Inquietud en Senegal por la colosal mina itinerante que engulle su desierto

Con un estruendo ensordecedor, "la mayor draga minera del mundo" y una colosal fábrica flotante engullen las dunas del desierto de Lompoul en Senegal, en una imagen digna de la película "Dune", cuyas consecuencias medioambientales, sociales y económicas causan creciente inquietud.

Día y noche, ambas máquinas gigantes aspiran la preciosa arena mineralizada de las dunas de este desierto excepcional. Antes habían devorado el material contenido en las fértiles tierras agrícolas vecinas que producen la mayoría de las verduras frescas consumidas en Senegal.

La draga móvil se desplaza con la fábrica flotante a un lago artificial de agua de medio kilómetro, aspirando 7.000 toneladas por hora de arena y agua mezcladas, un agua extraída a más de 450 metros de profundidad.

Esta mina itinerante y gigantesca del grupo minero francés Eramet causó desde de 2014 el desplazamiento de miles de habitantes y campesinos en esta región agrícola que tiene frágiles ecosistemas.

También engulló kilómetros de tierras a lo largo de la costa atlántica del país. El impresionante trazado del avance de la mina es visible desde el espacio.

Es la historia de "la desesperanza y la desilusión que tuvimos con ese proyecto", dijo a AFP Gora Gaye, de 47 años, alcalde de la comunidad rural de Diokul Diawrigne, que comprende el magnífico desierto de Lompoul, uno de los más pequeños del mundo, un ecosistema único de dunas barrido por la brisa del océano.

Este activo del ecoturismo en este país está ahora desfigurado por la mina.

Desde 2014, el grupo minero explota estas dunas --utilizando "la mayor draga minera del mundo" según Eramet-- para extraer minerales (zircón, ilmenita, rutilo et leucoxeno), exportados a través del mundo para el mercado de la construcción y sus derivados, la metalurgia, la cerámica.

Un equipo de AFP tuvo acceso excepcional a las instalaciones de la mina, compuesta por la draga, la fábrica flotante de separación de arenas mineralizadas y no mineralizadas, de otra fábrica que separa los diferentes minerales por selección magnética y electroestática, de un sector de ferrocarril privado hasta el puerto de Dakar, así como viviendas, oficinas y carreteras donde circulan vehículos todoterreno. Una actividad frenética que contrasta con la calma de esta región, donde cohabitan dromedarios, serpientes y pájaros marinos.

Durante años, la suerte de los habitantes desplazados y su movilización para denunciar el acaparamiento de tierras y el sistema de compensación "insignificante" fueron poco escuchados, e incluso silenciados en beneficio de autoridades locales y nacionales cómplices, denuncian los detractores de la mina.

- Ecosistema único -

Pero la controversia adquirió recientemente una magnitud nacional cuando la mina entró a la zona del desierto de Lompoul (norte).

Al lado de los campesinos, representantes locales y empresarios en su mayoría del sector turístico, denunciaron el impacto de esas actividades.

A fines de enero, el presidente senegalés, Bassirou Diomaye Faye, hizo duras declaraciones en el consejo de ministros sobre la industria extractiva.

"La explotación de los recursos mineros en varias localidades del país no participa activamente en el desarrollo territorial y no beneficia a la población locales", advirtió.

En el consejo del 12 de marzo, el presidente dio instrucciones a sus ministros sobre la "transparencia en la administración de los recursos naturales", pidiéndoles "velar para la gestión óptima de los impactos medioambientales y sociales de la explotación minera y petrolera para bienestar de la población".

El Estado de Senegal posee 10% del capital de la filial senegalesa de Eramet, Grande Côte Opérations (GCO), a la que se le dio después el nombre de Eramet Grande Côte (EGC).

El nuevo poder en Senegal, elegido en 2024 con una agenda de ruptura con las prácticas del pasado, es observado de cerca sobre sus eventuales decisiones en torno a las actividades de EGC.

En 2004 las autoridades senegalesas de entonces acordaron esta concesión para explotar allí la codiciada arena mineralizada a un grupo minero en el que el Estado francés tiene una participación del 27% y es el cuarto productor mundial de zircón.

"La mina avanza, la suerte de las personas cuando la mina ha pasado ya no es el problema" de Eramet, dice Cheikh Yves Jacquemain, propietario hotelero franco-senegalés y propietario de un albergue ecológico de carpas tradicionales en el desierto.

A solo 150 metros de su campamento, las dos máquinas trabajan a pleno régimen. Entre los siete sitios de alojamiento turístico de Lompoul, seis aceptaron la indemnización de EGC o una relocalización.

Jacquemain está todavía negociando con EGC con el fin de obtener compensaciones financieras "justas" para sus 40 empleados.

El grupo minero es acusado de "degradar las dunas y los suelos", "amenazar los recursos hídricos", así como la seguridad alimentaria y las actividades económicas.

Las comunidades señalan el deterioro de sus condiciones de vida.

Una de las recriminaciones es un sistema de indemnización considerada "insignificante", con base a un sistema de cálculo nacional que remonta a los años 1970 y valoriza la tierra agrícola con relación a la pérdida irremediable de ingresos provenientes de esas fértiles zonas.

- "Empresa responsable" -

EGC respondió a AFP que, como una "empresa responsable", el grupo indemniza a los habitantes "cinco veces más" por hectárea de terreno sin cultivar que el baremo nacional, y que la compensación media total es de entre 8 y 10 millones de FCFA por hectárea (entre 13.250 y 16.575 dólares).

El alcalde de Diokul Diawrigne declaró a AFP que él y su comunidad rechazaron en 2022 el estudio de impacto ambiental presentado por GCO durante una audiencia pública. Sin embargo, el estudio fue validado a nivel ministerial en aquel momento.

Reconociendo que "al principio" el proyecto minero generó "esperanza" entre la población, sostiene que solo trajo "promesas incumplidas, la destrucción del ecosistema, intimidaciones, desplazamientos catastróficos de aldeas y un retroceso en el desarrollo económico en la zona de Niayes".

Los opositores a la mina temen la alteración de un ecosistema de biodiversidad única, compuesto por cuencas interdunares, verdaderos oasis donde los suelos permitían una agricultura que, hasta hace poco, producía "80% de las verduras frescas consumidas en Senegal".

A lo largo de los años los habitantes desplazados fueron reubicados en "cuatro grandes nuevos pueblos" con servicios básicos. "Hasta la fecha el grupo minero construyó un total de 586 casas e infraestructuras comunitarias (centro de salud, escuela, etc.), afectando a 3.142 personas", señala EGC.

Reunidos en la plaza de Foth, a 120 km al norte de Dakar, un localidad con un conjunto de viviendas de cemento en una zona sin vegetación, Omar Keita y una veintena de jefes de familia desplazados expresan su indignación.

"Queremos volver a nuestras tierras y que reconstruyan nuestro pueblo para recuperar nuestra vida de antes. ¡Hago un llamado al presidente de Senegal e incluso a Francia!", exclama Omar, de 32 años, con el rostro preocupado.

Apenas se atreve a mostrar la habitación --"prestada por su hermano mayor"-- donde vive "desde hace seis años" con su esposa y sus tres hijos. Ésta está compuesta por una cama, una cómoda y un colchón en el suelo para él. Afirma que no le asignaron una vivienda.

El director general de EGC, Frédéric Zanklan, desmiente estas afirmaciones. "Cada familia es realojada según su composición en el momento del censo", subraya, agregando que si las familias crecen después, "eso no es responsabilidad nuestra".

- Llamado al presidente -

Omar replica que antes de su desplazamiento "tenía (sus) campos y (su) casa".

"El suelo en nuestro pueblo era fértil, pero aquí me veo obligado a trabajar en los campos de otras personas", lamenta.

En el patio de su vivienda, Ibrahima Ba, de 60 años, tampoco oculta su enojo. "Hemos retrocedido en todos los aspectos. Sigo siendo agricultor. La diferencia es que en mi pueblo, la tierra era muy fértil, el agua era dulce y no teníamos ningún problema", destaca.

"Pedimos al presidente Diomaye Faye y a su primer ministro que ayuden a la población de Foth y de Niayes. Creemos que pueden hacer algo porque es un país extranjero el que quiere destruir la vida de los ciudadanos senegaleses", denuncia.

En una entrevista con la AFP, Zanklan declara que la empresa opera "dentro de un marco totalmente legal" y que sus actividades "respetan la convención minera" firmada con el gobierno.

"Es un proyecto que beneficia a Senegal", argumenta.

EGC afirma haber generado 162 millones de dólares en "beneficios económicos" para Senegal en 2023 y haber pagado 27,1 millones de dólares en impuestos, tasas y dividendos sobre una facturación total de 233,60 millones de dólares en 2023.

Destaca además que "cerca de 2.000 personas trabajan en la mina y en las plantas de separación, de las cuales 97% son senegaleses y 48% provienen de la región local", indica.

En 2023 la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (ITIE) clasificó a EGC como el cuarto mayor contribuyente minero al presupuesto del Estado senegalés, subraya.

La empresa también asegura ser "la primera compañía minera en devolver tierras restauradas en Senegal", tras un proceso de rehabilitación constatado por AFP en parte de la zona, donde se plantaron especies arbóreas para diversificar los cultivos.

Sin embargo las comunidades lamentan que las tierras no les sean "devueltas", sino entregadas al Estado senegalés, propietario legal del suelo.

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