Sánchez desclasifica los secretos anteriores a 1981 para contentar al PNV y se deja el 23-F
Pedro Sánchez pasa de nuevo por la caja del PNV. El Ejecutivo aprueba este martes el anteproyecto de Ley de Información Clasificada que sacará a la luz de un plumazo todos los documentos clasificados hace 45 años o más, según ha adelantado El País y ha confirmado LA RAZÓN. En el tintero se quedan los archivos relativos a la intentona golpista del 23 de febrero de 1981, de la que han pasado 44 años y cuatro meses.
Todos los posteriores a esa fecha, incluidos los relativos al 23-F, se irán desclasificando a medida que cumplan los plazos previstos en la nueva ley: hasta 60 años para los de “alto secreto”; 45 para los “secretos”; entre 7 y 9 para los “confidenciales”; y 4 o 5 para los “restringidos”, según la información del citado medio.
La norma contempla una disposición transitoria que precisa que solo en el caso de que se “aprecie motivadamente y de forma excepcional que perdura la amenaza o el perjuicio para la seguridad y defensa nacional”, podrá mantenerse bajo llave algún documento de esa época y esta decisión deberá revisarse con carácter anual.
La gestión de los secretos oficiales es una competencia que maneja el departamento del titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, desde hace casi tres años. El presidente del Gobierno se le dio en detrimento de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Bolaños, en aquel momento enfrentado a Robles tras el lío de Pegasus por la responsabilidad sobre la protección del teléfono de Sánchez, ganó aquel pulso que se entendió como un gesto hacia los aliados independentistas del Ejecutivo.
Bolaños se reunió ERC cuando trascendió que al menos 18 políticos independentistas fueron espiados con Pegasus por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Ese viaje desató la ira de Robles, quien tuvo que tragar con el cese de su número dos al frente de la inteligencia española, Paz Esteban, cuya cabeza fue ofrecida los independentistas.
Sánchez no quería que los secretos oficiales se controlaran en un departamento donde trabajan fuerzas que algunos sectores del PSOE y, sobre todo, los socios de izquierda e independentistas, consideran hostiles a la coalición, como el propio CNI o algunos cargos militares.
El anteproyecto de este martes será el enésimo intento para quitar el candado a una ley que se redactó en 1968, en plena dictadura, y que se retocó ligeramente en 1978, antes de que se aprobara la Constitución. Su aspecto más criticado es que la clasificación automática de documentos no tiene límites temporales: los secretos pueden prolongarse indefinidamente sin caducidad. Y solo el Consejo de Ministros y el Estado Mayor de la Defensa pueden clasificar y desclasificar en los niveles mayores.
El PNV ha presentado en los últimos años hasta cuatro iniciativas para reformarla. Pero todas, que fueron admitidas a trámite, se perdieron en el limbo de la tramitación parlamentaria. Es más, el Gobierno perfiló un texto la legislatura pasara que también se quedó en el cajón cuando se disolvieron las Cortes.