La agenda comercial de Trump y la subordinación de los países latinoamericanos
Han transcurrido dos meses desde el 2 de abril, el “día de la liberación”, cuando se implementó la subida unilateral de aranceles por parte de Estados Unidos hacia prácticamente todos los países. El gobierno afirmó que el objetivo de estos aranceles era equilibrar el déficit comercial de EE. UU. y corregir el “trato injusto” que el país habría experimentado en el ámbito del comercio internacional.
Hagamos un breve resumen de lo que sucedió desde ese 2 de abril. La incertidumbre que los aranceles generaron en los mercados financieros y en las empresas tuvo impactos catastróficos. Las bolsas de Asia y Europa reaccionaron con fuertes caídas, y Wall Street sufrió su peor jornada en varios años. Para lidiar con los impactos inmediatos de esta medida, el gobierno comenzó a flexibilizar ciertos aranceles, lo cual benefició directamente a las empresas que importan bienes producidos en otros países. Por ejemplo, otorgó exenciones a la importación de productos tecnológicos (teléfonos y computadoras), lo cual benefició directamente a Apple; también componentes clave como petróleo, acero, aluminio, cobre y oro, entre otros.
Este miércoles 4 de junio, la administración Trump espera que todos los gobiernos enumeren sus mejores propuestas en una serie de áreas clave, incluidas las ofertas de aranceles y cuotas para la compra de productos industriales y agrícolas estadounidenses y los planes para remediar cualquier barrera no arancelaria. Las negociaciones fueron a contra reloj y las presiones sobre los países menos industrializados, gigantescas.
La novedad de los últimos días es que la estrategia arancelaria ha sido cuestionada por el sistema judicial estadounidense. El conflicto escaló hacia las cortes, donde se evalúa si la base jurídica que argumentó el gobierno es correcta, o si se debe dar marcha atrás con esta política comercial. El pasado 28 de mayo la Corte de Comercio Internacional de EE. UU. invalidó todas las órdenes de aranceles de Trump desde enero, al menos todas aquellas que están basadas en la Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia (IEEPA). De acuerdo con la Corte, el IEEPA, que es una ley de 1977, no da un nivel tan alto de atribuciones de emergencia al presidente. Recordemos que en EE. UU. el poder sobre el comercio lo tiene el Congreso, no el poder ejecutivo.
Sin embargo, el 29 de mayo, la Corte de Apelaciones del Circuito Federal aceptó suspender temporalmente la decisión de la corte comercial, manteniendo los aranceles mientras se apela. El caos jurídico y político en EE. UU. sobre los aranceles apenas comienza.
La (nula) respuesta de los países latinoamericanos que tienen TLC con EE. UU.
Uno de los puntos más relevantes para analizar, y que tiene impacto en los países de América Latina, es el arancel unilateral aplicado a todos los países: se elevó el gravamen a las importaciones en un 10%. Esto incluyó también a los países que tienen tratados comerciales en vigencia con Estados Unidos.
Recordemos que los llamados tratados de libre comercio (TLC) son instrumentos jurídicos donde los Estados firmantes se comprometen a reducir al mínimo los aranceles bilaterales. Vale la pena aclarar que estos TLC, de todos modos, nunca fueron sólo sobre comercio, sino que incluyen además otros mecanismos de libre mercado en los capítulos de servicios, telecomunicaciones, derechos de propiedad intelectual, compras públicas, inversiones, comercio digital, energía y materias primas, entre otros.
Lo que Trump ha realizado es una violación unilateral de todos los tratados comerciales que tiene EE. UU. Desde 1994 firmó tratados con diez países latinoamericanos: el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) con México y Canadá, el DR-CAFTA con Centroamérica y República Dominicana, además de tratados bilaterales con Chile, Perú, y Colombia. De otros continentes, tiene TLC con Corea del Sur, Australia, Singapur, Bahréin, Omán, Jordania, Marruecos e Israel.
En casi todos los casos donde había un TLC, hemos visto la suba de aranceles por parte del gobierno Trump. Es decir que el gobierno estadounidense violó los tratados de modo unilateral, mientras rompía asimismo uno de los principios implícitos de la Organización Mundial de Comercio (OMC): el de no retroceso. Este principio se basaba en un acuerdo entre todos los miembros de la OMC de que, una vez alcanzados nuevos niveles de liberalización, los aranceles no volverían a elevarse. El objetivo de este principio era lograr una liberalización progresiva. Pero los dos gobiernos de Trump han ido contra este principio y contra los compromisos de EE. UU. en los TLC vigentes.
Pero ¿cuál ha sido la respuesta de los gobiernos latinoamericanos? Hubiera sido esperable que se genere un importante revuelo y la toma de medidas urgentes de represalia para contrarrestar esta política arancelaria. En definitiva, la suba de aranceles implica que los productos de los países de la región se vuelven más caros al ingresar al territorio estadounidense, lo cual es, justamente, uno de los elementos que se pretende evitar al negociar un TLC.
Otra oportunidad perdida
Sin embargo, lo que observamos después del 2 de abril fue más bien la moderación y la falta de medidas concretas. Primó la mesura, incluso en los gobiernos de la región que, al menos programáticamente, tienen una mirada crítica de los TLC, como Chile, Colombia, Honduras, e incluso México. La respuesta fue, más bien, lamentar la situación y anunciar la necesidad de diversificar exportaciones hacia otros destinos. A su vez, tanto Gabriel Boric como Lula da Silva salieron en defensa del libre comercio y del multilateralismo de la OMC, pero de un modo totalmente acrítico. De repente parecía que los líderes latinoamericanos defendían el status quo anterior, el mismo que los llevó a frenar el proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) hace dos décadas y que generó campañas críticas de todos los movimientos sociales continentales.
La violación de un TLC por parte de uno de sus miembros habilita el retorno de la política a la relación bilateral. Es decir que es esperable que el Estado afectado tome medidas de retaliación frente a esta violación. Puede, además, apelar al capítulo de solución de controversias del tratado, que le permite iniciar un panel arbitral (similares a la OMC) donde se demanda a la parte que violentó las cláusulas en primer lugar. Esta no es la única salida que tiene el país afectado. Otra salida puede ser empujar por una renegociación del TLC, donde se abre la posibilidad de rediscutir todos los capítulos, no solo los comerciales. Esta situación permitiría poner en discusión otros capítulos que ya han probado recortar el margen de maniobra para los países latinoamericanos, como los capítulos de inversiones que incluyen el mecanismo de solución de controversias inversor-Estado.
Pero nada de esto sucedió. Más bien fuimos testigos del silencio y de los manotazos de ahogado. Por ejemplo, en enero de 2025 el gobierno colombiano de Gustavo Petro anunció la renegociación del TLC con EE. UU., días antes de la asunción de Trump. Sin embargo, esta “renegociación” solamente implicó la revisión de ocho cláusulas del capítulo de Inversiones. Esto, en vez de exigir una revisión integral del tratado mientras Joe Biden era presidente. Este tipo de tácticas muestran que no existe hoy una estrategia regional; nadie está mirando lo que hace el país de al lado.
Hoy sólo han quedado las cenizas de los proyectos económicos alternativos regionales. La verdad es que los países de la región carecen de una estrategia alternativa, un “Plan B” económico. Esto sucede incluso con los gobiernos que se autodenominan progresistas. Surge la pregunta: si no es el TLC, ¿cuál es la opción? ¿De qué manera pueden las economías latinoamericanas integrarse en el mercado mundial? Esta cuestión es compleja y no tiene una respuesta sencilla. Sin embargo, existen contundentes evidencias de las últimas tres décadas que muestran los efectos adversos de los TLC. Hoy solo quedan los vestigios de las iniciativas económicas alternativas de antaño que ponían el foco en las políticas sociales diseñadas para mitigar algunos de los problemas exacerbados por los propios TLC.
Por Luciana Ghiotto, investigadora del Transnational Institute (TNI)