Jueces y fiscales replican al Gobierno que sus críticas a la "ley Bolaños" no son "bulos: "Es una forma burda de deslegitimar la discrepancia"

La mayoría de asociaciones de jueces y fiscales han salido al paso de las acusaciones del Gobierno que califican de "bulos" sus críticas a la reforma de acceso a ambas carreras, la conocida como "ley Bolaños".

En un comunicado, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) recuerdan al Ejecutivo de Pedro Sánchez que es "perfectamente legítimo" que las asociaciones judiciales y fiscales valoren esas reformas "en la medida en que afecten a nuestras condiciones profesionales y a la independencia y autonomía del ejercicio de nuestra función".

Tras reclamar su derecho a valorar esas modificaciones legales, las asociaciones profesionales insisten en que suponen "un retroceso en el respeto a principios constitucionales como el mérito y la capacidad en el acceso a las carreras judicial y fiscal, con grave riesgo para la independencia judicial".

"Expresar nuestra opinión y transmitirla responsablemente a la sociedad y a las carreras alertando de los riesgos implícitos en la norma proyectada no supone difundir información falsa", reivindican. "Consideramos que recurrir a la etiqueta de los "bulos" es una forma burda de deslegitimar la discrepancia en democracia". De hecho, se quejan que desde el Gobierno se "tergiversan" sus objeciones a las reformas "con manipulación interesada" y replican uno a uno esas acusaciones de difundir "bulos".

"Al margen de etiquetas" como "bulo" y "fango"

Ante esas acusaciones, exigen que se les mantenga "al margen de calificaciones o etiquetas como bulo, fango o similares", y se les permita "seguir realizando nuestra función recibiendo el trato respetuoso que dispensamos".

Para el Ejecutivo, por ejemplo -recuerdan- es falso que la nueva norma tenga por finalidad incluir a jueces afines al Gobierno. A este respecto, las asociaciones firmantes replican qeu no afirman que jueces y fiscales sustitutos a los que se pretende incorporar a ambas carreras "serían afines al Gobierno", pero advierten de que "la imagen de su independencia queda tocada en contraposición a quienes accedimos a las carreras por las actuales vías para ello y que, por eso, no debemos el puesto a nadie, solo a nuestro esfuerzo y sacrificio personal".

Además, desmienten que ese proceso de estabilización sea una exigencia europea: "Retamos al Gobierno a que publique esos requerimientos de Europa para que el Gobierno convierta en jueces y fiscales de carrera a los sustitutos. Ya adelantamos que no existen".

Asimismo, niegan que hayan asegurado que la reforma hará desaparecer el actual sistema de oposición -que según el Gobierno se hará incluso más exigente-. "Se modifica, y no para bien, de ahí nuestra reacción", puntualizan antes de defender que "desde luego no lo hace más exigente, como se dice desde el Ejecutivo". "Eliminar un examen teórico (sobre el esencial derecho procesal) para sustituirlo por un supuesto práctico, en vez de prever ambos, reduce el nivel de dificultad, aumenta la subjetividad en la evaluación e incrementa el riesgo de filtraciones", se quejan.

"Acceso arbitrario y sin garantías"

Tampoco comparten la conclusión del Gobierno de que las reformas no perjudican a los opositores. "Reservar plazas estructurales de nueva creación a ese proceso extraordinario las hurta al turno libre y por tanto priva a los opositores de la posibilidad de optar a las mismas", denuncian, creándose ad hoc "plazas reiteradamente demandadas como imprescindibles, reservándose a un acceso arbitrario y sin garantías".

En este punto, sonrojan al Ejecutivo al recordarle que "ha incumplido los acuerdos del 23 de mayo de 2023 por los que desconvocamos una huelga a cambio, precisamente y entre otras cosas, de un aumento de plazas que aún estamos esperando".

Y el cuanto a los cambios en el papel del Centro de Estudios Jurídicos, que según el Gobierno no va a suponer "politizar" a los preparadores-, las asociaciones de jueces y fiscales aseguran que el hecho de que el Ejecutivo "intervenga directamente en la selección de quienes pueden ser jueces y fiscales nunca será un buen sistema".

Nombramiento del fiscal general "sin ningún filtro previo"

Asimismo, critican las restricciones a la financiación privada de las asociaciones, que según exponen "no es garantía de independencia" y afecta a la "pluralidad y la libertad de expresión" dentro de la carrera judicial, cuyos miembros "tienen prohibida por la Constitución el acceso a mecanismos de sindicación". "Es evidente que nuestra operatividad se ve reducida si se limitan las fuentes de financiación sin contemplar incremento de las permitidas", lamentan.

En definitiva, reiteran que la reforma afecta al Estado de Derecho porque, como ya advirtieron, "supone una reforma estructural, de gran calado, que afecta gravemente a principios constitucionales, como la igualdad, el mérito y la capacidad en el acceso a las carreras judicial y fiscal, así como al propio Estado de Derecho, la separación de poderes y, especialmente, a la independencia judicial".

Y en cuanto a las modificaciones que afectan específicamente al Ministerio Público, se muestran contrarios al aumento de competencias del fiscal genera, que "seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo, aumentando aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas (estas sí claras), el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción".