Una dividida Corte Suprema de Estados Unidos se negó el miércoles a permitir que el gobierno del presidente Donald Trump retenga el pago a organizaciones de ayuda extranjera por el trabajo que ya realizaron para el Gobierno, mientras el presidente republicano avanza para desconectar proyectos humanitarios estadounidenses en todo el mundo. En un revés para Trump, el tribunal, en una decisión de 5 a 4, confirmó la orden del juez de distrito con sede en Washington, Amir Ali, que había pedido a la Administración que liberara rápidamente fondos a los contratistas y beneficiarios de subvenciones de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Departamento de Estado por su trabajo pasado. Los jueces conservadores Samuel Alito, Clarence Thomas, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh discreparon de la decisión. La orden de Ali, que preside un desafío legal en curso a la política de Trump, originalmente había dado a la Administración hasta el 26 de febrero para desembolsar los fondos, que según ha dicho ascendían a casi 2.000 millones de dólares y que podrían tardar semanas en pagarse en su totalidad. El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, suspendió esa orden horas antes de la medianoche, fecha límite, para darle a la Corte Suprema tiempo adicional para considerar la solicitud más formal del gobierno de bloquear el fallo de Ali. La mayoría conservadora de 6-3 de la Corte Suprema incluye a tres jueces que Trump nombró durante su primer mandato presidencial. El tribunal no justificó su decisión el miércoles. Ahora que el plazo original ha vencido, el tribunal ordenó a Ali que «aclare qué obligaciones debe cumplir el Gobierno para garantizar el cumplimiento de la orden de restricción temporal, teniendo debidamente en cuenta la viabilidad de los plazos de cumplimiento». Ali tiene programada una audiencia para el jueves sobre la solicitud de los demandantes de una medida cautelar. El juez tiene actualmente en vigor una orden de restricción temporal que dura hasta el 10 de marzo. La procuradora general interina, Sarah Harris, dijo en una presentación ante la Corte Suprema el 3 de marzo que bloquear la orden de Ali «está justificado para evitar el restablecimiento de un nuevo plazo de corta duración que volvería a apoderarse ilegalmente de los procesos de pago federales». Harris argumentó que la orden del juez equivalía a una extralimitación judicial y había dado a la administración demasiado poco tiempo para examinar las facturas «para garantizar la legitimidad de todos los pagos». Los abogados que representan a la administración dijeron en una presentación separada del 26 de febrero que los pagos completos podrían demorar semanas. El presidente republicano, en su primer día en el cargo, el 20 de enero, ordenó una pausa de 90 días en toda la ayuda exterior, siguiendo lo que ha llamado una agenda de «Estados Unidos primero». Esa orden, y las órdenes de paralización de las operaciones de USAID en todo el mundo, han puesto en peligro la entrega de alimentos y ayuda médica vitales, y han sumido en el caos los esfuerzos globales de ayuda humanitaria. Las organizaciones de ayuda acusaron a Trump en demandas de exceder su autoridad bajo la ley federal y la Constitución de Estados Unidos al desmantelar efectivamente una agencia federal independiente y cancelar el gasto autorizado por el Congreso. Las organizaciones de ayuda dijeron en una presentación ante la Corte Suprema el 28 de febrero que «enfrentarían daños extraordinarios e irreversibles si continúa el congelamiento de fondos», al igual que sus empleados y aquellos que dependen de su trabajo. «El trabajo de estas organizaciones promueve los intereses de Estados Unidos en el exterior y mejora -y, en muchos casos, literalmente salva- las vidas de millones de personas en todo el mundo. Al hacerlo, ayuda a detener problemas como las enfermedades y la inestabilidad en el extranjero antes de que lleguen a nuestras costas», escribieron los abogados de los grupos de ayuda exterior. «Las acciones del gobierno han paralizado en gran medida este trabajo», escribieron los abogados, y agregaron que la administración Trump «llega a este tribunal con una emergencia de su propia creación». Entre los demandantes en el litigio se encuentran la Coalición de Defensa de la Vacuna contra el SIDA, la Red de Desarrollo del Periodismo, la empresa de desarrollo internacional DAI Global y la organización de asistencia a refugiados HIAS. La administración Trump había mantenido congelados en gran medida los pagos en disputa a pesar de una orden de restricción temporal de Ali para que se liberaran, y múltiples órdenes posteriores para que la administración cumpliera. La orden de cumplimiento de Ali del 25 de febrero que está en disputa ante la Corte Suprema se aplicaba al pago del trabajo realizado por grupos de ayuda extranjera antes del 13 de febrero, cuando el juez emitió su orden de restricción temporal. Ali, quien fue designado por el expresidente demócrata Joe Biden, emitió su orden de restricción temporal para evitar daños irreparables a los demandantes mientras considera sus reclamos. Trump y su asesor Elon Musk, la persona más rica del mundo, han tomado medidas drásticas para remodelar y reducir el tamaño del gobierno federal. Han desmantelado algunas agencias, despedido a miles de trabajadores, despedido o reasignado a cientos de funcionarios y removido a los jefes de agencias independientes, entre otras acciones. Mientras avanza para poner fin a las iniciativas humanitarias respaldadas por Estados Unidos en numerosos países, la administración de Trump ha enviado avisos de terminación de la financiación a organizaciones clave de la comunidad de ayuda global. Los grupos de ayuda global han dicho que la retirada estadounidense pone en peligro las vidas de millones de las personas más vulnerables del mundo, incluidas las que enfrentan enfermedades mortales y las que viven en zonas de conflicto.
