Las comunidades autónomas están aplicando la ley de vivienda de manera «insatisfactoria e improductiva», según UGT. El sindicato ha presentado este lunes un escrito ante el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para solicitar que abra una investigación sobre la «patente falta de aplicación» de la norma aprobada hace casi dos años. La organización liderada por Pepe Álvarez denuncia que la crisis habitacional está aumentando el riesgo de pobreza de los trabajadores y, por ello, reclama que se analice la «insuficiencia» de medidas puestas en marcha desde las comunidades autónomas, que son quienes tienen el grueso de las competencias, para facilitar el acceso a la vivienda.
«Puede y debe llevarse a cabo una investigación», solicita UGT en su escrito, en el que recuerda que el Defensor del Pueblo tiene facultad para «supervisar» la actividad de las comunidades autónomas y pide al garante de los derechos fundamentales que recabe de los Gobiernos autonómicos información acerca del medidas aplicadas para atajar el problema de la vivienda y cumplimiento de la ley estatal. El sindicato recuerda que el derecho a «disfrutar de una vivienda digna y adecuada» está recogido en la Constitución, que mandata a los poderes públicos a «promover las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho».
Desde la organización sindical apuntan a que la ley de vivienda es el «único instrumento legal existente para contener la subida de precios» de la vivienda y recalcan que se trata de una norma avalada por el Tribunal Constitucional. En concreto, UGT considera que hay dos medidas de esta norma que son claves para atajar la crisis habitacional: por un lado, la declaración de zonas tensionadas allí donde los vecinos dediquen más de un 30% de sus ingresos a la vivienda —incluidos los suministros— o donde los precios hayan subido al menos tres puntos por encima del IPC en los últimos cinco años y, por otro lado, la promoción y construcción de viviendas públicas destinadas al alquiler a precios asequibles.
«Las administraciones llamadas a aplicar estas técnicas o vías de actuación, que son fundamentalmente las comunidades, salvo excepciones escasas se está negando a aplicarlas, posicionándose cuando menos en cierta ‘rebeldía institucional’ y alegando su desacuerdo con leyes del Parlamento, lo que incide de manera directa en que no se aborde el problema y que no pueda hacerse frente a una necesidad de las personas trabajadoras que no pueden acceder a una vivienda», denuncia el escrito presentado por UGT.
El sindicato recuerda que en los últimos años se ha producido un incremento «exponencial» de los precios tanto de las viviendas nuevas y de segunda mano como de los alquileres y subraya que esta situación está provocando un «empobrecimiento» de la población, en especial de personas jóvenes y trabajadoras, dado que los pisos se han encarecido más de lo que han subido los salarios. Desde UGT achacan la escalada de los precios a la escasez de oferta. «La actual construcción de viviendas no puede absorber la demanda de nuevos hogares», recalca el escrito, que también denuncia que apenas las viviendas de alquiler social representan apenas el 3,3% del parque en España, frente al 8% de media europea.
La organización también señala a los fondos ‘buitre’ y grandes propietarios, a los que acusa de ostentar posiciones de ventaja en el mercado y propiciar el encarecimiento de los inmuebles, y a la proliferación de pisos turísticos. De hecho, el escrito recalca que las dificultades para acceder a un techo se redoblan en zonas turísticas como Baleares o Málaga.
UGT destaca que las dificultades para acceder a una vivienda están provocando «un incremento de la desigualdad entre quienes ya tienen una vivienda en propiedad y quienes no». «Esta situación está suponiendo un estrangulamiento social, porque hay una clara emergencia habitacional y aquellos que consiguen acceder a una vivienda destinan más del 30% del salario a la vivienda», expone el texto presentado ante el Defensor del Pueblo, que recuerda que un 42,8% de los inquilinos en España se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, según Eurostat.
En el escrito, el sindicato lamenta que no exista «consenso en la forma de abordar a corto plazo aquello que más está generando un daño social» y advierte que las discrepancias políticas están generando un cuestionamiento social «abrumador» de la acción política e institucional. UGT recalca que el incremento exponencial del precio del acceso a la vivienda debería ser respondido «con eficacia» por las administraciones públicas, lo que denuncian que «no está produciéndose salvo puntuales excepciones aún muy insuficientes».
La presentación de este escrito coincide precisamente con el cumplimiento del primer año en vigor de las zonas tensionadas en Cataluña, la única comunidad junto a País Vasco que ha puesto en marcha este mecanismo. Desde la organización sindical consideran que la solución al problema de la vivienda pasa por que el resto de autonomías sigan estos mismos pasos y activen el tope a los alquileres conforme al índice de precios de referencia del Ministerio de Vivienda en el caso de los inmuebles vacíos o propiedad de grandes tenedores y al contrato anterior en el caso de que el casero sea un pequeño propietario. Estas medidas han permitido bajar el precio de los alquileres un 3,7% en Cataluña, según datos de la Generalitat.
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