El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció este domingo la deportación de cerca de 250 personas a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros del siglo XVIII invocada la víspera. El presidente de ese país, Nayib Bukele, se había ofrecido a encarcelarlos en sus prisiones y ha confirmado el internamiento de 238 venezolanos en una prisión de máxima seguridad del país centroamericano.

El líder salvadoreño había solicitado en las últimas semanas a la nueva administración estadounidense el envío de “dos peligrosos líderes” de la pandilla salvadoreña Mara Salvatrucha (MS-13) “y 21 de sus más buscados para que comparezcan ante la justicia en su país”, algo que el jefe de la diplomacia estadounidense afirmó haber cumplido.

A cambio de estas entregas, Rubio detalló en la red social X (antes Twitter) que Bukele ha ofrecido mantener a los deportados, a los que EEUU acusa de ser miembros del Tren de Aragua, declarado por el Gobierno estadounidense como grupo terrorista, “en sus excelentes cárceles a un precio justo”, lo que en su opinión “también ahorrará dinero” a los contribuyentes del país norteamericano.

“Una vez más, el presidente Bukele ha demostrado que no solo es el líder de seguridad más fuerte de nuestra región, sino también un gran amigo de Estados Unidos”, añadió en un comunicado el jefe de la diplomacia estadounidense. Rubio defiende que Donald Trump “está cumpliendo las promesas que le hizo al pueblo estadounidense” y que la expulsión de “cientos de criminales violentos” nunca se habría dado bajo ningún otro mandatario estadounidense.

Bukele confirmó la llegada de los 238 venezolanos a través de un mensaje en la misma red social, así como su “inmediata” transferencia a la prisión denominada Centro de Confinamiento del Terrorismo por un periodo de un año.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha calificado a estos supuestos integrantes del Tren de Aragua de “monstruos” y ha agradecido a Bukele el apoyo prestado en un mensaje publicado en su red social Truth Social: “Estos son los monstruos que el corrupto Joe Biden y los demócratas de izquierda radical enviaron a nuestro país. ¡Cómo se atreven!”, afirmó, antes de agradecer la “comprensión” de Bukele: “¡No lo olvidaremos!”.

Trump se enfrenta a la justicia

Para acelerar las deportaciones contra estos presuntos miembros de la organización venezolana Tren de Aragua, Trump decidió este sábado aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros, que se remonta a 1798 y que no había sido invocada desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Es una autoridad que en tiempos de guerra permite detener o deportar a los ciudadanos de una nación enemiga sin audiencia previa y, bajo la misma, todos los venezolanos mayores de 14 años que se considere que pertenezcan a esa banda, se encuentren en EE.UU. y no estén naturalizados o sean residentes permanentes legales están sujetos a ser detenidos, retenidos y expulsados en calidad de enemigos extranjeros.

Poco después, un juez federal de Washington, el magistrado James Boasberg, había emitido una orden para bloquear cautelarmente la deportación de cualquier persona migrante bajo esta ley de hace tres siglos. Tras ello, amplió su veto para cubrir a todos los migrantes bajo custodia de Estados Unidos que estarían sujetos a dicha normativa.

El magistrado obligaba en esta orden, que estará en vigor durante 14 días o hasta nuevo aviso, a que todo avión con esas personas a bordo, que fuera a despegar o que estuviera en el aire, fuera obligado a volver a Estados Unidos, algo que no ha ocurrido en esta ocasión. Según publica el diario digital estadounidense Axios, la Casa Blanca ha ignorado de forma consciente esta orden judicial, citando como fuente un alto funcionario de la administración Trump, que señala que el asunto llegará al Tribunal Supremo.

De acuerdo con Axios, los asesores de Trump sostienen que el juez federal James Boasberg se extralimitó en su autoridad al emitir esta orden, aunque otra fuente defiende la actuación de la Casa Blanca alegando que la orden judicial llegó “demasiado tarde” para que los aviones pudieran cambiar su rumbo y que su administración no está “desafiando activamente” las órdenes de un tribunal. Lo cierto es que, como señalaba un activista estadounidense que hace seguimiento a asuntos relacionados con la inmigración, en el momento de emisión de la orden los vuelos aún no habían aterrizado en El Salvador.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ya ha solicitado al Ejecutivo estadounidense que demuestre que estas deportaciones no han violado el bloqueo judicial emitido el sábado contra la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros. “Hemos pedido al gobierno que le asegure al Tribunal que su orden no fue violada y estamos esperando la audiencia, además de intentar realizar nuestra propia investigación”, detallába en un comunicado recogido por EFE el abogado principal de la ACLU, Lee Gelernt.

Según establece el escrito firmado por Donald Trump, se quiere usar la ley para perseguir a los migrantes venezolanos relacionados con el Tren de Aragua, pero como publicaba en febrero EFE al menos tres personas de nacionalidad venezolana han sido detenidas bajo el argumento de estar relacionadas con la banda criminal a pesar de que sus familiares denuncian lo contrario. Dichas personas fueron enviadas a Guantánamo y no tienen antecedentes penales que las asocie con el Tren de Aragua, algo que sí asegura el gobierno, que no ha dado información pública sobre los detenidos en la isla. El único rasgo común que compartían los tres hombres detenidos es que tenían tatuajes.

Caracas rechaza las deportaciones

El Gobierno venezolano ha rechazado este mismo domingo la decisión del presidente estadounidense y considera que “criminaliza, de forma infame e injusta”, a los migrantes venezolanos. Mediante un comunicado emitido por la cancillería del país latinoamericano, Venezuela ha expresado su contundente rechazo al uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, que califica de “ley anacrónica, violatoria de los derechos humanos e ilegal”.

El Ejecutivo liderado por Nicolás Maduro considera que esta decisión “evoca los episodios más oscuros de la historia de la humanidad” y denuncia una “persecución” sobre los venezolanos en Estados Unidos. “Nunca en la historia se había llegado al extremo de pretender calificar en un documento oficial y de manera sumaria a niños como miembros de grupos terroristas”, enfatiza la cancillería en el comunicado.

“No son terroristas, no son criminales ni 'enemigos extranjeros'. Son víctimas”, defiende el gobierno bolivariano, que acusa además a los dirigentes opositores de solicitar “una y otra vez” la aplicación de medidas“ unilaterales”, así como de crear una “red criminal de coyotes”. Además, insiste en que los venezolanos que abandonaron el país lo hicieron para buscar “alternativas de vida” y por razones económicas cuya causa atribuye al “bloqueo criminal” ejercido sobre Venezuela por Estados Unidos.

“No existirá espacio en la institucionalidad multilateral y en sus relaciones bilaterales a los que Venezuela no acuda para defender exhaustivamente los derechos de sus migrantes”, añade el comunicado, en el que se avanza que Venezuela acudirá a instituciones internacionales para hacer frente a una decisión que considera “un precedente peligroso” contra toda la región.