Elección judicial en México: ¿una sombra para la inversión?
En apenas tres semanas México entrará nuevamente en tiempos electorales, pero esta vez con un proceso muy peculiar. No veremos los típicos anuncios partidistas saturando la televisión ni las avenidas tapizadas con lonas de candidatos sonrientes.
En esta ocasión, el proceso electoral será discreto, pero muy trascendente: la elección de ministros, magistrados y jueces que conformarán el renovado Poder Judicial.
Desde el Zócalo capitalino, la presidenta Claudia Sheinbaum pondrá hoy el mismo el tema sobre la mesa, probablemente actualizando cifras sobre candidatos, puestos vacantes y reafirmando su postura sobre las ventajas de esta novedosa modalidad de selección.
Las campañas culminarán el próximo 28 de mayo, y los ciudadanos acudirán a las urnas el domingo 1 de junio.
Sin embargo, existe gran escepticismo sobre la participación ciudadana debido a la poca difusión del proceso, la complejidad para entender un mecanismo nuevo, y papeletas que estarán llenas de nombres que resultarán prácticamente desconocidos para la mayoría de los votantes.
La encuesta más reciente publicada por El Financiero reveló un dato inquietante: el 55% de los mexicanos desconoce totalmente o tiene una vaga idea sobre cómo funcionará esta elección judicial. Ante esta incertidumbre, se prevé una baja participación ciudadana y una alta dependencia a la movilización de los partidos políticos, especialmente Morena y sus aliados, quienes podrían orientar y movilizar el voto mediante estructuras organizadas.
Esta posibilidad de interferencia partidista ha encendido focos rojos en el sector empresarial e inversionistas, quienes ven en este factor una amenaza clara a la independencia judicial.
La probable politización del proceso genera nerviosismo y dudas en el ámbito económico.
De hecho, las compañías ya están tomando medidas preventivas frente a la incertidumbre. Como una respuesta anticipada a un Poder Judicial potencialmente comprometido políticamente, muchas empresas planean apoyarse en la recientemente aprobada Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, vigente desde enero del año pasado, que contempla métodos como la mediación y arbitrajes privados para resolver disputas comerciales o de otro tipo.
Esta legislación ofrece opciones modernas como la solución electrónica descentralizada de conflictos, un procedimiento automatizado que permite gestionar diferencias mediante sistemas digitales, evitando la intervención directa de los tribunales tradicionales.
Además, las empresas de mayor tamaño probablemente recurrirán a jurisdicciones internacionales o arbitrajes extranjeros para proteger la validez y seguridad jurídica de sus contratos. Esto ha impulsado a despachos jurídicos y asesores especializados a intensificar sus servicios y recomendaciones hacia este tipo de mecanismos.
La incertidumbre sobre el desenlace de esta inédita reforma judicial comienza ya a sentirse en los pasillos de la iniciativa privada. Empresarios y analistas económicos coinciden en que el factor más preocupante es la posible pérdida de independencia judicial, que podría desembocar en un sistema menos confiable y sujeto a presiones externas.
En este contexto, diversos sectores económicos han advertido que la inseguridad jurídica derivada de esta elección podría traducirse en una menor inversión nacional y extranjera durante este primer año del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum. Esto ya está ocurriendo.
La caída de la inversión fija bruta en el último trimestre del año pasado, de 3.2 por ciento en promedio a tasa anual, fue la mayor desde el primer trimestre del 2021, cuando descendió 4.4 por ciento.
De agravarse este comportamiento, podríamos enfrentar un año complicado con una desaceleración económica significativa.
Por ahora, México transita por terreno desconocido. Es temprano aún para definir con precisión hasta qué punto la reforma judicial influirá en la actividad económica del país. No obstante, es claro que la incertidumbre que rodea este proceso electoral se suma a otros factores de riesgo económico, como el tema de los aranceles, propiciando que se dejen en pausa diversos proyectos de inversión, a pesar de los anuncios hechos por diversas empresas en la conferencia mañanera.
¿Logrará esta reforma dotar, como se argumenta por sus promotores, de mayor justicia e imparcialidad al sistema judicial mexicano, o por el contrario, profundizará la desconfianza y alejará aún más a los inversionistas?
Mientras la respuesta permanece en el aire, la economía nacional espera expectante, intentando descifrar cuál será la dirección final de esta arriesgada apuesta política.