¿Estrategia acertada o costoso error?
En setiembre de 2021 entró en vigor la Ley para Atraer Nómadas Digitales, mediante la cual se concedió a extranjeros con ingresos superiores a $3.000 mensuales (si residen en el país por su cuenta) y $4.000 mensuales (si ingresan con su familia) la posibilidad de permanecer en Costa Rica por un año, prorrogable por un año adicional, bajo la condición migratoria de “Trabajador remoto de servicios”.
Esta ley no solo otorgó a los extranjeros la posibilidad de residir legalmente en Costa Rica, sino que también los exoneró totalmente del impuesto a las utilidades sobre sus ingresos. En términos sencillos, los ingresos que perciban estos extranjeros durante un plazo de dos años no estarán sujetos a dicho impuesto. Además, la ley no aclara si los extranjeros que residen en el país bajo esta condición deben o no cotizar a la seguridad social.
El objetivo de esta medida consistía en atraer extranjeros con la expectativa de que gastaran sus ingresos en el país e impulsar así la economía costarricense. Como contrapeso, el Estado renunció a percibir el impuesto sobre las utilidades de estos trabajadores remotos durante su estancia en Costa Rica.
Cuando la ley fue promovida, los legisladores afirmaron que esta medida permitiría la inyección de millones de colones en la economía nacional. No obstante, al consultar recientemente al Ministerio de Hacienda y al Instituto Costarricense de Turismo sobre el gasto promedio de las personas beneficiadas con esta condición migratoria, ambas instituciones respondieron que no contaban con tal dato.
Ante el incremento en el costo de vida en las zonas más cotizadas por los extranjeros, parece pertinente cuestionarnos: ¿Es realmente esta medida beneficiosa para el país?
Los extranjeros que residen en Costa Rica bajo la figura de “Trabajador remoto de servicios” gozan de mejores condiciones tributarias que los costarricenses. Como resultado, pueden destinar una mayor porción de sus ingresos a sus gastos, sin tener que contemplar el porcentaje que un costarricense o un extranjero residente deben reservar para el pago del impuesto sobre las utilidades y las cuotas del seguro social. Esto genera una desigualdad entre nacionales y extranjeros beneficiados por esta condición, al competir por los mismos bienes y servicios.
Sería prudente que el Estado analizara lo ocurrido en Lisboa, Barcelona y Madrid, donde medidas similares han provocado un alza en los precios de bienes y servicios, el encarecimiento del mercado inmobiliario y el desplazamiento de residentes locales. Como consecuencia, ha crecido entre la población un sentimiento de rechazo hacia turistas y extranjeros.
Costa Rica aún está a tiempo de evaluar si este beneficio realmente cumple con un propósito útil para el país o si, por el contrario, está contribuyendo injustificadamente a una mayor desigualdad en el acceso a bienes y servicios esenciales.
rolandobrenes@hotmail.com
Rolando Brenes es abogado y estudiante de la Universidad de Lund, Suecia.