La pelea entre los hermanos Zuccardi se expande a otras empresas familiares

La batalla de los hermanos María Cristina y José Alberto Zuccardi por la herencia de una de las bodegas más premiadas del mundo continúa. Ahora, ella pidió el embargo de las acciones de otras empresas familiares -dos constructoras-, mientras exige que se cumpla el fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza que obliga a pagarle u$s 12 millones en concepto de intereses por el reparto de la herencia de su padre, Alberto, quien falleció en 2014 pero dividió sus bienes dos décadas antes de su muerte. 

"Mis padres tenían tres empresas que decidieron distribuir en vida pero no de manera equitativa. La Agrícola (actual Bodega Zuccardi) se la entregaron 100% al varón y las constructoras se distribuyeron con el 22% a cada uno de sus tres hijos", explica María Cristina Zuccardi, en diálogo con El Cronista.

Alberto Victorio Zuccardi y su esposa, Emma Cartellone, eran propietarios de la gran mayoría del paquete accionario de tres sociedades anónimas: La Agrícola, Cimalco y Cimalco Neuquén, que se distribuyeron en 1992.

Ese año comenzaron los problemas familiares, que terminaron en una batalla judicial que empezó, formalmente, en 2018. "Las empresas no se han distribuido de forma equitativa. Yo ahora me he visto obligada a embargar los activos de mi hermano y he embargado las acciones que tiene él en las constructoras familiares", cuenta la demandante, cuyo pedido de embargo fue aceptado por la Justicia.

Según María Cristina, la decisión de embargar las acciones de su hermano en las constructoras se deben a que "José ya no tiene acciones de La Agrícola: se fue deshaciendo de todos sus bienes; se esconde para no cumplir con la sentencia".  

"Cuando se conoce la sentencia de la Justicia de Mendoza, mi hermano empieza a desprenderse de sus bienes. José tenía el 99,7% de las acciones de La Agrícola. Después de la sentencia, ya no tiene más acciones y no quieren exhibir el libro de accionistas. Eso me obligó a ir contra el resto de sus acciones en las empresas familiares", denuncia.

"Se trata de un delito. No se puede movilizar el patrimonio ni con una sentencia ni durante el transcurso de una causa judicial. Por eso, fuimos a la Justicia Penal", agrega. 

María Cristina Zuccardi es una personalidad con nombre propio en la sociedad mendocina. Figura de la política provincial y nacional en los '80 y los '90, fue funcionaria de la Gobernación y diputada nacional en esos años. Durante la gobernación de José Octavio Bordón (1987-1991), creó el Instituto de la Mujer. Su esposo también es un peso pesado en la política: Alberto Flamarique, uno de los artífices del Frepaso y de la Alianza, ministro de Trabajo durante la presidencia de Fernando de la Rúa.

En relación a las acciones de las constructoras, María Cristina asegura que José Zuccardi siempre tuvo el 22% del paquete accionario de ambas empresas pero nunca participó en sus operaciones. "Acá, había una empresa próspera, con futuro, donde todos habían puesto el esfuerzo y esa fue entregada el 100% al varón", reclama, en relación a la bodega.

 En agosto pasado, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza condenó a "Pepe" Zuccardi a pagarle a su hermana u$s 12 millones por considerar "dispar" el reparto de la herencia familiar.

"La sentencia de la Justicia de Mendoza ubica en la resolución cuál es el problema inicial. El tema es una 'legítima violada' y es mi decisión de reclamar, de revisar esa legítima años después de la muerte de mi padre", explica. "Legítima violada" es una figura legal que alude a cuando un testamento no respeta la porción de bienes que le corresponde a los herederos forzosos.

"Yo inicio la acción que reclama la porción de acciones que me hubieran correspondido de La Agrícola (la bodega) si no hubiese estado violentada la legitima por iniciales", cuenta.

Para la mayor de los hermanos Zuccardi, se trata de un tema privado, "que no se debe llevar a la esfera pública". Y que tampoco debería tratar la Corte Suprema de la Nación, ante la cual apeló su hermano.

"La Corte no trata los fondos de los problemas. No hay cuestión Federal afectada. No hay arbitrariedad. Es un tema entre privados. No se puede ir a la Corte por estar en desacuerdo con la sentencia", explica.

María Cristina sostiene que las acciones de las constructoras son asimétricas desde su origen, a diferencia de las de la bodega. "La Agrícola no fue asimétrica. Se la entregaron a mi hermano con una rentabilidad muy alta cuando las otras empresas estaban endeudas", asegura. 

Vaciamiento

La denuncia de María Cristina no sólo es contra José Zuccardi, sino también contra la hija de su hermano, María Julia, y contra Pedro Giovanello, apoderado de La Agrícola y de Viña Santa Julia, y fiduciario del fideicomiso Familia Zuccardi.

La denuncia solicita una medida cautelar o embargo sobre las 112 marcas "transferidas ilegalmente" por José Zuccardi a Viña Santa Julia. Además, pide que se anote la medida y se la comunique "con urgencia" al Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI) y a la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza "a los fines de garantizar el cobro de los montos establecidos por la sentencia".

Asimismo, indica que la presunta acción delictiva se habría realizado antes, durante y luego de la sentencia civil de la Corte Suprema de Justicia del 5 de agosto de 2024, por la que condena exclusivamente a José Alberto y su patrimonio, compuesto, entre otros, precisamente, por las marcas que se habrían transferido.

"Lo que yo pretendo es recuperar el capital que presté en aquel momento y que fue utilizado a favor de una actividad. Simplemente, que se repare la situación original. No pretendo apropiarme de nada posterior", aclara María Cristina.

Además, remarca que su deseo es que "se cumpla con el fallo" y desmiente que la bodega pueda quebrar si se le abonan los u$s 12 millones que reclama. "Es una falencia", afirma.

"Yo, aún, no recibí nada y ya están descalificando la sentencia, como si fuera un tema de género. Esto es una 'legítima violada', independientemente del sexo de los hijos", sostiene.