Alerta en la UE por el "insuficiente" control en el reparto de los fondos europeos en España
Tirón de orejas del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea a España por la falta de control en el reparto de los fondos europeos. El organismo comunitario considera que los controles de los fondos de recuperación Next Generation han sido «insuficientes» para asegurar que el reparto se ciñe a las reglas sobre licitaciones públicas y ayudas estatales. Así lo constata en su último informe censor, en el reconoce que aunque los controles que efectúa la Comisión Europea han mejorado desde 2021, denuncian que existen «lagunas de supervisión» y que los sistemas de los Estados también muestran «significativas insuficiencias» a la hora de garantizar que se cumplen estas normas, sobre todo con las licitaciones.
Cinco son los países sobre los que se ciernen las mayores dudas, entre ellos España, que junto a Francia, Italia, República Checa y Croacia, se postulan como los países con los sistemas de control menos eficaces. Todos estos Estados han sembrado de sombras los controles sobre la contratación pública, en los que los auditores detectaron que las autoridades nacionales tenían problemas con la cobertura, la calidad o el calendario de los controles. En el caso de España, señalan «problemas relacionados con la documentación de los controles y el calendario de las auditorías», pese a que las deficiencias son menos «serias» que las detectadas en Francia y República Checa.
En el caso de los controles sobre la contratación pública, los auditores detectaron que las autoridades nacionales tenían problemas con la cobertura, la calidad o el calendario de los controles. Los auditores critican también que los países de la UE no siempre recuperaron el dinero adeudado por los beneficiarios finales cuando hubo infracciones o lo hicieron solo en parte, además de que los fondos no se devolvieron al presupuesto de la UE ni se dedujeron de futuros pagos del fondo de recuperación. Sin embargo, la Comisión señala que los fondos que los países recuperan por irregularidades no tienen que ser devueltos al presupuesto europeo siempre y cuando las reformas e inversiones a las que estaban ligados permanezcan implementadas ya que el cumplimiento de los hitos y objetivos es la "única condición" para el pago.
El Tribunal reconoce que la responsabilidad no es solo de los gobiernos, sino del propio diseño del fondo, según el cual la principal condición para el pago es que los países cumplan satisfactoriamente los hitos y objetivos de sus planes de recuperación, consideran que esto podría reducir el efecto disuasorio de las medidas correctoras. "En la práctica, esto significa que los pagos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia pueden realizarse íntegramente, incluso si se han infringido las normas sobre contratación pública o ayudas estatales", señalan en un comunicado.
La situación "mejora" a juicio de los auditores en el caso de las ayudas estatales, ya que en la mayoría de los países sí había controles y estos cubrían los principales riesgos, aunque el informe puntualiza que los organismos nacionales a cargo de las auditorías, en general, "no tenían garantías" sobre las ayudas estatales cuando se presentaban las solicitudes de pago a la Comisión. El Tribunal de Cuentas lo atribuye en parte a que las normas eran "poco claras" sobre el modo en que los países tenían que comprobar las reglas de contratación pública y ayudas estatales, por lo que las auditorías de la Comisión Europea se centraron inicialmente "en vigilar fraude, corrupción y conflicto de intereses, en lugar de esas normas", recoge Efe.
La Comisión Europea intenta no arrojar piedras contra su propio tejado y apunta que, "pese a las debilidades menores identificadas", todos los pagos efectuados en 2023 se basaron en un "sólido marco de garantías" y recordaron que desde ese año han ido ampliando el alcance de sus controles. En sus conclusiones advierten de que, si se detectan casos graves de fraude o corrupción que no sean corregidos, la Comisión puede intervenir para recuperar los fondos. Aviso a navegantes para España.