La "criptoreserva" estratégica de Trump: entre la precaución, la manipulación y el despilfarro
Hace apenas unos días, el mundo cripto temblaba con una caída del 25% en Bitcoin y otras divisas digitales como Ethereum, Solana y Cardano. Ayer, el panorama dio temporalmente un vuelco: algunos de estos activos llegaron a subir hasta un 50%, impulsados por el anuncio de Donald Trump de crear una reserva estratégica de criptomonedas en Estados Unidos –si bien el entusiasmo duró poco–.
Con la promesa de incluir Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana y Cardano, Trump busca posicionar a su país como la «capital mundial de las criptos». Los mercados, predeciblemente, han reaccionado con un frenesí especulativo. Sin embargo, más allá del entusiasmo inicial del mercado, esta iniciativa merece un análisis crítico más amplio sopesando pros y contras.
Comencemos con los pros. Un argumento a favor de esta reserva estratégica es que, para gobiernos con monedas poco creíbles, podría reforzar su credibilidad. Pero este no parece ser un argumento que encaje en la situación de EE UU, hoy por hoy emisor de la moneda global de reserva –el dólar–. En tal caso, la reserva estratégica de criptoactivos solo tendría sentido en un escenario improbable –pero muy importante– como sería una desdolarización global. Si el dólar perdiera su hegemonía, una reserva de criptoactivos podría facilitar pagos internacionales en un mundo que rechace la divisa estadounidense.
Sin embargo, los contras de esta medida son considerables. Primero, el gobierno que constituya una reserva estratégica de criptoactivos podría manipular los precios de este tipo de activos con anuncios estratégicos de compras o ventas, distorsionando mercados y afectando a inversores privados, abriendo además la puerta a prácticas corruptas por parte de quienes posean información privilegiada. Segundo, existe el peligro de despilfarro de dinero público: invertir fondos de los contribuyentes en activos volátiles es una apuesta arriesgada que podría terminar en pérdidas significativas. Tercero, al acumular tokens, el Estado podría influir en la gobernanza de redes basadas en Proof of Stake, erosionando la descentralización que define a estos proyectos. Finalmente, esta reserva podría alinear los intereses de los inversores con los del gobierno, pervirtiendo el ethos libertario de las criptomonedas.