Castilla y León lleva al TC el Real Decreto «unilateral» sobre el reparto de menores migrantes

La Junta de Castilla y León ha acordado este jueves presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto-Ley 2/2025, mediante el cual el Gobierno de España establece «de manera unilateral, forzosa y discrecional» el reparto de menores no acompañados que llegan a Canarias, Ceuta y Melilla. El Ejecutivo autonómico entiende que «se vulneran» hasta diez artículos de la Constitución Española «por siete causas diferentes». «Una de las transgresiones clave» es, para la Junta, «la invasión de la competencia exclusiva» de la Comunidad sobre «una materia tan sensible» como la protección y tutela de los menores. La Junta manifiesta que dicha vulneración no debe ampararse en la competencia estatal de migración y extranjería, puesto que el objetivo principal del Real Decreto es repartir a los menores migrantes no acompañados por las comunidades autónomas, «adulterando así el régimen competencial constitucional». Además, considera que en este contexto «la situación se agrava al realizar el reparto mediante la imposición de un protocolo de actuaciones a realizar con motivo del traslado de estos menores». El Ejecutivo autonómico también ve «dañado» el principio de autonomía financiera de las comunidades autónomas, ya que el Gobierno de España «fuerza el incremento de personas atendidas» de manera obligatoria por el sistema de acogida castellano y leonés, pero «no establece ninguna vía de financiación» a la misma. Al respecto, considera que esta situación «no es equivalente en todos los territorios españoles». Por ello, la Junta añade un argumento más al recurso, que es «la vulneración del principio de solidaridad interterritorial» porque «algunas» autonomías «van a contar con una financiación íntegra, mientras que otras, como es el caso de Castilla y León, no». Asimismo, se refiere «al desequilibrado reparto de menores entre territorios». En conjunto, supone un «agravio comparativo que causa perjuicio financiero a unas comunidades frente a otras». El Gobierno autonómico ha introducido también, en el recurso de inconstitucionalidad, la quiebra de los principios de colaboración, cooperación y coordinación entre el Estado y del principio de lealtad institucional.