patrimonial antijurídico.
De acuerdo con la solicitud de allanamiento, cinco integrantes de la familia Lacayo Beeche, los accionistas mayoritarios de ese grupo, así como nueve de sus colaboradores de confianza, recibían cada 15 días un pago adicional a su salario, el cual se trató esconder mediante un acuerdo que “no se ajustaba a la realidad”.
De noviembre del 2019 a julio del 2024 (un mes antes de la intervención), estas 14 personas habrían recibido, en conjunto, ¢1.964 millones, para un promedio de ¢140,3 millones por persona.
Se trata de los accionistas Silvio Lacayo Lacayo, Hortensia Beeche Michaud, Silvio Lacayo Beeche, Manfred Lacayo Beeche y Mauricio Lacayo Beeche. A ellos se suman nueve colaboradores de confianza de apellidos Ortiz Vargas, Ruiz Delgado, Murillo Guillén, Carmona Barrantes, Chaves Valerio, Chaverri Barquero, Otero Solano, Gómez Mora y Solís Hernández.
Silvio Lacayo Beeche: ‘No es ningún delito’
Silvio Lacayo Beeche, accionista y representante legal de Financiera Desyfin, aceptó que la entidad tenía un sistema de pagos en Panamá. Dijo que así lo hace cualquier otra empresa, local o internacional. No obstante, negó que hubiese algo anómalo: “El pago por honorarios es cierto, pero eso no es ningún delito”, recalcó.
Acuerdo desvirtuado
Para concretar los sobrepagos, la Fiscalía asegura que la Financiera Desyfin entabló un acuerdo contractual con la firma Sociedad Gestionadora del Istmo, constituida en Panamá, el cual tenía como fin prestar servicios financieros.
De acuerdo con el ente acusador, el objetivo se desvirtuó para realizar los pagos extrasalariales. En apariencia, quincenalmente, la Financiera Desyfin depositaba el dinero en una cuenta de la Sociedad Gestionadora del Istmo en el banco BCT en Panamá. Desde allí, se habrían redirigido los recursos a las cuentas personales de los involucrados, en esa misma entidad bancaria.
Así, las personas tenían disponibilidad de los recursos en el territorio costarricense, precisó el Ministerio Público, según consta en la resolución que emitió el Juzgado Penal de Pavas, el 9 de octubre del 2024, cuando permitió varios allanamientos por este caso, el cual se tramita bajo el expediente judicial N.° 24-0000074-0621-PE.
“Generó un perjuicio en el patrimonio de la Financiera, de las cargas sociales y tributarias que corresponden de conformidad con el ordenamiento jurídico costarricense, así como a los ahorrantes, inversionistas y acreedores. (...) Simularon que se trataba de pagos por servicios entre otros”, alegó la Fiscalía.
En esta causa, se indaga la comisión de los presuntos delitos de administración fraudulenta, reducción de la pena y sabotaje informático, según confirmó la oficina de prensa del Ministerio Público, ante una consulta de La Nación, y precisó que “se encuentra en investigación, es decir, en la etapa de recolección y análisis de pruebas”.
Por ese hecho, las 14 personas que recibieron los aparentes sobresueldos figuran como imputados en este caso.
El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) ordenó la intervención de la Financiera Desyfin, el 13 de agosto del 2024, debido a deficiencias en la gestión de la cartera de créditos y debilidades en la administración de la compañía.
El 9 de octubre, el Consejo declaró a la entidad inviable y ordenó el proceso inmediato de cierre porque las pérdidas consumieron el total del capital y se determinó un faltante de ¢6.704 millones, lo que representa una caída del patrimonio de 158% y una suficiencia patrimonial de -10,7%. Al momento de la intervención, Desyfin registraba una pérdida de ¢3.300 millones que luego creció a ¢21.968 millones.
La Financiera tiene 4.028 personas con ahorros, de los cuales 3.072 cuentan con el monto garantizado (hasta ¢6 millones) y 956 están cubiertos de forma parcial. Las obligaciones con el público ascienden a ¢99.900 millones.