El Gobierno cierra un informe para reclamar judicialmente la extinción de la Fundación Franco
El Gobierno ha concluido un informe para solicitar judicialmente la extinción de la Fundación Francisco Franco en aplicación de la ley de memoria democrática, al asegurar que esta entidad hace "apología del franquismo", menosprecia a las víctimas e incita al odio.
El proceso para solicitar la extinción de la Fundación Francisco Franco comenzó hace un año, con el inicio de los trámites por parte del Ministerio de Cultura, de quien depende el protectorado estatal de fundaciones.
A continuación, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática tenía que elaborar un informe para justificar esta petición de extinción por incumplimiento de la ley de memoria democrática.
El informe acaba de ser finalizado y remitido al Ministerio de Cultura, según han confirmado a Efe fuentes del Gobierno, que se limitan a decir que es un texto muy completo que incluye testimonios de víctimas del franquismo y de sus familiares.
No obstante, el Gobierno avanza algunos detalles de su argumentación en una respuesta parlamentaria remitida por escrito a ERC donde asegura que la actividad de la Fundación Francisco Franco y sus fines son contrarios al interés general y constituyen "apología del franquismo".
Además, el Ejecutivo opina que esta fundación menosprecia y humilla a las víctimas e incita al odio o la violencia contra ellas de forma indirecta o indirecta.
Por todo ello, el Gobierno respalda la necesidad de solicitar judicialmente la extinción de la Fundación Francisco Franco y, además, aboga por suspender provisionalmente su actividad hasta que se dicte sentencia.
El Ministerio de Cultura es el encargado de solicitar judicialmente la extinción de la Fundación Francisco, pero antes necesita contar con otro informe de la Abogacía General del Estado.
La previsión es que la solicitud de extinción llegue este año a la justicia, según comentó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante una sesión de control al Gobierno celebrada el pasado mes de marzo en el Congreso.
Los jueces tendrán la última palabra, pero la Fundación Francisco Franco ya auguró hace un año una "dura lucha en los tribunales" y afirmó que la pretensión del Gobierno de acabar con esta entidad es contraria a la Constitución.
De forma paralela, el PSOE presentó una reforma legal para disolver aquellas asociaciones que hagan apología del franquismo, para así tratar de eliminar la posibilidad de que la Fundación Francisco Franco se convierta en una asociación.
Esta reforma legal ha sido completamente transformada por el PP con sus enmiendas en el Senado, pero lo previsible es que el texto vuelva al pleno del Congreso y allí sea aprobado definitivamente en su versión original.