Juristas confirman: "la Generalitat no podrá decidir expulsiones de inmigrantes"
El acuerdo entre el PSOE y Junts para que la Generalitat de Cataluña continúe profundizando en su control de las competencias en inmigración, que es ya un proyecto de ley orgánica que comienza a tramitarse en el Congreso, está condenado a darse de bruces con los límites de nuestro marco constitucional. Las proclamas políticas, en demasiadas ocasiones, no resisten el ojo certero de la ley.
«No habrá una delegación de competencias por parte del Estado a la Generalitat, como están vendiendo», señala a LA RAZÓN Karlos Castilla, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona. Lo que sí supondrá es que la Administración central y la autonómica «compartirán» la gestión de competencias en materia migratoria. «No es lo mismo», insiste el también investigador del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña. La Generalitat solo tendrá capacidad de decisión sobre una parte de los trámites migratorios. «Todo es muy raro a nivel jurídico», admite a este diario.
El Govern solo podrá proponer expulsiones
Se habla de que el Gobierno catalán podrá ordenar expulsiones de extranjeros irregulares. Pero lo cierto es, aclara, que solo podrá incoar propuestas de expulsión del territorio de la comunidad. En ningún caso quedará en manos de la Generalitat dar el visto bueno a una expulsión o su ejecución, dado que es competencia exclusiva del Estado a través de la Delegación del Gobierno. De igual forma, la región solo podrá instruir procesos para echar a aquellos inmigrantes que sean formalmente residentes en Cataluña, no a uno que pase por allí o no esté registrado como un vecino más.
En otro punto del plan legislativo de socialistas y neoconvergentes se dice que la Generalitat, en cambio, sí que podrá ejercer todas las competencias en casos de expulsión que no precisen de expediente, que, aclara este jurista, no son otros que las devoluciones o denegaciones de acceso a territorio español. Hay dos tipos. Por un lado, la salida de los extranjeros sobre los que penda una orden de expulsión y no se hayan ido dentro del plazo que se les da para abandonar el país. Y, por otro lado, el retorno de los extranjeros que entren en España por un punto no autorizado de la frontera con Francia. Siempre y cuando, advierte este docente, que no vengan con una autorización previa a nivel comunitario, el visado Schengen, que faculta para moverse libremente por toda Europa.
Como explica el presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mauricio Valiente, serían «casos muy concretos», ya que la Generalitat solo podría actuar para devolver a un extranjero a territorio francés cuando sean «solicitantes de asilo, que están obligados a permanecer en el país en el que se tramita la demanda de protección». O, bien, detalla Valiente, que también es doctor en Derecho, cuando «los que intenten entrar no tengan documentos o un visado único para Francia, algo poco común».
"El catalán no lo piden ni para la nacionalidad"
En lo que afecta a los permisos de residencia de larga estancia, Carles Puigdemont celebró en los últimos días desde Waterloo que, si sale adelante lo que su formación ha pactado con el PSOE, será un requisito «imprescindible» hablar catalán para «demostrar que estás arraigado en Cataluña». Castilla niega rotundamente que esto pueda llegar a implantarse ya que «los criterios que se valoran para dar una autorización de residencia los establecen la Ley de Extranjería y el reglamento que lo desarrolla». De nuevo, una legislación cien por cien nacional que depende del Consejo de Ministros. «Además de que el catalán no te lo piden ni siquiera para obtener la nacionalidad española». Valiente, por su parte, matiza que el margen que tienen es dar una orientación a los trabajadores sociales, dependientes de los ayuntamientos, para que tengan en cuenta el conocimiento del catalán, pero no será vinculante.
Como último punto, lo único que cambiaría en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) sería «quién lo gestiona», para ser la Generalitat, y «el uniforme de quién trabaja dentro», que pasaría a ser el de los Mossos. Castilla recuerda que el internamiento de un extranjero solo lo puede dictar un juez de instrucción de lo Penal. Por todo ello, al no tener margen para legislar, Cataluña no ejercerá, de momento, funciones de un Estado, como reivindican desde Junts.