La técnica más osada de los okupas: instalar una alarma y enseñar la factura para empadronarse en la vivienda
La técnica de la pizza se popularizó entre los okupas meses atrás. Los ocupantes ilegales piden una pizza en la dirección que eligieron asaltar. Detienen al repartidor en el portal o el descansillo de la escalera y pagan la pizza. Tras ello, no se les ve el pelo durante un par de días. Al cabo de cuatro días okupan la casa. Cuando llegan los agentes de la Policía, tras el aviso de los propietarios o los vecinos, puede demostrar con el ticket de la pizza que lleva más de 48 horas en la casa. Esto evita que sean desalojados de manera inmediata.
Los vecinos de muchos edificios, alertados por los múltiples casos conocidos de este tipo, comenzaron a frenar a los repartidores que iban a los posibles pisos objetivo, lo que provocó que la ayuda vecinal fuera frenando esta estrategia. Sin embargo, los okupas, que conocen al detalle la normativa, se renuevan constantemente buscando nuevas técnicas de asalto a las viviendas. Un caso real, sacado a la luz por 'El debate', muestra la nueva estrategia, bastante enrevesada, del colectivo.
La elaborada técnica de los okupas
La nueva estrategia utilizada por los okupas tiene un objetivo principal: empadronarse en la vivienda asaltada. La normativa española no requiere de forma obligatoria presentar la propiedad del inmueble ni un contrato legal de alquiler. El único requerimiento es mostrar que se vive en el lugar, algo que puede hacerse de diferentes formas. La más clásica es mostrar la factura de la luz o el agua, pero un nuevo caso muestra como algunos okupas van más allá.
La okupa y su pareja buscaron asentarse en una vivienda en Alicante mostrando como prueba una factura de internet a su nombre, algo ya utilizado, pero también sorprendieron mostrando un contrato de un sistema alarma instalado en el inmueble, como revela el mencionado medio. Más allá de la moralidad y la legalidad de usar esta táctica, cobra sentido puesto que hace creer que se es el legítimo propietario, ¿quién va a pensar que una persona va instalar una alarma en una casa que no es suya?
¿Un empadronamiento con un objetivo oculto?
La mujer okupa es española, pero su pareja es de origen magrebí y está en España de forma irregular. La solicitud de cita en el padrón municipal es para inscribirse como residentes oficiales, es decir, para el mencionado empadronamiento, pero también puede ocultar un segundo objetivo. La mujer alegó que instaló la alarma "porque ahora se oyen muchas cosas", pero hay algo más allá que la mera seguridad.
Empadronarse en una vivienda puede llegar a permitir entrar a procesos de regularización administrativa en el futuro, es decir, okupar una casa puede llevar al inmigrante magrebí a acabar regularizando su situación. No es algo garantizado, pero podría llegar a conseguirlo si se cumplen ciertos supuestos. Un inmigrante irregular puede solicitar la residencia legal por arraigo. Para ello debe demostrar al menos tres años de permanencia continuada en el país y empadronarse es el primer paso.
No es el primer caso en Alicante
La Policía Nacional detuvo a finales de 2024 a un hombre y una mujer, como presuntos autores de un delito de usurpación de estado civil y estafa, al haber contratado un servicio de alarma en una empresa de seguridad para una vivienda que habían okupado previamente, usurpando la identidad de un varón de 76 años, que se encontraba postrado en una cama a causa de una enfermedad terminal y que terminó falleciendo.
No es el único caso previo bastante llamativo ya que un okupa ruso perseguido por la Interpol atemorizó a un propietario en Alicante: "Ha estado en diez cárceles" y una famosa y millonaria estadounidense okupó una vivienda en Alicante. La propietaria lamentaba amargamente la situación: "Lleva una vida de lujo y debe 17.000 euros". Incluso en 2022 seis personas fueron detenidas en La Vila Joiosa (Alicante) por okupar viviendas de alquiler de corta estancia de la comarca de la Marina Baixa y extorsionar a los dueños de estos inmuebles pidiendo hasta 14.000 euros por dejar la vivienda a la conclusión del contrato.