Hacienda exprime el "crecimiento" y la liberación fiscal se retrasa al 18 de agosto: los españoles trabajan 228 días solo para pagar impuestos
Los españoles tienen que trabajar cada año más días solo para pagar impuestos. En 2025, cada ciudadano ha dedicado de media 228 días de trabajo para satisfacer al Fisco, lo que supone 16 días más que en 2024, según los cálculos realizados por la Fundación Civismo.
En consecuencia, el denominado "Día de la Liberación Fiscal", que el pasado año cayó el 30 de julio, se retrasa nada menos que al 18 de agosto, cuando por fin lo que gane cada ciudadano termine en su bolsillo.
El aumento de la presión impositiva implica un incremento del esfuerzo fiscal del 7,5% en apenas un año.
Pero la carga no es equitativa porque algunas ciudadanos tienen que satisfacer tributos autonómicos adicionales que son en algunas regiones particularmente desproporcionados. Así, los catalanes dedican 11 días más al pago de impuestos que los madrileños.
El análisis del "think tank" remarca que la carga fiscal soportada por el contribuyente no se limita al calendario, sino que también se expresa en términos de presión efectiva sobre su renta disponible.
Al respecto, en 2025 se estima que el ciudadano medio pierde más de la mitad de sus ingresos (un 54,5%) en impuestos.
Esta cifra representa un aumento acumulado de más de cinco puntos porcentuales desde el año 2019, reflejando un modelo impositivo que grava con especial intensidad las rentas del trabajo y el consumo, en detrimento de otros tipos de ingresos.
La losa de la inflación y su impacto en el IRPF
El estudio señala como uno de los factores clave que explican este alza desmedida de la carga fiscal la ausencia de deflactación de los tramos del IRPF, a la que se ha negado en todo momento el Gobierno de Pedro Sánchez, lo que ha provocado un "incremento silencioso de la carga tributaria".
"A pesar de no haberse introducido reformas explícitas en el impuesto sobre la renta, la recaudación por IRPF ha crecido notablemente, debido a que la inflación y el aumento nominal de los salarios han empujado a millones de contribuyentes a tramos impositivos superiores, sin una mejora real de su poder adquisitivo. Este mecanismo -conocido como progresividad fría- constituye una forma de inflación fiscal encubierta que distorsiona el principio de transparencia y afecta la capacidad de planificación financiera de los ciudadanos", recuerda el informe.
La recaudación por IRPF crece un 50% desde 2020
En este sentido, la Fundación Civismo indica que entre 2020 y 2024 la recaudación por IRPF ha pasado de 86.221 millones a 129.408 millones de euros, lo que representa un aumento de más del 50% en solo cuatro ejercicios fiscales.
"Este crecimiento no responde a una reforma estructural ni a una mejora sustancial de la economía de los hogares, sino a un fenómeno de inercia recaudatoria alimentado por la inflación acumulada y la falta de adecuación del impuesto al contexto económico real. Este uso del IRPF como herramienta de recaudación silenciosa pone en tela de juicio los principios de neutralidad, equidad y previsibilidad que deberían regir el diseño tributario", añade.
Así, mientras los ingresos del Estado alcanzaron más de 294.000 millones de euros en 2024, lo que supone un incremento del 8,4% respecto a 2023, los ciudadanos cada vez disponen de menos renta "real" disponible.
"Este aumento no se debe a nuevas reformas fiscales, sino a dos factores principales: la ampliación automática de las bases imponibles vía inflación y el fin de las rebajas fiscales extraordinarias aplicadas durante ejercicios anteriores", se explica en el "Día de la Liberación Fiscal 2025".
Pero, además del IRPF y el IVA, el ciudadano medio dedica otros 4.850 euros al año a impuestos como el IBI, el impuesto de circulación, transmisiones patrimoniales, sucesiones y diversas tasas municipales. Estos tributos suponen más de 80 días laborales adicionales. "Aunque menos visibles en el debate público, son omnipresentes en la vida cotidiana del contribuyente, sumando carga fiscal sin la correspondiente visibilidad o justificación política".
La brecha autonómica
Por regiones, mientras que en el País Vasco se alcanza el Día de la Liberación Fiscal el 12 de agosto, en Cataluña y Extremadura no se logra hasta el 24 de agosto. Esta diferencia responde principalmente al diseño del IRPF autonómico y a la existencia de tributos propios regionales, como en el caso de Cataluña, que cuenta con más de 15 impuestos adicionales que agravan la carga impositiva local.
El impacto del coste laboral
El coste del Estado se come el 47% del salario bruto. Un análisis de la cuña fiscal muestra que, de un salario bruto de 31.698 euros, solo 21.979 euros llegan efectivamente al bolsillo del trabajador, siendo 41.388 euros el coste para la empresa.
El resto se reparte entre cotizaciones sociales -tanto del empleado como del empleador- e IRPF.
"Esta estructura fiscal penaliza la renta del trabajo y el consumo inmediato, en contraste con un tratamiento más laxo hacia otras formas de renta, como el patrimonio improductivo o los ingresos opacos. El resultado es un sistema que desincentiva la contratación, reduce la productividad y degrada la libertad económica individual, limitando las oportunidades reales de movilidad social", remarca el texto.
Sin embargo, pese a la recaudación histórica alcanzada en 2024, el informe de la Fundación Civismo no observa "mejoras proporcionales en la calidad de los servicios públicos ni en la eficiencia del gasto estatal".
"Esta desconexión entre el aumento de la presión fiscal y los beneficios percibidos por los ciudadanos erosiona la legitimidad del sistema tributario y debilita la confianza del contribuyente en las instituciones públicas", concluye.