El Gobierno duda de la sostenibilidad de reforma de las pensiones de Escrivá y pide a la Airef un informe adicional
El Gobierno no se fía de la reforma de las pensiones impulsada por el exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y ha pedido a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) un informe adicional en el que se analice sus sostenibilidad en el medio y el largo plazo, que tenga en cuenta las últimas previsiones macroeconómicas, las pasadas y las futuras, que permita hacer una valoración de la evolución de la reforma en base a esos datos.
Así consta en un proyecto de real decreto sometido a audiencia pública y que modifica aspectos de las evaluaciones que debe hacer la AIReF, entre ellas este que debe tener en cuenta "los grandes shocks en los datos definitivos macroeconómicos de los últimos años" y disponer de "suficientes datos" para evaluar las reformas económicas que se han hecho.
La propia reforma de las pensiones estableció que, cada tres años, la AIReF debía evaluar si la diferencia entre el gasto en pensiones y las previsiones de ingresos con las medidas adoptadas no supera un determinado umbral, el 13,3 % del PIB, que obligaría a tomar medidas adicionales.
La AIReF presentó el pasado 31 de marzo su primer informe de evaluación donde constataba que la reforma se ajustaba a esa regla de gasto, aunque alertaba de que la sostenibilidad del sistema de pensiones no había mejorado y cuestionaba esta metodología fijada por el Gobierno para evaluar la reforma.
Fuentes del Ministerio de Seguridad Social explican que, en línea con las recomendaciones de la AIReF y la Comisión Europea, el Gobierno ha pedido este informe adicional "en un ejercicio de responsabilidad y transparencia". Este ejercicio, añaden las mismas fuentes, permitirá tener en cuenta las "revisiones y datos de crecimiento y empleo más recientes, así como la existencia de más evidencia sobre el impacto sobre la sostenibilidad del sistema de reformas estructurales tan importantes como la reforma laboral", informa Efe.
Según inciden, este informe, no supone una nueva evaluación "sino un ejercicio de transparencia que pretende reforzar la confianza en la sostenibilidad del sistema". Tendría que estar listo antes del 1 de junio de 2026.