El Gobierno, dispuesto a dialogar con los regantes de Motril para evitar una demanda por ocho millones de euros

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está dispuesto a maniobrar para impedir que la Comunidad de Regantes de Motril y Carchuna, en la Costa Tropical de Granada, demande por vía judicial ocho millones de euros por las supuestas deficiencias en tuberías de la zona. Aunque desde la Subdelegación del Gobierno en Granada han incidido en que el Gobierno «poco tiene que ver» con ese problema y ha admitido que si los regantes quieren acudir a los tribunales «están en su derecho», también ha mostrado su «voluntad de ayudar». El Ejecutivo central ha recordado que se trata de un asunto que se remonta a 2010, año en que se advierte que los tubos de la empresa Uralita «generan problemas». A partir de ahí, entre 2010 y 2016, los problemas que surgen «fueron arreglados en virtud de un acuerdo entre Tragsa y Uralita », han detallado. Con posterioridad, en 2016, Tragsa, que forma parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, presentó una demanda ante los tribunales contra Uralita y por ello se rompe el acuerdo entre ambas. La semana pasada, el secretario de la Comunidad de Regantes de Motril y Carchuna, Manuel Morales , precisó que los ocho millones de euros que reclamarán por vía judicial al Gobierno se derivan del cálculo de la cuantificación de la modernización del 75 por ciento de las tuberías que estos agricultores señalan que Tragsa no ejecutó en su día, y de los daños derivados de las roturas en las canalizaciones que sí sustituyó, las cuales se vienen produciendo «semanalmente».