Fusiles entregados a la PNP no son usados por falta de municiones
Más de 700 fusiles de asaltos que fueron entregados recientemente a la Policía Nacional del Perú como parte de un plan para fortalecer la lucha contra el crimen no pueden ser usados. Según reveló Cuarto poder, estos permanecen almacenados en un local del Rímac porque no se adquirieron las municiones necesarias para su uso.
La compra del armamento fue anunciada a inicios de mayo último por la presidenta Dina Boluarte y Julio Díaz, el entonces ministro del Interior, como una medida urgente ante el incremento de la inseguridad ciudadana. Incluso se indicó que parte del lote sería destinado a la zona de Pataz tras el hallazgo de los cuerpos de los 13 trabajadores mineros secuestrados y asesinados.
Sin embargo, un informe de Contraloría del 20 de mayo, detalla que el Ministerio del Interior no incluyó la compra de las balas necesarias para el uso de estos fusiles. Las pocas municiones disponibles son destinadas a pruebas de campo, volviendo inoperativos a los rifles recién adquiridos.
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Adquisición millonaria, pero sin insumos
La adquisición de los más de 7 mil fusiles calibre 5.56 x 45 mm se realizó mediante la modalidad de encargo con FAME S.A.C., la Fábrica de Armamento del Ejército. El contrato fue firmado el 10 de febrero de este año durante la gestión de Juan José Santiváñez, exministro del Interior. Aunque el costo inicial fue estimado en S/.61 millones, el monto final ascendió a más de S/. 89 millones.
Contraloría indicó que, además del sobrecosto de los fusiles, no se planificó la compra conjunta de las municiones, y mucho menos se iniciaron las gestiones necesarias para adquirirlas. Esto, advierte el informe, pone en riesgo la finalidad pública de la contratación: mejorar la capacidad operativa de la Policía.
Los primeros 700 fusiles ya fueron entregados, pero no son utilizados. Los 6,623 restantes corren la misma suerte si es que no se corrige la situación.
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Posibles responsabilidades y nueva normativa
El órgano de control alertó que no hay existencia de municiones compatibles con los fusiles en los almacenes de la PNP. Además, señaló que la nueva Ley de Contrataciones, que está en vigor desde abril, limita la responsabilidad directa de los altos funcionarios, lo que dificultaría la atribución de consecuencias a quienes se encargaron del proceso.
Especialistas en contrataciones del Estado, consultados por Cuarto Poder, calificaron el hecho como una grave negligencia. Señalaron que en una compra de esta naturaleza, el armamento y los insumos debieron adquirirse de forma paralela. La omisión, comentan, afecta directamente el servicio de seguridad ciudadana.
La Contraloría ya ha emitido la alerta correspondiente para que se tomen medidas urgentes y se evite que el nuevo lote de armas quede inoperativo.