Nos unimos a las veterinarias en lucha: con la salud de los nuestros no se juega

Quienes convivimos con animales no humanos, y mucho más quienes estamos involucradas en la defensa de sus derechos y dedicamos parte de nuestra vida a rescatar animales que necesita una nueva oportunidad, llevamos semanas sufriendo las consecuencias de una normativa que entorpece la atención veterinaria, especialmente en el caso de los animales más vulnerables, y que ha enfurecido a los profesionales de esta pata esencial de la salud pública.

Podemos entender las motivaciones que hay detrás de esta normativa, incluso podemos compartir sus objetivos, pero tal y como se ha implementado está poniendo en riesgo la salud de muchos animales y tenemos motivos para dudar de que esos objetivos puedan conseguirse. Incluso tememos que pueda ser contraproducente.

Retraso en los tratamientos

El pasado mes de enero se publicó y entró en vigor el Real Decreto 666/2023, de 18 de julio, que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios. El objetivo, nos explica la veterinaria Beatriz Unzeta, que ejerce la clínica diaria, es “reducir la prescripción de antimicrobianos mediante cuatro grupos fundamentales (A, B, C y D) con restricciones. En la práctica clínica diaria, solo se podrá prescribir un antibiótico siguiendo una escala: primero el grupo D, de libre acceso. Si no es efectivo, se podrá usar el grupo C, y así sucesivamente. El grupo B solo podrá emplearse cuando los anteriores sean ineficaces y con un antibiograma que lo justifique. Finalmente, el grupo A queda prohibido, incluso para casos en los que no existe alternativa terapéutica, como ocurre con la bleomicina en oncología veterinaria”.

Esto implica, para entendernos, que en muchos casos los veterinarios tienen que empezar utilizando antibióticos que saben que no van a funcionar, antes de poder pasar a los que sí pueden ser efectivos. Y para poder administrar algunos de esos que pueden ser efectivos, hay que hacer una serie de pruebas previas (cultivo y antibiograma) que suponen tiempo (del que el animal puede no disponer) y dinero. Este es un buen momento para recordar que los servicios veterinarios están gravados con el 21% de IVA, como los artículos de lujo.

Es verdad que la entrada en vigor de esta normativa ha tenido una moratoria que, dicen sus impulsores, ha dado tiempo a las clínicas para adaptarse. Pero la realidad es que el aviso llegó con muy poca antelación y a partir de ahí todo fueron prisas y dudas que nadie aclaraba. Además, desde el Ministerio insisten en que la normativa afecta a todos los animales, también los explotados para consumo, y defienden que la ganadería lleva tiempo aplicándola sin contratiempos. Desde este blog, donde hemos denunciado hasta la saciedad la opacidad y las mentiras de la industria explotadora de animales, donde hemos publicado investigaciones que demuestran todo tipo de irregularidades e incumplimientos de una legislación ya de por sí laxa en lo que entiende por “bienestar animal” y donde estamos hartas de ver a las puertas de las granjas contenedores llenos de animales moribundos que nunca existieron, que ahora nos pongan a la ganadería como ejemplo nos parece una broma macabra.

Sigamos con la norma, que también “exige el cumplimiento de fichas técnicas aprobadas que, en muchos casos, están desactualizadas y no incluyen información para todas las especies exóticas tratadas en la clínica veterinaria. A pesar de la existencia de estudios clínicos que avalan el uso de ciertos antimicrobianos en estas especies, su aplicación queda restringida por la normativa, limitando las opciones terapéuticas y comprometiendo la calidad del tratamiento ofrecido a los pacientes”, explica Beatriz.

Este Real Decreto también impone la obligación de notificar vía electrónica al Ministerio, mediante la plataforma Presvet, cada uno de los antimicrobianos prescritos, cedidos y administrados, con información detallada del paciente y su tutor humano, “lo que aumenta significativamente la carga burocrática y afecta la agilidad en la atención veterinaria”. “La digitalización de estos procesos, aunque bien intencionada, no ha sido acompañada de herramientas adecuadas ni de una infraestructura eficiente que permita a los profesionales agilizar su trabajo sin comprometer la calidad de la atención prestada. Asimismo, la obligatoriedad de este sistema no considera los problemas técnicos que pueden surgir en ciertas zonas con acceso limitado a internet o en clínicas que no disponen de los recursos tecnológicos para una implementación eficiente. Esto genera desigualdad en el acceso a los servicios veterinarios y dificulta la labor de los profesionales en entornos rurales o con limitaciones tecnológicas”, prosigue.

Desde el año 2000, España ha adoptado el concepto “One Health”, que reconoce la interconexión entre la salud humana, animal y ambiental. Como parte de esta estrategia, subraya Beatriz, el Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN) ha logrado reducir el uso de antimicrobianos en un 56% entre 2014 y 2020, convirtiendo a España en el país de la UE con la mayor reducción en su uso (69,5%). “Sin embargo, la implementación de esta nueva normativa compromete la capacidad de los veterinarios para tomar decisiones clínicas adecuadas, imponiendo un sistema rígido que puede perjudicar la salud de los animales”.

Y es que “obligar a los veterinarios a seguir una prescripción en cascada sin valorar el caso concreto puede generar sufrimiento innecesario en los pacientes. Además, en el grupo B se exige un cultivo y antibiograma previos, lo que encarece y retrasa los tratamientos. La imposición de estas normas puede llevar a sanciones de hasta 1.200.000 euros, lo que genera inseguridad y dificulta el ejercicio profesional. Esta situación no solo afecta a los veterinarios, sino también a los responsables legales de animales, quienes deben afrontar costos adicionales y tiempos de espera prolongados para que reciban el tratamiento adecuado”.

El caso de la perra Selva nos sobrecogió a los pocos días de entrar en vigor esta norma. Según explicó su familia, Selva murió de sepsis antes de que llegaran los resultados de ese cultivo y ese antibiograma sin recibir a tiempo el tratamiento que necesitaba. En un primer momento, cuando en las clínicas alertaban de que esto podría llegar a pasar, algunas voces llamaban a la tranquilidad porque, en caso de estar comprometida la vida del animal, el profesional veterinario tenía cierto margen al que acogerse para aplicar el tratamiento necesario. Pero la realidad cotidiana está siendo muy diferente. Varias veterinarias con las que desde este blog tenemos contacto habitual nos reconocen que se juegan el tipo cada vez que se acogen a ese margen, porque tienen que comunicar la prescripción de esos medicamentos y la respuesta del Ministerio está muy lejos de amparar su criterio profesional. Están atendiendo con su mejor disposición sabiendo que una vez que el animal abandone la consulta tienen que comunicar el tratamiento prescrito y arriesgarse a una respuesta que puede cuestionar su decisión y suponer una dura sanción que incluso puede llevarse a la clínica por delante. No solo es un engorro burocrático, es un riesgo excesivo que están asumiendo por salvar vidas. 

Necesitamos 4 pastillas, nos venden 30

Otro problema es la norma sobre medicamentos veterinarios, que “centraliza la dispensación en farmacias y prohíbe que los veterinarios administren directamente medicamentos a los pacientes. Esto obliga a los tutores de los animales a comprar envases completos, aunque solo necesiten unos pocos comprimidos, lo que supone un gasto innecesario y aumenta el riesgo de automedicación. Además, en muchas localidades rurales, las farmacias no disponen de todos los medicamentos veterinarios necesarios, dificultando aún más el acceso a los tratamientos adecuados”, explica Beatriz.

También esto lo hemos sufrido en carne propia. Hemos visto, por ejemplo, cómo para atender un dolor muscular en un perro mayor con riesgo renal era necesario un antiinflamatorio del que necesitábamos cuatro comprimidos, pero en farmacia hay que comprar la caja de 30, a un precio aproximado de 90 euros. Esto puede tener muchas motivaciones, pero cuesta creer que el uso racional de medicamentos sea una de ellas. ¿Qué pasará con todos esos excedentes que se vayan quedando en los domicilios? No hace falta elucubrar mucho para aventurar las consecuencias de que esos medicamentos sobrantes vuelvan a ser utilizados, sin los conocimientos para ello, con mayor o menor acierto.

“Más preocupante aún”, precisa Beatriz, “es que se recomiende reutilizar medicamentos prescritos con anterioridad sin considerar si han sido almacenados en condiciones adecuadas, lo que puede comprometer la eficacia del tratamiento y poner en riesgo la salud del animal. La falta de control sobre la conservación de estos fármacos en los hogares puede generar resistencias antimicrobianas y reducir la efectividad de los tratamientos en el futuro. A nivel sanitario, este tipo de medidas pueden derivar en un aumento de la resistencia a los antibióticos, lo que impactaría no solo a los animales, sino también a la salud humana, creando un problema epidemiológico mayor”.

En caso de que un propietario no encuentre un medicamento en la farmacia, el veterinario debe “cederlo” gratuitamente, sin posibilidad de compensación económica, aunque haya tenido que comprarlo al distribuidor. Esto supone una carga adicional para las clínicas veterinarias y afecta su sostenibilidad económica. A largo plazo, esta normativa puede provocar el cierre de muchas clínicas, especialmente aquellas de pequeño tamaño, lo que reduciría el acceso a servicios veterinarios en determinadas regiones.

“Buscar en más farmacias”

Y los casos en los que ese medicamento se puede “ceder” tampoco están claros. En teoría, fuera de días laborables donde puede ser complicado encontrar el medicamento, debe ser facilitado por la clínica. Pero ¿qué pasa cuando la farmacia dice que no trabaja con ese laboratorio, o que no lo recibirá hasta dentro de cuatro, cinco o diez días, y el animal lo necesita de manera urgente? Pues, de nuevo, las respuestas del Ministerio no contribuyen precisamente a tranquilizar a los profesionales. Hemos visto respuestas cuestionando que esa necesidad fuera urgente, sugiriendo esperar hasta diez días la llegada del medicamento, cuando la veterinaria estaba segura de que el animal empeoraría incluso de forma fatal antes de expirar ese plazo, o invitando a la veterinaria a decirle al tutor del animal que buscara más farmacias. Estamos hablando de un pueblo de unos 8.000 habitantes en el que hay dos farmacias y, si no tienen el medicamento veterinario en ninguna de ellas, es necesario desplazarse a pueblos cercanos. La ciudad más próxima donde buscar otras farmacias está a más de veinte kilómetros. Y solo es uno de los ejemplos que hemos vivido muy de cerca en solo unos días. La realidad a día de hoy es que incluso los medicamentos veterinarios más básicos, de mayor uso, tienen que ser encargados.

El argumento de que toda esta normativa viene impuesta por Europa es válido solo hasta cierto punto, porque España e Italia son los países que la han adaptado al ordenamiento interno de forma más restrictiva, mientras que los demás han dado más margen a sus profesionales veterinarios. El margen de confiar en ellos, en su formación académica, en su experiencia, en el conocimiento de sus pacientes, en su criterio y en su compromiso. ¿Acaso nuestras veterinarias son menos competentes que las de otros países europeos que se rigen por esta misma normativa?

Gracias a la movilización del sector veterinario, se logró revocar la prohibición de tratar a animales sin microchip, evitando un grave problema de maltrato animal al dejar sin atención a colonias de gatos comunitarios y animales sin tutor legal. Ante la advertencia de que esa prohibición supondría dejar de atender a miles de animales en una situación ya de por sí de especial vulnerabilidad, la Dirección General de Derechos Animales envió una circular aclarando que “en el caso de gatos comunitarios, el profesional veterinario aplicará los tratamientos necesarios procedentes del botiquín y reflejará en la ficha clínica una reseña identificativa del animal lo más completa posible”, y en el caso de emitir una receta se deberá indicar que no está identificado. También daba indicaciones sobre cómo actuar en el caso de animales abandonados o extraviados no identificados para no privarlos de atención veterinaria.

Sin embargo, esta situación evidencia “el desconocimiento sobre la labor veterinaria y la necesidad de que las regulaciones sean elaboradas con la participación de los profesionales del sector”, alerta Beatriz.

Por si todo esto fuera poco, hay también dudas sobre el tratamiento que se da a todos esos datos personales que se deben recabar, tanto de veterinarios como de sus pacientes y de sus responsables legales, por lo que es necesario “que se establezcan mecanismos claros de control y supervisión para evitar posibles abusos o usos indebidos de estos datos”.

Este miércoles, ante el Ministerio

Por todo ello, los profesionales veterinarios, unidos en plataformas como VetsUnidos y Vetwarriors, solicitan ser escuchados en la elaboración de normativas que afectan a su profesión y a la salud y bienestar de los animales. “Es necesario derogar esta norma, que incrementa la burocracia, restringe la capacidad de prescripción y limita el acceso a tratamientos adecuados. La regulación de los medicamentos veterinarios debe basarse en criterios científicos, garantizar la protección de los animales y permitir que los veterinarios ejerzan su labor con autonomía y responsabilidad. Además, proponemos la creación de un comité de expertos veterinarios que participe activamente en la redacción de futuras regulaciones, asegurando que se tengan en cuenta las necesidades reales del sector y la salud de los animales. La colaboración entre administraciones, profesionales y ciudadanos es clave para desarrollar un marco normativo equilibrado y efectivo”, resume Beatriz.

“Finalmente, consideramos esencial la modernización de la legislación veterinaria en España, adaptándola a los avances científicos y tecnológicos, y garantizando que los profesionales del sector puedan desempeñar su labor sin obstáculos innecesarios. La salud de los animales es un pilar fundamental dentro de la salud pública, y una normativa efectiva debe enfocarse en mejorar su bienestar sin imponer cargas desproporcionadas a los profesionales que trabajan para garantizarla”, concluye.

Para reclamar todo esto, así como la rebaja del IVA para lo que es un bien esencial y no un artículo de lujo, profesionales veterinarios y todas las personas preocupadas por la salud de nuestros compañeros de vida estamos llamadas a concentrarnos este miércoles, a las 10 horas, ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Nano, el gato que ilustra este texto, vivió feliz en una colonia donde sus cuidadores le hicimos la vida lo más fácil posible, dentro de lo que la calle supone para ellos. Estaba esterilizado, desparasitado, bien alimentado, y tenía dónde refugiarse en un entorno que era su hogar. Nano era un gato comunitario, pero le gustaba nuestra compañía. Cuando enfermó y no pudo seguir en la calle pudimos habilitarle un espacio seguro donde vivió sus últimos días a salvo, tranquilo, cuidado y acompañado, hasta que tuvimos que despedirnos para siempre. Eso fue unos días antes de entrar en vigor esta nueva normativa, con la que prestar esos mismos cuidados habría sido mucho más complicado.

En las calles, en nuestros hogares, en protectoras, albergues, centros de protección animal... sigue habiendo muchos Nanos, y vamos a seguir luchando por ellos.

Dicen las veterinarias que no se van a rendir hasta recuperar la dignidad de su profesión y la tranquilidad de poder guiarse por su criterio profesional a la hora de atender a sus pacientes, cuya salud es también la nuestra. Por eso esta lucha también es la nuestra.