En el fondo y en las «formas» en la Junta de Castilla y León no gusta la nueva maniobra en forma de acuerdo entre el PSOE -partido del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez- y Junts per Catalunya -el del prófugo Carles Puigdemont-, esta vez a cuenta de la política migratoria. Una delegación de competencias a la Generalitat sobre la seguridad en puertos, aeropuertos y zonas críticas, fronteras, devoluciones en caliente... con la que, según reprochó ayer la vicepresidenta del Ejecutivo castellano y leonés, Isabel Blanco, el Gobierno central «trocea lo que verdaderamente son las políticas de Estado para beneficiar a sus socios en detrimento de todos los demás». Y todo, recriminó la también consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades,... Ver Más
