Desgobierno tras la elección judicial
Como ya se anticipaba, la elección del 1 de junio fue una farsa y el último clavo del ataúd de nuestra democracia. Es ya un hecho consumado. Hemos perdido la división de poderes, controles democráticos para los abusos de poder, y el ejercicio de una larga lista de derechos ciudadanos ha quedado sujeto a la discrecionalidad del régimen. Supuestamente los tenemos, pero la posibilidad de ejercerlos no está garantizada; ya no son derechos que podemos ejercer de manera efectiva y sin miedo a represalias.
La elección del domingo pasado organizada por el INE tiene un agravante particular. Además de ser una simulación y una farsa, esta elección se debe anular por el simple hecho incuestionable que la inducción al voto por los acordeones fue determinante en su resultado. Es decir, el delito de la inducción del voto no fue algo periférico o accesorio, una irregularidad más, sino el factor que determinó la elección de los miembros de la Suprema Corte y seguramente de los miembros del Tribunal Disciplinario Judicial y de los magistrados del Tribunal Electoral. La lista de personas mencionadas en una amplia variedad de los acordeones repartidos por Morena y sus aliados fue exactamente la elegida. Por tanto, la elección judicial debería anularse, pero eso no va a ocurrir. Para eso han hecho la reforma, para que posibilidades como ésta simplemente no existan. Y no existen ni existirán porque el gobierno controla el 100% del Poder Judicial. Con el control total de los tres poderes, este régimen se ha convertido en una tiranía constitucional.
Una vez consumado el atropello, ¿qué perspectivas tiene el país? De entrada, el sistema de procuración de justicia seguirá igual o peor, pues la reforma no toca ni remotamente las causas de tener deficiencias en nuestro sistema judicial y al menos teníamos jueces de carrera. La reforma no toca las fiscalías, los procedimientos judiciales ni los sistemas penitenciarios. Quizás haya más gente en la cárcel, al estilo Bukele, pero sin un debido proceso ni procurando la justicia.
Lo que sigue es un deterioro aún mayor del Estado de derecho. Un caos, desgobierno. Las leyes no serán ya el andamiaje que como sociedad nos permita funcionar más o menos en un marco jurídico para todos. La discrecionalidad de la aplicación o no de la ley, la incertidumbre de lo que se puede esperar con un marco jurídico endeble y en descomposición, deteriora todavía más nuestro Estado de derecho.
El desgobierno también contribuye al estancamiento económico y éste lo realimenta. No en el futuro, sino ya lo estamos viviendo. Desde hace 7 años, la disponibilidad de bienes y servicios para la población es cada vez menor; el dinero que tenemos para reponer el desgaste de nuestra casa, auto o ropa es mucho menos que antes.
Es decir, el PIB per cápita cada vez es menor. Con el deterioro del Estado de derecho, todo se vuelve más caro e ineficiente. Por ejemplo, los inversionistas requieren más garantías o subsidios para invertir. Si no los tienen, invierten en otro lugar. Por eso las perspectivas económicas de expertos, organismos internacionales y del mismo Banco de México apuntan a un estancamiento prolongado. No es noticia, simplemente corroboración de lo que se sembró al detener la inversión privada en México desde la cancelación del NAIM a fines de 2018.
La base social de la 4T depende de los dineros que les lleguen a las familias en ayudas a través de programas sociales, remesas o derrama de dinero criminal. Conforme la economía se estanca, las fuentes de ingresos públicos se achican, se estrechan, y el gobierno tiene que recurrir a más deuda para hacer llegar recursos a esa base social que Morena y la 4T han convertido también en base electoral útil al régimen. ¿Por cuánto tiempo? Puede seguir mientras los mercados estén dispuestos a aceptar nueva deuda del gobierno mexicano, mientras las tasas de interés en México sean elevadas para convencer a los ahorradores a poner su dinero en Cetes, en lugar de invertir en capital productivo.
El desgobierno también significa la no resolución de problemas de todo tipo. Los más elementales, como la inseguridad o el acceso a agua y energía, están en entredicho. Los mexicanos han demostrado su capacidad de resistir el maltrato y la inseguridad, y soportar la pérdida de cientos de miles de compatriotas de manera violenta o por la falta de medicamentos y vacunas. ¿Por cuánto tiempo? ¿Ya nos acostumbramos? ¿Y la extorsión, los robos y los secuestros? La población ha aguantado mucho, y en ocasiones reacciona. Por ejemplo, cada vez más gente se desplaza de su lugar de origen para huir de la violencia y la inseguridad.
El desgobierno implica también que los problemas no se resuelven, sino que más bien se agravan. Cada vez es más notorio el estrés hídrico que afecta a más población por falta de inversión y previsión adecuadas. El caso de la energía es también insostenible en el mediano y largo plazo, a menos que se modifique la política energética en general y de Pemex y CFE en lo particular.
El deterioro es visible en lo cotidiano. Por ejemplo, en la falta de mantenimiento de nuestras viviendas, de la infraestructura básica como carreteras, del acceso a servicios públicos de primera necesidad como la calidad de las escuelas y de la enseñanza, del acceso al sistema de salud y del abasto de medicamentos. Se aprecia también en el alza de la mortalidad materna y la incidencia de enfermedades que ya estaban erradicadas, como el sarampión.
Las consecuencias de golpear el Estado de derecho y de cambiar el régimen político para concentrar brutalmente el poder, sin consenso social ni por un proceso democrático que refleje lo que quiere la sociedad, son el desconcierto y la ineficacia del accionar público en prácticamente todas las áreas, muchas castigadas por la falta de recursos de la “austeridad republicana”. La ineficacia del gobierno en el diseño y ejecución de la política pública, evidente en los megaproyectos de López Obrador y en la destrucción de activos públicos como el NAIM, simplemente perpetúa el deterioro económico y social.
El crimen de acabar con la democracia perpetrado por López Obrador, Claudia Sheinbaum y sus seguidores de Morena ya tiene consecuencias visibles y perdurables. Al no contar con mecanismos democráticos, ¿cuánto tendrá que soportar la sociedad mexicana para castigar al gobierno ineficaz y corrupto y escoger el gobierno que desee? La cooptación y control del Poder Judicial el domingo pasado fue el último golpe a nuestra endeble democracia y la división de poderes, y con ello los mexicanos hemos perdido, en los hechos, la oportunidad de elegir a nuestros gobernantes por medio de las urnas en elecciones limpias y creíbles.