El exdirector general de Carreteras, Javier Herrero , se ha desvinculado este lunes ante el juez del 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional de cualquier irregularidad en la presunta trama de adjudicación de obra pública a cambio de comisiones y ha indicado que el exasesor Koldo García le preguntaba a instancias del exministro José Luis Ábalos para rentabilizar las obras políticamente , porque entonces estaban en plena campaña de elecciones municipales, tal y como avanzó ABC ; así como que tuvo discrepancias con el que fue secretario de Estado Pedro Saura, por la obra del puente del Centenario de Sevilla , uno de los proyectos investigados. Durante su declaración como imputado, el exdirector general de Carreteras ha indicado que cuando García le consultaba sobre procesos de adjudicación, siempre le respondía con información que era pública. Y ha relacionado sus mensajes con García a que tenía interés en saber qué obras se iban a licitar , ya que hacía seguimiento de ellas al ser una persona que estaba al servicio del ministro. El ex alto cargo ha expresado que esa información era para interés del propio Ábalos porque en ocasiones estaban en proceso electoral y querían sacarle provecho político . A la par, ha negado que el exasesor, que en su opinión se dirigía directamente a él porque le parecería más cómodo, tuviera capacidad de influir en los procesos de adjudicación. Herrero ha dicho que antes de ser nombrado para el puesto no conocía ni a Ábalos ni al que era su asesor , pero sí a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, que ha declarado como investigada minutos antes que él. Preguntado por su competencia en materia de contratación, ha señalado que, en el ámbito técnico, era aprobar los contratos antes de que se iniciase la licitación, mientras que la adjudicación dependía de otros órganos, así como la valoración de las ofertas, por lo que tenía un papel muy limitado. Del que fue secretario de Estado Pedro Saura, ha reconocido que su relación no era buena fundamentalmente por el expediente del Puente del Centenario en Sevilla, una de las obras de la que sospechan los investigadores y por la que tuvieron una discrepancia relevante, como sostiene la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Al respecto, ha declarado que llegó a decirle a Ábalos que dimitía porque Saura no quería aprobar la emergencia de la obra y que Ábalos le dijo que no y entonces se hizo de otra manera, mediante una modificación. Los mismos investigadores descubrieron una conversación de WhatsApp entre Herrero y Koldo de abril de 2019 en la que el primero le dice al segundo: «Bingo!!! En Logroño», que los agentes vinculan a una adjudicación a la Unión Temporal de Empresas (UTE) de Acciona y Aquaterra por 92,4 millones de euros. Herrero ha ligado la expresión «bingo» a que se solucionaba un problema con alguna obra en el contexto de un proceso electoral y ha reconocido haber tenido relación con Aquaterra después, porque tras jubilarse ha decidido ser consultor. Y ha dicho no conocer al presunto conseguido, el empresario Víctor de Aldama, o a Fernando Merino, ex directivo de Acciona en Navarra investigado, según las mismas fuentes. Sin embargo, ha admitido conocer a los hermanos Daniel y Antonio Fernández, de Obras Públicas y Regadíos, empresa señalada por la presunta trama de corrupción. Por último, respecto al «impuesto» que le pedían desde el PSOE, Herrero ha señalado que le contactaron para informarle de que era habitual que los altos cargos hiciesen una donación al partido. Ha precisado que él preguntó cuál era el importe y que le dijeron que la aportación era voluntaria, pero que no rellenó un formulario y no pagó ninguna cantidad. Una vez ha declarado, ha tenido lugar una vistilla de medidas cautelares en la que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido prohibición de salida del país y la retirada del pasaporte, una solicitud a la que se han adherido las acusaciones populares --unificadas bajo la dirección letrada del PP--, y que ha concedido el juez instructor acordando dichas medidas cautelares para él y Pardo de Vera. El juez Ismael Moreno les achaca los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, al existir «motivos suficientes para considerar responsable criminalmente» de ello a ambos, «no apreciándose riesgo de fuga».
