Rocío Lorca por escuchas telefónicas: “En el Ministerio Público hubo una liviandad respecto de la protección de los derechos de las personas”

En el marco del caso ProCultura, este martes la Corte Suprema emitió el fallo en el que ratificó la ilegalidad de escuchas telefónicas a Josefina Huneeus. Una determinación de la Segunda Sala que abre discusiones respecto del cuidado del Ministerio Público de las investigaciones y del derecho a la privacidad de las personas.

Respecto del fallo, la académica del Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile  Rocío Lorca, en diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, abordó las implicancias en distintas aristas del caso. “Jurídicamente lo que hace es excluir la posibilidad de que se utilicen estas grabaciones por parte del Ministerio Público, porque en el fondo esas grabaciones pasan a ser ilegales. Eso no quiere decir que Josefina Huneeus en este caso nunca vaya a poder ser procesada, pero no se van a poder usar esas grabaciones en un juicio”, explicó.

Por otro lado,  apuntó a que “el fallo es importante porque le pone límites al persecutor en cuanto a cómo tiene que llevar a cabo diligencias intrusivas”.

El fallo de la Corte Suprema pone énfasis en que la medida intrusiva no cumplió con los requisitos establecidos para su uso. “Las resoluciones impugnadas en la acción constitucional impetrada devienen en ilegales, así como la ejecución de las medidas decretadas, y no pueden servir de sustento para una persecución penal en contra de la amparada, transformándose en consecuencia en una amenaza para su libertad personal”, expone el escrito.

Al respecto, Lorca también hizo hincapié en este impacto en el derecho a la privacidad. “A veces las diligencias que lleva el Ministerio Público son lo que llamamos intrusivas, es decir, restringen, limitan, ponen en riesgo o directamente afectan derechos fundamentales de las personas como la intimidad, la privacidad o la libertad en ciertos casos”, aclaró la experta.

Por ello, cuestionó que en el último tiempo, a raíz de casos como el de Josefina Hunneus, “en el Ministerio Público hubo una suerte de liviandad respecto de la protección de los derechos de las personas en el contexto de investigaciones penales”.

En esa línea, ejemplificó su visión apuntando a “una incapacidad en el Ministerio Público para mantener la reserva de las diligencias, para cautelar los derechos de las personas y también diría una decepción en el rol que tienen que jugar también los jueces de garantía, porque son ellos los que tienen que asegurar que el Ministerio Público lleve a cabo esa diligencia de manera responsable”.

Rocío Lorca expresó su preocupación por cómo estos recientes casos afectan también a la democracia. “Deberíamos tener miedo de que nuestros derechos estuvieran tan expuestos, sin ningún nivel de responsabilidad”, manifestó.

“Estamos privilegiando demasiado la seguridad por sobre los derechos de las personas, y eso es una contradicción en términos que la seguridad lo que busca es asegurar que podamos ejercer nuestros derechos“, reflexionó Lorca.

“Es súper importante que nos tomemos en serio la privacidad, sobre todo porque hoy en día, con el desarrollo tecnológico, tenemos la capacidad de acceder a mucha información y creo que no le hemos tomado el peso a cómo afecta, no solo sicológicamente, también materialmente a las posibilidades de vida de las personas”, recalcó la abogada.

A pesar de todo, Lorca descarta una “crisis judicial” ni tampoco considera necesario que existan modificaciones legales en el Ministerio Público. “Lo importante es que le dé garantía a la ciudadanía de que ejercerá sus funciones con cautela, con conciencia del poder que tiene, y que cuando esos límites parecen traspasarse, tomar medidas para prevenir que se exceda en daño a las personas”, expresó.

En el caso particular, la abogada reconoció que esperaba que “el Fiscal Nacional por lo menos le hubiera pedido al fiscal Cooper que informara, hay muchas maneras en que uno puede hacer, antes de llegar a tribunales, para dar cuenta de que la institución tiene un compromiso con la privacidad”.

Aún cuando el caso específico de Josefina Huneeus puede sentar un precedente, Rocío Lorca valoró el fallo de la Corte Suprema porque en su opinión “confirma que en Chile sigue rigiendo el debido proceso, que no se ha acabado el debido proceso, y que el fiscal, que el Ministerio Público, y los jueces tienen que asegurar el cumplimiento de esas normas”.