La UCO estudia las facturas que delatan la trama del fuel de Aldama desveladas por La Razón
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analiza ya las miles de facturas aportadas a la causa que sigue la Audiencia Nacional por la trama del fuel y que desveló LA RAZÓN. El magistrado que investiga esta presunta organización criminal ha solicitado a la Guardia Civil que estudie detenidamente estas fuentes de prueba que ha entregado Carmen Pano, la empresaria que dice que llevó 90.000 euros a Ferraz, y que acotarían la dinámica defraudadora.
Fuentes de la investigación confirman a este medio que el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha encargado un informe a los investigadores sobre toda esta documental que incluye facturas y albaranes de las empresas de la trama. El objetivo es analizar el contenido de este material que estrecharía el cerco sobre los presuntos cabecillas de la red: el empresario petrolero Claudio Rivas y el conseguidor del caso Koldo, Víctor de Aldama.
Pano, que está investigada en el procedimiento por sus vínculos con una de las mercantiles de la red, entregó centenares de albaranes del ejercicio 2021. Se trata de facturas que atañen principalmente a las sociedades Olivia Petroleum y Grufium Combustibles, esta última controlada por Claudio Rivas. Las facturas contemplan la compra venta de petróleo entre la primera compañía (a la que Hacienda investigó en 2021 por un presunto fraude 40,3 millones por impagos en el IVA) y Grufium. Se trata de cuantías en su mayoría pequeñas -oscilan entre los 4.000 y los 40.000 euros-, según esta documental que especifica que la actividad está exenta del pago de este impuesto.
Entramado de Claudio Rivas
En algunas se apela a la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido y, en concreto, al artículo 22, que contempla todas las actividades que están exentas de la aplicación del IVA. Entre las mercantiles que aparecen en los documentos destaca, además, Bludger Combustibles, con sede en Las Rozas y cuyo titular real es, también, Claudio Rivas. Las facturas de estas últimas sí contemplan el correcto pago del IVA, aunque la UCO las incluye dentro de la maraña de sociedades que los cabecillas de la red emplearon "para perfeccionar el fraude y canalizar los fondos de procedencia delictiva".
Además de las facturas, Pano entregó infinidad de albaranes relativos a la retirada combustible, en los que figuran como administradores de empresas de la red, como es el caso de Grufium. Estos documentos llevan el sello de Exolum (antigua Campsa y actual Compañía Logística de Hidrocarburos). Se trata de una de las principales empresas de depósitos fiscales donde se almacena el combustible y que firmó un contrato con Villafuel (empresa clave de la trama) que le permitió a esta última operar al por mayor e impulsar su presunta operativa fraudulenta.
La Fiscalía Anticorrupción se querelló contra un total de 34 personas físicas y 48 jurídicas, entre ellas la matriz de todo el entramado, Still Growing, y dos mercantiles vinculadas a Víctor de Aldama. El fiscal pidió a la Audiencia Nacional que abriera causa contra ellos por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental y estimó un fraude inicial de 182 millones de euros.
La querella explicó que el fraude consistió en la simulación de transmisión en régimen suspensivo de combustible desde Villafuel a sociedades interpuestas cuando, en realidad, lo vendía a clientes finales. Entre dichas sociedades interpuestas, el Ministerio Público identificó a Canary Island Fuel Company S.L, Casmar Hidrocarburos, Obail o Carburantes Jalón Plaza S.L; empresa esta última que también aparece entre la vasta documental entregada por Carmen Pano a la Justicia y que ahora analiza la Guardia Civil.
La querella de Anticorrupción
Estas empresas -a cuyo frente colocaron a testaferros- recibieron un gran volumen de fondos de distribuidores al por menor que acabaron transferidos para la compra de combustible. Estas sociedades fueron las que, en su inmensa mayoría, no ingresaron las cuotas del IVA repercutidas. Se trata de una dinámica muy común en este tipo de fraudes en los que, al eludir este impuesto, venden el fuel a pérdidas y a un precio muy menor. Cuando toca regularizar el pago de los impuestos a los siguientes meses, estas sociedades cierran sin dejar rastro y dejan el pufo a Hacienda.
La documental constata con la tesis de Anticorrupción, que sostiene que cerca del 99% del negocio de Villafuel defraudó el IVA con la venta del fuel a sus clientes reales (como fue el caso de Olivia Petroleum). Además, pone el foco en la licencia que le otorgó el Ejecutivo de Pedro Sánchez en septiembre de 2022 para operar al por mayor porque le permitió suscribir el contrato con Exolum y transmitir el petróleo desde este depósito fiscal. La UCO detalla al respecto que Hacienda ha acreditado que los verdaderos compradores de petróleo acudían directamente a Exolum para retirarlo.
Además, especifica que dicha licencia le permitió poner en marcha la dinámica delictiva puesto puesto que fue a partir de ahí cuando comenzó el fraude. El 21% del IVA que tenían que haber pagado las empresas de la trama por estas transacciones y que se ahorraron al tratarse de operaciones ficticias, lo utilizaron para rebajar el precio de venta de la gasolina a sus clientes finales y para firmar contratos de asesoramiento que les sirvieron de soporte para desviar los beneficios fuera de España.
La licencia de operador
De hecho, Pedraz libró comisiones europeas tras constatar la Guardia Civil desvío de fondos a empresas en el extranjero por un importe cercano a los 74 millones de euros. De ese monto, 68 fueron a parar a Portugal, si bien también localizaron desvíos a China. Posteriormente, parte de dichos fondos retornaron a España en forma de inversiones inmobiliarias y en consumo privado, de ahí que la causa indague también un delito de blanqueo. Los principales beneficiados de esta dinámica fueron Víctor de Aldama y su socio Rivas.
Las sospechas de los investigadores cobran fuerza ahora con todo este material de especial validez aportado por Carmen Pano y que puede impulsar la investigación penal. Mientras tanto, el magistrado Pedraz ha ordenado a la UCO que recabe el expediente del Ministerio de Transición Ecológica sobre la empresa Villafuel. De esta forma, el instructor da luz verde a ejecutar la petición de la Fiscalía Anticorrupción, aunque reafirma su negativa, avanzada por este medio, de enviar parte de esta causa al Tribunal Supremo para que se investigue la presunta implicación de José Luis Ábalos.
La confesión de Carmen Pano
Mientras tanto continúa la ronda de declaraciones de los imputados que arrancó el pasado 5 de marzo con Javier Cillán, contable de Villafuel y presunto cerebro de la trama. De entre todos los interrogatorios cobra especial importancia Carmen Pano, quien comparecerá el 19 de marzo. La empresaria ya declaró ante la Guardia Civil y también en el caso Koldo del Tribunal Supremo detalles de calado para la investigación.
Según expuso, fue ella quien puso en contacto a Rivas con Aldama, a tenor de las influencias de este último en el Gobierno. De hecho, desveló la existencia de una reunión (acreditada por la Guardia Civil) que se celebró en la sede del Ministerio de Industria en enero de 2021 y en la que participó el entonces jefe de gabinete de la ministra Reyes Maroto, Juan Ignacio Díaz Bidart. Dicho encuentro se habría propiciado gracias a la mediación de Aldama y la influencia de Koldo García, asesor del entonces ministro de Transportes, y buscaría agilizar la concesión de la licencia.
Tanto es así que desde Industria se les emplazó a que trasladaran los papeles del trámite a Koldo García y ello a pesar de que la licencia la concedía el Ministerio de Transición Ecológica, comandando en el momento de los hechos por Teresa Ribera. Desde este departamento niegan cualquier trato de favor a Villafuel y matizan que tardó más de la media en conseguir la licencia. Pano, sin embargo, destapó las presuntas irregularidades cometidas por esta presunta organización criminal y desveló además que llevó dinero negro a la sede del PSOE por orden de Aldama. La procedencia de estos 90.000 euros podría estar vinculada a los beneficios obtenidos con esta trama del fuel.