El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el gobierno de Donald Trump dieron un paso firme contra las llamadas "ciudades santuario" en Estados Unidos. Mediante la publicación de una lista oficial que identifica a más de 500 jurisdicciones por no cooperar con las autoridades migratorias federales, buscarían presionar a estos gobiernos locales para que faciliten las redadas y deportaciones de inmigrantes indocumentados, según Los Angeles Times.
Esta acción se enmarca en una estrategia más agresiva para reforzar los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que ha intensificado sus patrullajes y detenciones en estas áreas. La confrontación entre las políticas locales y federales expone la creciente tensión sobre cómo se debe manejar la inmigración en el país.
¿Cuál sería la táctica contra 'ciudades santuario' que se oponen a redadas?
Según reportes de Los Angeles Times, el DHS ha puesto en marcha un mecanismo formal para identificar y notificar a las jurisdicciones catalogadas como "ciudades santuario". Esta lista incluye importantes ciudades y condados como Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Seattle, que adoptaron políticas para limitar la colaboración con ICE, y proteger en muchos casos a inmigrantes sin papeles.
La táctica consiste en utilizar la publicación pública de esta lista para intimidar y aumentar la presión política y legal sobre estos gobiernos locales. Además, el DHS advierte sobre posibles sanciones, que podrían ir desde la pérdida de fondos federales hasta acciones legales, si las autoridades locales no cambian su postura y permiten el acceso de ICE a sus detenidos o facilitan las operaciones migratorias.
¿Cuáles son las acusaciones de ICE a las jurisdicciones locales en EE.UU.?
El director de ICE, Todd Lyons, fue enfático al denunciar que muchas ciudades santuario obstaculizan la labor de la agencia al negarse a transferir a inmigrantes detenidos que enfrentan cargos criminales graves. Según Lyons, estas políticas generan un "riesgo para la seguridad pública" al proteger a delincuentes y dificultar la detención y deportación de individuos que representan una amenaza.
Estas acusaciones se centran en que las jurisdicciones que limitan la cooperación con ICE favorecen la impunidad y ponen en peligro a los residentes y a las fuerzas del orden. Por su parte, los gobiernos locales defienden sus políticas argumentando que buscan fomentar la confianza entre inmigrantes y autoridades, y evitar que las comunidades se conviertan en zonas de miedo o vigilancia excesiva.
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