¿Un último suspiro para el nepotismo electoral?
Después de lograr la aprobación necesaria de los congresos locales, el martes pasado se consolidó la reforma constitucional que ordena la prohibición del nepotismo electoral y la reelección consecutiva de senadores y diputados. La iniciativa original, presentada por Sheinbaum, ordenaba aplicar la prohibición desde las elecciones intermedias del 2027; sin embargo, las alianzas, desafortunadamente, mandaron la aplicación de las nuevas reglas hasta el 2030.
Con la reforma se prohíbe la herencia y la reelección inmediata de ciertos puestos que abarcan desde la Presidencia de la República hasta gubernaturas, diputaciones federales y locales, senadurías, presidencias municipales, regidurías, sindicaturas, jefaturas de gobierno, alcaldías y concejalías.
Haciendo una regresión rápida de la historia política en nuestro país, encontramos que las raíces del nepotismo inician desde el colonialismo para después robustecerse durante la época del México independiente, en la que los líderes de la época necesitaron rodearse de familiares para consolidar su incipiente poder. Posteriormente, esta práctica se institucionalizó en el porfiriato y desde entonces se ha continuado como algo casi automático en el ejercicio de la función pública. Incluso, en las épocas priistas en las que México fue gobernado por un partido hegemónico que impedía una alternancia en el poder, la oposición utilizó alianzas principalmente familiares para intentar frenar a la mayoría política.
Sin embargo, lo que surgió como necesidad se convirtió en una perversa ambición. Familias enteras se han vinculado a la política, ya sea para fortalecer su poder o para hacerle frente en las boletas, resistiendo con ello la movilidad o transitoriedad que supone la democracia. Cuando la alternancia en el poder fue real, la herencia de cargos se trasmutó para convertirse en un negocio familiar que no sólo perpetúa desigualdades, sino que mina la confianza ciudadana en la democracia y abre la puerta a la ilegalidad.
El reciclaje político que fomenta el nepotismo permite que la corrupción florezca de manera natural. Los vicios humanos se estacionan y potencializan por el transcurso excedente de tiempo en el ejercicio de un cargo público, lo que se traduce en un caldo de cultivo ideal para que surjan complicidades ilegales. Ejemplo de ello fue la “operación enjambre”. Mediante la cual, a inicios del presente sexenio, se capturaron a diversos funcionarios del Estado de México vinculados al crimen organizado con una alianza tan consolidada que supone que dichos funcionarios, o familiares, hubiesen estado en el poder durante un lapso mayor al de un solo periodo electoral.
Ahora, si bien con la reforma actual el avance es innegable, el retraso en su aplicación levanta serias dudas. La propuesta original contemplaba su entrada en vigor en 2027, lo que habría impactado directamente tanto en las elecciones intermedias como en la sucesión de Sheinbaum. Sin embargo, Morena y sus aliados en el Congreso decidieron posponerla hasta el 2030. Y ante este cambio, la pregunta se vuelve inevitable: ¿quién se beneficia del aplazamiento? ¿Es una medida necesaria para dar margen de ajuste o una estrategia para asegurar la continuidad de ciertas élites políticas?
Este retraso ha generado una fractura dentro del oficialismo. Mientras que personas legisladoras afines a Sheinbaum insistían en que la reforma debía aplicarse en 2027, otros sectores del partido, y sobre todo aliados políticos a Morena, argumentaron que debía ser más gradual, generando con ello tensiones políticas e intereses cruzados. Es un paso positivo, sí, pero su fecha de aplicación es un problema que no puede pasarse por alto. Si la voluntad de cambio es real, como dijo la presidenta, desde Morena se debe lograr un punto de encuentro para que en las intermedias se evite la postulación de familiares vinculados a funcionarios actuales.