Caso Cariola: oficialismo reafirma apoyo y oposición alista censura contra mesa de la Cámara

Continúa la polémica por las indagatorias en contra de la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola, que comenzaron a raíz del caso Sierra Bella.

Este fin de semana, la propia diputada del Partido Comunista (PC) subió un mensaje a sus redes sociales en el que informó que acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el allanamiento que realizaron efectivos de la PDI a su domicilio, el mismo día en que tuvo a su primer hijo.

“Tanto mi hijo Borja como yo fuimos víctimas de una gran violación de nuestros derechos, ya que, a tan solo horas de mi parto, organismos públicos del Estado de Chile decidieron allanar nuestra casa, invadir nuestro espacio privado, poniendo en riesgo nuestra integridad física y psicológica”, dijo la parlamentaria.

Cariola aseguró que se está cometiendo una injusticia en su contra y que en el registro de los chats que sostuvo con la ex alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, no se pone en evidencia un delito.

En un principio, las conversaciones fueron periciadas para hallar pistas sobre la compra de la clínica Sierra Bella, pero luego, se encontraron intercambios en que la presidenta de la Cámara de Diputados le habría pedido a la autoridad comunal, interceder para que se le otorgara una patente de alcholes a un empresario chino.

Ante ese escenario, la defensa de Cariola, encabezada por el abogado Juan Carlos Manríquez, interpuso un recurso de nulidad en contra del allanamiento a su domicilio, acusando que existieron desprolijidades en la investigación.

“Una cadena de errores, desprolijidades, omisiones y faltas, llevó a que un informe policial incompleto, erróneo, mal terminado, mal facturado y con conclusiones equivocadas y confusas; movieran a que la Fiscalía solicitara la medida intrusiva de incautación del teléfono de la tercera autoridad de la República, la presidenta de la Cámara, diputada Cariola”, señaló Manríquez en un escrito presentado en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

En paralelo a estas acciones, la oposición ha cuestionado que Cariola siga en su puesto de presidenta de la Cámara. El diputado de la UDI, Henry Leal, advirtió que su bancada esperara hasta este lunes para que la militante comunista renuncie al cargo. De no hacerlo, presentaran una censura a la mesa.

“Creo que la investigación que está en curso es grave, ella tiene todo el derecho a defenderse, a demostrar su inocencia, pero mientras tanto, por una señal de transparencia, tal como se hizo en su momento con la diputada Pérez que dejó la testera, corresponde que ella lo haga. Si no lo hace, nosotros presentaremos la censura el día martes”, indicó Leal.

El diputado de Renovación Nacional (RN), Andrés Celis, coincidió con el militante de la UDI en que Cariola no puede seguir a cargo de la Cámara de Diputados. Además, anunció que esta semana presentará una querella por tráfico de influencias.

A su juicio, “hay numerosos elementos, antecedentes, fundamentos que hacen al menos presumir que la presidenta de la Cámara de Diputados sí intervinó, sí utilizó su cargo de presidenta para beneficiar a este empresario chino a través de la ex alcaldesa de Santiago y eso tiene nombre y apellido: tráfico de influencias”.

“Por lo mismo, nos vamos a querellar porque creemos que en nuestro país tiene que primar la probidad y la transparencia”, sostuvo.

“Esto es un punto político”

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la diputada de la bancada PPD e integrante de la Comisión de Ética, Helia Molina, contradijo la posición de los parlamentarios de derecha e incluso, puso en duda sus motivaciones.

“Yo creo que esto es un punto político que quiere hacer la oposición para poder bajar la mesa actual que fue elegida democráticamente, por amplia mayoría. En este minuto no hay ningún elemento judicial o culposo que yo tenga antecedente, por lo menos, para poder hacer lo que pretende hacer la derecha. Lo pueden hacer igual porque cualquiera puede censurar la mesa, pero a mí me parece un acto político, un acto sucio, además, en un momento en que ella no está en condiciones de defenderse ni preocuparse mucho del tema”, expresó.

De todas maneras, Molina también enfatizó en que no representa la posición de la Comisión de Ética y que esta instancia todavía tiene que revisar los detalles del caso.

“Yo no quiero ser irresponsable, tampoco quiero ser obsecuente, solamente quiero ser objetiva y en este momento yo no tengo ningún elemento objetivo ni para bajar la mesa ni para hacerle ningún tipo de denuncia a la diputada, mientras yo no escuche explicaciones de ambos lados”, agregó.

También desde el oficialismo, el diputado del Frente Amplio (FA), Diego Ibáñez, respaldó la decisión de Cariola de recurrir a la CIDH y recalcó, al igual que otras figuras políticas, lo desafortunado de que el allanamiento se produjera el mismo día en que estaba en trabajo de parto.

“En Chile rige el principio de igualdad ante la ley y todos están sometidos a procedimientos investigativos, sea cual sea el cargo que ostente. Sin perjuicio de aquello, creemos que no es positivo el momento en que se hizo este allanamiento, creemos que es injusto desde el punto de vista de que ella estaba viviendo su maternidad, podía haber sido mucho antes o mucho después”, estimó.

“Respecto de los recursos que ella presenta, tiene todo el derecho como cualquier ciudadano a acudir a las instituciones que ella declare pertinentes para hacer valer sus derechos”, aseveró.